Una veintena de organizaciones opositoras cubanas y unos treinta disidentes a título individual, en su mayoría con base en el extranjero, suscribieron una declaración que rechaza la recién anunciada candidatura a la reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2024-2026.
El documento, publicado este jueves, considera que el Estado cubano «incumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos, tal y como se ha destacado en varios informes presentados este año en el marco del Examen Periódico Universal de la República de Cuba».
Consideran que ese «incumplimiento» ha ocasionado «un retroceso extremo» en el ejercicio efectivo de los derechos humanos en la isla.
Firman la misiva organizaciones como la plataforma opositora D’Frente, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Cuba Próxima y el Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), entre otras, a las que se suman las firmas de la artista plástica Tania Bruguera y las opositoras Carolina Barrero y Elena Larrinaga.
El grupo subraya que en la Constitución cubana aprobada en 2019 «se mantiene el sistema de partido único y no se permite la libre competencia electoral» y destaca que Cuba no ha ratificado pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, ni sus protocolos facultativos.
«Ello impide el efecto vinculante de las decisiones y pronunciamientos de los órganos de tratados y las derivadas de las visitas de expertos independientes para verificar la situación real del país en materia de derechos humanos», añade la declaración, difundida por la iniciativa argentina Demo Amlat.
Como otra de las razones de su rechazo citan el aumento de la represión tras las protestas antigubernamentales de julio de 2021 en la isla, las mayores en décadas, en las que más de mil personas fueron detenidas y unas 700 han sido condenadas.
Subrayan que existen personas detenidas por motivos políticos que «fueron juzgadas y sancionadas sin que se hayan cumplido los principios del debido proceso y producto de la falta de independencia de los órganos judiciales».
Al anunciar su candidatura, el Gobierno cubano aseguró que «se compromete a abogar por el pleno respeto a los principios de universalidad, indivisibilidad, objetividad, no politización y no selectividad» y a promover «el fortalecimiento de la cooperación internacional».
La Cancillería cubana anunció el pasado 1 de septiembre que buscará la reelección el próximo 10 de octubre e inició una campaña en redes para promocionar su candidatura y apelar al voto.
Diversos colectivos independientes, ONG como Human Rights y Amnistía Internacional (AI) y algunos Estados han criticado al Gobierno cubano acusándolo de repetidas violaciones de los derechos humanos.
Han denunciado, entre otras, «detenciones arbitrarias», «juicios sin garantías mínimas» y arrestos y condenas «por ejercer el derecho de libertad de expresión». También han exigido la liberación de condenados por motivos políticos, que según ONG como Prisoners Defenders superan el millar.
Por EFE