Las prácticas que vulneran los ecosistemas están establecidas en el Plan de Ordenamientos de Uso de Parques Nacionales y las autoridades venezolanas deben hacer cumplir las normas para evitarlas. Una fiesta volvió a encender las alarmas sobre los espacios protegidos. Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología; Carlos Peláez, miembro de la ONG Provita, y el guía turístico Jonás Alvarado advierten del impacto profundo que causan las actividades irresponsables en Canaima, Los Roques, El Ávila y Morrocoy. Desde el archipiélago, un habitante aseguró que la mayoría de la población no está de acuerdo con los permisos ilegales que se han otorgado a “cierto tipo” de personas
Por Luis De Jesús | @Luisdejesus_ – El Nacional
Las fotos de un grupo de influencers y socialités sobre el tepuy Kusari de Canaima, disfrutando de un esplendoroso atardecer mientras agitaban tragos, luciendo trajes de gala y zapatos deportivos, encendieron, otra vez, las alarmas por el peligro que corren los parques nacionales: está latente el riesgo inminente de que sean destruidos.
Pero la preocupación va mucho más allá de esas imágenes porque existe la posibilidad de que prácticas irresponsables como esas, por desconocimiento o no de los involucrados, estén ocurriendo con más frecuencia de lo que se comparte en redes sociales. Las denuncias por la vulneración de los ecosistemas, además de Canaima, incluye al archipiélago de Los Roques y Morrocoy.
Normas según cada parque
Las prácticas que vulneran los ecosistemas de los parques nacionales están establecidas en el Plan de Ordenamientos de Uso de Parques Nacionales, señaló a El Nacional el biólogo y ecólogo Carlos Peláez, director de Educación de la organización Provita. «Dependiendo de cada parque nacional se determina qué cosa se puede hacer y qué no, y eso se basa, o debería basarse, en los estudios de un ecosistema particular y de su capacidad de carga, es decir, en términos de turismo, cuántos turistas haciendo qué cosas puede ese ecosistema soportar y recuperarse satisfactoriamente», explicó.
Advirtió que los ecosistemas tienden a no recuperarse de las actividades que contrarían el ordenamiento y el reglamento de uso.
Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, agregó que las áreas protegidas en Venezuela —monumentos naturales, parques nacionales, refugios, reservas y santuarios de fauna silvestre— cubren 26% del país y han sido decretadas por representar la biodiversidad, tener la mayor relevancia ecológica, bellezas escénicas y acervo cultural.
«Todas las actividades que se realizan fuera de las permitidas e incluso si no hay una supervisión ni evaluación de las permitidas, degradan los ecosistemas y disminuyen la resiliencia que estos puedan tener ante fenómenos naturales como tormentas, incremento de la temperatura, intensificación de las lluvias, o ante eventos antrópicos como derrames petroleros, incendios, contaminación», expresó.
Inparques y su presupuesto absurdo
Morón afirmó que el Instituto Nacional de Parques, ente gubernamental que se encarga de la gestión de estos espacios, no recibe un presupuesto acorde con su responsabilidad. Esto, de acuerdo con la bióloga, ha incidido directamente en su capacidad de monitorear y de controlar lo que ocurre. Con la mengua del presupuesto, que calificó de absurdo, hay menor personal calificado y carecen de todo el equipo para cumplir con su labor.
«Además que los diferentes cambios directivos y de la misma institucionalidad ambiental del país incide en un manejo errático y que responde a decisiones políticas y no técnicoambientales. Por todos estos motivos, los ilícitos ambientales deben ser mayores que los reflejados en las redes, encuestas cualitativas y la percepción general de los ciudadanos», expresó.
La responsabilidad de las prácticas no permitidas en zonas protegidas recaen sobre el Estado venezolano por no contar con una política ambiental congruente —no existe un ministerio del ambiente— y por enfocarse en el extractivismo, enfatizó Morón.
