¡ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL! La graves repercusiones contra Maduro por antejuicio de mérito del TSJ/AN en el exilio

@DolarToday / Apr 4, 2018 @ 7:00 am

¡ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL! La graves repercusiones contra Maduro por antejuicio de mérito del TSJ/AN en el exilio

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, cumplió una de sus promesas tras su huida del país, en 2017: solicitar el enjuiciamiento del presidente Nicolás Maduro. La acusación fue hecha por la funcionaria durante la audiencia oral de este 3 de abril, desde el Congreso de Colombia, donde sesionó el TSJ en el exilio que fue designado por la Asamblea Nacional en julio del año pasado.

El paso dado es considerado por constitucionalistas como importante para la configuración del expediente contra el Jefe del Estado aspirante a la reelección. Pero creen que será vinculante según el poder político del Poder Judicial que funciona desde el exterior y si se logra el respaldo del Parlamento que lo designó.

“La decisión del TSJ en el exilio de admitir la acusación de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, cuya legitimidad nadie duda, no es jueguito. El Gobierno debe estar en pánico. Cualquier país puede aceptar la decisión que asuma el tribunal y hacerla suya. Un expediente pesa más que el papel que lo contiene. Y con esto se va haciendo el papel y crece el cerco internacional hacia el presidente Nicolás Maduro”, enfatizó el constitucionalista Gustavo Linares Benzo.

El abogado señaló que aunque la acusación de Ortega Díaz se fundamenta en los presuntos hechos de corrupción en los que habría incurrido Maduro con la empresa brasileña Odebrecht, el mandatario “se pasó de la raya con la Constituyente”. Añadió que en Venezuela “hay un Estado post jurídico” y sostuvo que pese a los cuestionamientos hacia Hugo Chávez, el fallecido comandante no fue sancionado.

Linares Benzo recordó que los gobiernos y los poderes públicos desde el exterior han sido implantados tradicionalmente por parte de los perseguidos. Sostuvo que el TSJ en el exilio es éticamente valido, en contraste con un Poder Judicial, presidido por el magistrado Maikel Moreno, “cuyos miembros no cuentan con credenciales y han funcionado como operadores políticos del Gobierno”.

El antejuicio de mérito contra Maduro por el TSJ en el exilio profundiza el cerco judicial contra el mandatario

Juan Carlos Apitz, exmagistrado y miembro del Bloque Constitucional, cree importante la investigación que se espera acuerden los magistrados perseguidos contra Maduro.

“La política está repleta de símbolos. Esta actividad del TSJ en el exilio es parte de esos símbolos ante la ausencia de un tribunal imparcial y cuando los venezolanos no tienen esperanza de que haya justicia. Todos quieren ver a Maduro en el banquillo de los acusados y que rinda cuentas sobre la recepción de fondos de Odebrecht, cuando hasta el presidente de la empresa lo ha reconocido, y sobre su doble nacionalidad”, subrayó.

Explicó que una vez que los magistrados exiliados asuman una decisión, el dictamen debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, que subrayó no está en desacato como ha dictaminado el Poder Judicial. Añadió que según la Constitución, si el Parlamento respalda el proceso, debe designarse a un sustituto presidencial que, de acuerdo con la Carta Magna, debería ser el presidente del Poder Legislativo.

“Este paso es revelante desde el punto de vista jurídico e institucional. El TSJ en el exilio puede procesar la acusación de la fiscal General y determinar sí existen méritos o no para enjuiciar al Presidente. Pero para iniciar el enjuiciamiento de Maduro se requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional, electa el 6 de diciembre de 2015, si no se hace de esta manera no tendrá validez”, indicó el constitucionalista José Vicente Haro.

Consideró que el Poder Legislativo no ha respaldado con contundencia institucional los dictámenes que, hasta ahora, ha asumido el TSJ en el exilio: “No se han hecho valer las decisiones del TSJ en el exilio relacionadas con violaciones de derechos humanos y sobre hechos que quebrantan el sistema democrático del país”.

Refirió que cuando se aprobó el enjuiciamiento del presidente Carlos Andrés Pérez, la Sala Penal de la entonces Corte Suprema de Justicia consideró con lugar el antejuicio de mérito, pero la decisión debió ser aprobada por el Congreso en sesión bicameral.

De acuerdo con el artículo 110 de la Ley Orgánica del TSJ, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia debe declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente y, en caso afirmativo, previa autorización de la Asamblea Nacional, aprobada con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, conocer de la causa hasta sentencia definitiva.

Legitimidad

José Vicente Haro destacó que “no existen dudas” sobre la legitimidad de los magistrados del TSJ en exilio. Refirió que la designación de los 13 magistrados principales y los 21 suplentes fue hecha por la AN en respuesta a los magistrados exprés nombrados por el Poder Legislativo saliente en diciembre de 2015. Indicó que pese a la ausencia de algunos de esos magistrados principales que no están en el exterior, el TSJ puede incorporar a los suplentes.

Sobre la petición de la Fiscal General de que el TSJ en el exilio solicite a Interpol emitir alerta roja contra el presidente Maduro para acordar su captura internacional, José Vicente Haro dijo que dependerá de si se decide el enjuiciamiento en libertad o se le priva de hecho. Gustavo Linares Benzo dice que no puede descartarse que la organización, que tiene sus normas y está bien estructurada, acate la decisión que se asuma en este caso.

En ausencia

El dictador Nicolás Maduro no asistió a la audiencia pública efectuada en Colombia, por lo que el TSJ en el exilio lo declaró en contumacia y acordó la fijación de un defensor público. La instancia tendrá 6 días para decidir si procede el enjuiciamiento.

“Nicolás Maduro estaría incurso en los delitos de corrupción y legitimación de capitales por caso de Odebrecht, porque toda la trama de corrupción se inicia a partir de un convenio marco firmado por Maduro”, aseguró la Fiscal Luisa Ortega Díaz. La funcionaria formuló la acusación en nombre del Estado. En nombre del Estado y aseveró que, en la investigación preliminar del Ministerio Público, “surgieron serios elementos que comprometen la responsabilidad de Maduro en corrupción y legitimidad de capitales”.

Indicó que el Jefe del Estado causó daños patrimoniales a la nación para financiar su campaña presidencial en el 2013: “ Maduro le pidió 50 millones de dólares al dueño de Odebrecht para financiar su campaña con el compromiso de favorecer los contratos de la constructora. Tomó posesión del 19 de abril y el 4 de mayo ya estaba aprobando los puntos de cuenta para los desembolsos de los dineros a Odebrecht”.

Ortega Díaz dijo que la AN presidida por Cilia Flores negó la investigación sobre Odebrecht. Sostuvo que la empresa brasileña tenía a su cargo 13 obras, por las que recibió un pago de 30.000 millones de dólares, que quedaron inconclusas. Mencionó que los contratos habría sido suscritos por varios funcionarios entre ellos el exministro de Transporte Haiman El Troudi, el expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, y el constituyente Diosdado Cabello.

Noticiero Digital

 

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