El vicerrector del núcleo de Ciudad Guayana de la UCAB expresó que las ciudades comunales contrarían las disposiciones de la Constitución y que no corresponden a auténticas organizaciones de base que deben ser autónomas e independientes
En octubre de 2012, al anunciar un “golpe de timón” en su gestión de gobierno, Hugo Chávez pidió a su tren ejecutivo avanzar en la conformación de las comunas, especie de articulación entre comunidades independientemente de las delimitaciones geográficas de municipios o estados. “Comuna o nada” pidió en esa oportunidad para hacer hincapié en el avance hacia el Estado comunal que pretendía establecer en Venezuela.
A pesar de la existencia de un Ministerio para las Comunas y que se fueron creando varias de estas organizaciones en diferentes regiones del país, el mandato pareció caer en el olvido hasta que, en 2020, y en ocasión de las elecciones a diputados a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro llamó a retomarlo como parte de las nuevas tareas que, desde el Ejecutivo, se impartieron al nuevo Poder Legislativo de abrumadora mayoría del chavismo, el mismo que, desde el inicio de su período de sesiones, comenzó la discusión de leyes del Parlamento Comunal y de Ciudades Comunales.
El sacerdote jesuita Arturo Peraza, abogado y doctor en Ciencias Políticas, advierte que, aunque no es de desdeñar el que existan nuevas maneras de organización de las comunidades, hay objeciones muy serias para la implantación de estas ciudades comunales y del Estado Comunal, comenzando por las propias disposiciones de la Constitución y el control que el Ejecutivo va a tener sobre las nuevas figuras.
Ciudades Comunales constituyen un modelo distinto al constitucional
“La ley de Ciudades Comunales está enmarcada dentro de esa creación del Poder Popular que intenta crear un nuevo modelo de Estado que es el comunal. El problema es que es un proyecto político distinto al de la Constitución del año 1999, contrario a las disposiciones constitucionales, que prevén un sistema de representación de elección directa y todo eso está negado en el modelo de Estado comunal”, expresó el sacerdote, quien es vicerrector del núcleo de Ciudad Guayana de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Resaltó que, en las ciudades comunales, como en otras organizaciones creadas por el chavismo, el modelo de elección es indirecto, ya que se eligen “voceros que eligen otros voceros”, algo que, recordó, viene del modelo de los soviets que existieron en la antigua Unión Soviética y que se trata de implementar en Venezuela.
“Es un modelo socialista que nunca se llegó a realizar como modelo político, porque lo que se logró fue un modelo centralizado controlado por el partido. Creo que es el objetivo final y eso es contrario a lo que el modelo político del año 1999 plantea como modelo democrático” argumentó.
Modelo de ciudades comunales es contrario a la descentralización
El padre Arturo Peraza asegura que no podría decir que no es una buena idea que existan organizaciones en las comunidades de base, pero que el problema con las ciudades comunales es la dependencia con respecto del poder central.
“Las comunidades de base deberían ser representantes de la sociedad civil, electos y con autonomía, y lo lógico es que establezcan relaciones con los órdenes del Poder Público en el sentido plural, entiéndase con el poder nacional, estadal y municipal, pero no un mecanismo de dependencia mediante el cual un ministerio sea el que los reconoce, autoriza y gestiona”, explicó el padre Arturo Peraza.
Desde su perspectiva, las ciudades comunales constituyen una fórmula de señalar una estructura dependiente de una organización central, lo que es contrario a la idea de la descentralización (también establecida en la Constitución, que indica que Venezuela es una República federal descentralizada), y contrario también a los conceptos de sociedad civil, autonomía y democracia.
Ciudades comunales rompen con potestades de estados y municipios
—¿Hay articulaciones de las comunidades que vayan más allá de lo que son los municipios y estados?
—La sociedad civil se puede organizar como quiera. Es evidente que los ciudadanos nos organizamos como mejor nos parezca; es parte de los derechos que nos asisten como ciudadanos. El problema es cuando un modelo organizativo pretende ser un modelo del Poder Público y ahí debe estar sometido a las normas constitucionales. El modelo constitucional está claramente señalado en el artículo 136 de la Carta Magna, allí se establece el poder municipal, estadal y nacional, no existe otro poder.
—¿Cree que este intento de establecer un Estado comunal y ciudades comunales sea para tener mayor poder sobre gobernadores y alcaldes?
—Llevan años intentando montar este modelo. Recuerda la propuesta de reforma constitucional de 2007. El fracaso (en esa ocasión) llevó a la pretensión de Chávez, de hacer reformas de carácter legislativo, aunque estas fueran contrarias a la Constitución, utilizando y manipulando el Tribunal Supremo de Justica y particularmente la Sala Constitucional, que le han permitido tomar un conjunto de disposiciones que son contrarias a la Constitución.