Los responsables
Indicó que Inparques y el Ministerio de Ecosocialismo son los responsables de hacer cumplir las leyes. El primero tiene jurisdicción en los parques y monumentos naturales, mientas que el segundo en los refugios, reservas y santuarios de fauna silvestre.
Dijo que es urgente que las áreas protegidas cuenten con un presupuesto, suficiente personal, un Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso y planes de gestión. También que se descentralice la administración y se permita la gobernanza mixta para evaluar figuras de concesiones en manos de organizaciones no gubernamentales con la experiencia necesaria para esa responsabilidad.
Peláez afirmó que el Estado venezolano está incumpliendo todas sus funciones, entre ellas la conservación y la soberanía del territorio venezolano, que está relacionado con lo que ocurre al sur del Orinoco: tala masiva de árboles y explotación ilegal de recursos naturales y minerales desde que se oficializó el Arco Minero del Orinoco.
SOS Orinoco
Sostuvo que los ciudadanos tienen la responsabilidad de documentar y educar, aunque es solo un grupo el que lo está haciendo. El riesgo, subrayó, es que las personas que hacen ese trabajo se convierten en enemigos del Estado. «La ciudadanía tiene que comenzar por documentar y educar. ¿Por qué no digo defender lo suyo? Porque en este momento defender lo suyo significa enfrentarse a grupos violentos», advirtió Peláez.
Siempre habrá un impacto
Dijo que las actividades turísticas siempre tendrán un impacto en el ambiente, pero explicó que la idea del turismo sostenible es que el daño sea lo suficientemente pequeño para que el ecosistema siga funcionando. Manifestó que se debe cumplir con la función educativa y recreativa para que las personas comiencen a conservar los parques nacionales.
«Al incumplir las normas se vulneran los ecosistemas. En el caso de la fiesta, por ejemplo, se hizo un claro en la vegetación para que los invitados estuvieran ahí; esos son claros que no se recuperan porque la deforestación sobre los tepuyes es prácticamente imposible de recuperar», advirtió Peláez.
Primer Informe
La presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología manifestó que es fundamental que la normativa sea de conocimiento público. Señaló que se deben retomar programas de educación ambiental y sensibilización. También recomienda crear una cultura que favorezca la conservación de las áreas naturales a través de la valorización, arraigo y disfrute armonioso con la naturaleza mediante campañas comunicacionales y paseos dirigidos dentro de las áreas protegidas.
Morón dijo que todas las personas están en el deber de informarse y de no incurrir en ilícitos ambientales.
“No hay transparencia”
El director de Educación de la ONG Provita criticó que no haya transparencia en cuanto al manejo de los parques nacionales. Señaló que ha habido actividades permisadas por el Instituto Nacional de Parques, como las carreras de bicicleta en El Ávila, y otras que no han tenido los permisos, pero las autoridades responsables tampoco se han pronunciado sobre estas.
En el caso del Kusari, dijo el biólogo, se supo de la fiesta por el «descuido» de algunas personas que estuvieron involucradas, que publicaron un flyer o postearon una foto. Poco después, el Ministerio Público, a cargo de Tarek William Saab, informó que designó fiscales para que investigaran los posibles daños causados en el Kusari.
Duda, sin embargo, que realmente se hagan las averiguaciones.
Morón expresó que las instituciones deben ser transparentes y promover el libre acceso a los datos para que todos conozcan el estado de conservación de las áreas. Recomienda trabajar junto con las universidades para contar con la mejor evidencia y promover la ciencia ciudadana para vincular a los usuarios con el conocimiento y protección de los espacios.
¿Efecto de la “recuperación” económica?
Se especula que debido a la exasperación por captar divisas, en medio de la agobiante crisis económica, el régimen de Nicolás Maduro ha permitido desmanes en los parques nacionales. O, en el menor de los casos, ha actuado poco.
«El mal llamado crecimiento económico, que no es más que una liquides de efectivo sin un origen claro ni una propuesta país, no es justificación para una construcción o actividad ilícita que atenta contra los recursos de las generaciones presentes y futuras», expresó Morón.
Contó que cuando ha salido de campo las vías no tienen la afluencia de vehículos de años anteriores y el problema de la gasolina fuera de Caracas es grave. Dijo que en San Cristóbal, estado Táchira, donde reside su familia, las personas solo pueden repostar gasolina cada 15 días o una vez al mes. Agregó, además, que en el país las posadas y los hoteles no han recuperado los picos de huéspedes de años previos a la inflación de 2011.
“Opulencia de una clase emergente”
«Son más las posadas cerradas o deterioradas que las nuevas construcciones. Las crisis económicas inciden en uso directo de la diversidad biológica. Eso se ve reflejado sobre todo en las clases más vulnerables: búsqueda de leña por falta de gas, cacería al no poder adquirir la cesta básica, comercio ilegal de especies para ingresos monetarios. Si eres una empresa o un empresario con dinero para invertir, no puedes pensar a corto plazo porque lo que hoy dañas no te generará dinero en 10 o 20 años porque destruiste el paisaje, agotaste el recurso. Hay un 70% del territorio que no tiene como objetivo principal conservar. ¿Por qué construir ilegalmente o realizar actividades contrarias a la ley en un 20% que tiene una mayor relevancia ecológica? Es un comportamiento que responde a la ignorancia, la opulencia y la irresponsabilidad de una clase emergente con apoyo en el gobierno», agregó.
Peláez coincidió. En su opinión, es un tema de anomia y poder, porque hay quienes «hacen lo que les da la gana» y la ley no aplica para ellos. Afirmó que las actividades que vulneran los ecosistemas en los parques nacionales no tienen que ver con el desarrollo de la actividad turística ni económica. Si ese fuese el caso, se llevarían a cabo acatando las normas porque están establecidas para que el turismo permanezca en el tiempo y crezca.
«Si no se están acatando esas normas, entonces tiene que ver con el ejercicio del poder de ciertas personas», consideró.
El experto señaló que las acciones irresponsables en los parques nacionales desvirtúan la legalidad y desfiguran la protección. Se va hacia una dirección contraria: en lugar de garantizar la protección y armonizar la actividad económica con la conservación de estos espacios, se están desvalorizando las reglas que protegen esas zonas extremadamente diversas.
Destrozos al sur del Orinoco
Provita ha documentado los destrozos al sur del Orinoco generados por la explotación ilegal y desproporcionada del oro y otros minerales. Desde la ONG intentan evitar tragedias ambientales: documentan, denuncian y trabajan en lo posible con las autoridades para que cumplan el trabajo correspondiente. Pero en las instituciones tampoco cuentan con insumos por la misma opacidad del Estado.
«Uno de los lemas de Provita es trabajar con todos. De manera que Provita, aparte de documentar, de denunciar en el sentido de publicar lo que documenta, media para que las autoridades cumplan sus funciones. Pero eso es lo que puede hacer la sociedad civil, ya que hay otras cosas que corresponden al Estado, lógicamente», expresó Peláez.
En este caso, subrayó, la violencia que se registra al sur del Orinoco recae necesariamente sobre el Estado venezolano. «Los planes tienen que ser acatados. Eso es lo primero que tiene que pasar. Ahora, ¿qué más tiene que pasar? Volver al Estado de derecho», opinó.
Reducción de proyectos de investigación
La presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología advirtió que la dificultad en obtener los permisos, la asfixia universitaria y la incertidumbre en el acceso a los servicios públicos han reducido paulatinamente la realización de proyectos de investigación dentro de las áreas protegidas.
«Son pocos los miembros que han podido continuar o iniciar proyectos. Lo que sabemos es a través de proyectos que se sirven de sensores remotos o de las plataformas globales de observación de la cobertura de la tierra, en los cuales se puede cuantificar el área afectada o frecuencia de los eventos, pero no es posible evaluar el estado de conservación de los ecosistemas a través de estas herramientas. Se sabe que la minería ha transformado más de 3.000 hectáreas en parques y monumentos al sur del Orinoco, sabemos que la deforestación y los focos de incendios han aumentado en los últimos 20 años, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas y a nivel nacional hemos perdido más de 1 millón de hectáreas de bosque», expuso Morón.