“Han ido implementado esos proyectos del Poder Popular –continuó-. Esta visión no responde de ninguna manera a disposiciones constitucionales y se las saltan en muchos casos, rompiendo el marco de potestades propias establecidas para municipios y estados”.
Entramado tramposo
El padre Arturo Peraza asegura que es verdad que existe una posibilidad de entrega a la sociedad civil de funciones específicas que cumplen los municipios y estados, pero hizo énfasis en señalar que, de ninguna manera, esa sociedad civil es dependiente del Poder Central.
“Ahí es donde viene el entramado de trampa. Lo que se está haciendo un proceso de recentralización de competencias no de descentralización de competencias”, advirtió.
—Existe la idea de las comunas que también controla el Ejecutivo, pero hay países donde existen como articulación de relaciones entre las comunidades ¿cómo se pueden establecerse en el país adecuadamente?
—Si fueran organizaciones civiles que se empoderan, si se establecen estructuras autónomas, serían perfectamente legítimas, como federaciones y asociaciones de vecinos que eventualmente hablaran a nombre de colectivos. Son cosas perfectamente posibles, pero hay que entender que es sociedad civil y no órganos del poder público, esa es la gran diferencia, no pueden ser gestionadas, reconocidas ni controladas por un ministerio del Poder Central.
Inseguridad jurídica
—¿De acuerdo al instrumento aprobado por la Asamblea Nacional, estarán las ciudades comunales por encima de alcaldes y gobernadores?
—Significa una nueva división político territorial con autonomías que la Constitución no tiene previsto. El punto es romper con funciones propias que tienen gobernadores y alcaldes y que pueden ser en el fondo un mecanismo para burlar lo que las disposiciones constitucionales tienen como funciones propias de esos órganos.
El padre Arturo Peraza recordó que la Constitución contempla la creación de entidades como el Territorio Federal, pero como una situación especial, lo que figura en el artículo 16 de la Carta Magna, y que además contempla un mecanismo de referendo para que pueda ser aprobado. Añadió que esta creación de cosas alternas, sigue propiciando inseguridad jurídica, e impulsando la idea de creer que el derecho no tiene valor alguno valor en Venezuela.
Ciudades comunales harán innecesaria figura de “protectores”
—¿Atribuye usted que hayan rescatado el modelo del Estado comunal a la posibilidad de un escenario desfavorable en las elecciones o que simplemente se está avanzando el curso del proceso político?
—Puede ser ambas cosas, no me extrañaría tanto uno como otro criterio. Esto pretende centralizar el poder en el partido y asegurar condiciones incluso para terminar suprimiendo asambleas nacionales y otros mecanismos de representación directa de los ciudadanos. Creo que es parte de un proceso de avance hacia la creación de un Estado comunal y tiene la conveniencia coyuntural de que, dirán ellos, ‘en caso de que perdamos elecciones, no necesitemos protectores, sino que con esto tendríamos’.
—¿Cómo se hace frente a esta idea de contraria la Constitución?
—Parte de eso tiene que ver con este proceso de negociación política en el que Venezuela debe entrar en serio porque de lo contrario no vamos a tener salidas, en especial en el tema humanitario. El problema fundamental es el humanitario, el hambre, la escasez de gasolina, el problema del transporte público, de los servicios como electricidad y el drama de gente saliendo por todos lados del país.
Necesidad de acuerdos
Señaló el vicerrector del núcleo de Ciudad Guayan de la UCAB que los venezolanos se encuentran ante un Estado casi que fallido, por lo que la necesidad de llegar a acuerdos es parte de la solución.
“Lo otro que me parece es que los ciudadanos tenemos derecho el mecanismo del referendo, lo que podría significar la posibilidad de rechazar legislaciones que son contrarias al interés de todos”, indicó.
Añadió que los grupos políticos y grupos de ciudadanos deberían obligar al CNE a abrir mecanismos de referendo sobre leyes que son claramente inconstitucionales y no acudir y esperar que el TSJ diga que es inconstitucional porque eso es improbable dado que es un órgano cooptado.
—¿Cree que para un acuerdo definitivo debería tomarse en cuenta una elección presidencial o referendo revocatorio?
—Creo que forma parte del esquema de acuerdos a los que tienen que llegar, debemos llegar a un acuerdo donde el tema de la presidencia y Parlamento sean tema central porque la legitimidad de ambos está siendo puesta bajo cuestión.