Roraima, uno de los más solicitados
El fotógrafo y guía turístico Jonás Alvarado dijo a El Nacional que el tepuy Roraima es uno de los más solicitados por los visitantes en el Parque Nacional Canaima y advirtió que tarde o temprano esto tendrá un impacto negativo porque es un lugar, así como tantos otros, frágil. «Hay una rana, por ejemplo, que solamente existe allí. Las personas las agarran y muchos no saben eso. Son cosas que empeorarán a medida de que suban más personas al tepuy y esto causará, sin duda, un efecto negativo».
Dijo que los guías y las empresas responsables de los recorridos deben cumplir los reglamentos y hacérselos llegar a cada turista. Sin embargo, afirmó que esas medidas deben reforzarse para que esos lugares puedan disfrutarse por mucho más tiempo, con mayor responsabilidad y sin que tenga tanto impacto del ser humano.
«Simplemente hay que enfocarnos en saber qué lugar vamos a visitar y conocer lo delicado que es a cualquier tipo de cambio; cualquier cosa que puedas botar puede contaminar el agua o el suelo. Son cosas que las personas deben entender, que no es cualquier lugar que pueden visitar, sino que es un espacio prácticamente virgen», manifestó.
Alvarado explicó que en el caso de Canaima los indígenas se rigen por sus propias leyes y los habitantes originarios de estas zonas deben acatarlas. La persona que tiene mayor responsabilidad y poder de decisión, señaló, son los capitanes de cada comunidad indígena, que son elegidos en votaciones. «Tienen las decisiones y la responsabilidad mayor de estos lugares. Pueden dar permiso, hacer y deshacer».
Patrimonio de la Unesco
Expresó también que el Estado venezolano debe esforzarse mucho más para conservar las áreas protegidas y para hacer conocer las leyes. Recordó que el Parque Nacional Canaima es Patrimonio de la Humanidad decretado por la Unesco, y que así como le otorgaron ese título, también se lo pueden quitar. «Llevaría mucho tiempo volver a obtenerlo; hay normas que se tienen que cumplir con ellos. Y para ellos, al ver que estos espacios indígenas, ancestrales, están siendo administrados de una manera irresponsable, se generará un choque mucho mayor, y no solo hablando del ambiente».
El Parque Nacional Canaima es el lugar más antiguo que tiene Venezuela, señaló: las formaciones rocosas tienen más de 3.000 millones de años. «Son lugares sagrados, tanto para ellos como para nosotros. Muchas personas no lo saben y no lo ven de esta manera porque les falta estudiarlo más, conocer la historia. Ha aumentado mucho el nivel de turismo en esta zona gracias a que ahora existen vuelos directos y a las personas se le ha hecho más fácil. Pero, sin duda, no saben manejar este proceso de bienvenida a tantos turistas. Esto es bueno por una parte, porque se puede impulsar el turismo y generar mucho más trabajo, pero se están saliendo muchas cosas de las manos y de esto tiene mayor responsabilidad la capitanía indígena», afirmó.
Alvarado indicó que 90% de los tepuyes que hay en Canaima no han sido estudiados y que aún falta por descubrir animales y plantas. Añadió que en Venezuela hay más de 115 tepuyes y que no todos se pueden visitar: además del Roraima, otro de los más conocidos es en Kukenán. Se sabe, expresó, que unas de las aguas más limpias que existen en el planeta están por esas formaciones.
Una investigación de Armando.Info, firmada por la periodista María Antonieta Segovia, reveló que un grupo de empresarios ha levantado ocho excéntricas construcciones en Los Roques, con la venia del Instituto Nacional de Parques y el Ministerio de Turismo. Afirmó que las concesiones se saltan toda la normativa dispuesta para proteger los enclaves naturales más vulnerables de Venezuela.
Un habitante del Parque Nacional Archipiélago Los Roques, que pidió no revelar su nombre, dijo a El Nacional que la mayoría de la población no está de acuerdo con los permisos ilegales que se han otorgado a cierto tipo de personas.
Aseguró que varios locales se han aprovechado de la situación para invadir algunas zonas de Cayo Pirata y que a otros les han ofrecido viviendas en la isla Gran Roque, pese a que ya alcanzó su capacidad máxima de carga. Muchas personas han aprovechado las construcciones ilegales para trabajar porque no hay mucho turismo ni barcos para pescar.
«Vienen barcos de la Armada con camiones cargados de materiales para (la construcción de) las casas ilegales. Pero allí también se aprovecha para traer algunos insumos para los abastos y bodegas acá ya que no contamos con suficientes embarcaciones ni presupuesto», manifestó la fuente.
Las concesiones ¿suspendidas?
Las concesiones de actividades comerciales, recreacionales, turísticas y de servicios en el archipiélago estuvieron suspendidas desde el año 2004, cuando el gobierno lo ordenó a través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial 37.917, hasta el 15 de abril de 2014. Esa fue la última vez en la que se presentó una actualización de la norma, señala un reportaje de la Alianza Rebelde Investiga.
«El hecho de que el parque haya alcanzado hace rato su máxima capacidad de carga y que, además, no cuente con el mantenimiento adecuado de sus fuentes de energía y recursos, ha decantado en el colapso de sus servicios públicos, lo que abona todavía más en el impacto que estos producen en el ambiente. La basura, que debería ser transportada a tierra firme, solo se colecta y se quema en Gran Roque; las aguas servidas se vierten en una ‘laguna de oxidación’ que con frecuencia se desborda y hace que los líquidos terminen en el mar», describe la investigación, firmada por Lorena Meléndez, Nadeska Noriega y María Josefa Maya.
Jonás Alvarado dijo a este diario que las construcciones están acabando con las vidas que albergan en Los Roques: diversidad de arrecifes de corales, más de 90 tipos de aves y cientos de especies marinas, entre las que se encuentran tortugas en peligro de extinción. Afirmó que los ecosistemas del archipiélago no soportarán las edificaciones.
«Pueden ocurrir inundaciones muy pronto y habrá más contaminación; este es el tema número uno porque estos son lugares que fueron muy poco frecuentados, pero ahora los visitan seguidamente sin cumplir ciertas normas ni restricciones. Es bastante grave lo que se está viviendo”, opinó.
El Ávila y Morrocoy
Las advertencias se extienden a otros parques nacionales de Venezuela. En El Ávila se ha denunciado que las autoridades han sido permisivas con las actividades de motocross y ciclismo, además de la tala de árboles por la escasez de gas doméstico y las construcciones ilegales. En Morrocoy ha habido un aumento del número de lanchas para el traslado de turistas, además de los derrames petroleros que con frecuencia han afectado, en los últimos años, la costa venezolana.
«Los animales que hacen vida en la montaña comienzan a irse, agarran quizá un poco hacia la ciudad porque se están viendo amenazados. Esto no puede permitirse porque están incitando a otras personas a hacerlo. Lo están haciendo ver de una manera correcta y mientras esto siga pasando, el desgaste del suelo será bastante mayor hasta el punto en el que se haga un daño irreparable», expuso el guía turístico.
«El uso de tantas lanchas es grave porque está acabando con muchos arrecifes y mucha vida marina. El bote de combustible en el mar está acelerando la pérdida de los arrecifes. Se está acelerando el proceso de muerte de los corales. Es uno de los principales problemas que está siendo totalmente ignorado. Porque la práctica se está llevando todos los fines de semanas y no hay control alguno por parte de Inparques», agregó.
@Luisdejesus_