La secretaría general del organismo rechazó la persecución a Cristiana Chamorro, candidata de la oposición arrestada, y consideró que imposibilita “más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes”
En un comunicado, la secretaría general del organismo con sede en Washington rechazó un proceso de inhabilitación de Chamorro y consideró que imposibilita “más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes”.
La OEA se pronunció después de que el Ministerio Público de Nicaragua acusara a Chamorro, quien es hija de la ex mandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), de los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso con lavado de dinero, bienes y activos.
La Fiscalía solicitó además la inhabilitación para cargos públicos a Chamorro, la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre próximo, según una encuesta de la firma CID Gallup.
“Acciones como estas restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral”, puntualizó la nota.
El organismo calificó como “violatorios de la Carta Democrática Interamericana, de la carta de la OEA” y de los instrumentos de derechos humanos y pactos internacionales “la utilización del Ministerio Público, las medidas cautelares y precautelares, el manejo politizado de la justicia y la proscripción de facto de candidatos”.
En ese contexto, reiteró su llamado a la “inmediata liberación de los presos políticos, a poner fin a las tácticas de intimidación y amedrentamiento contra opositores”, a la restitución de las libertades y a reconducir el país “hacia la democracia” a través de elecciones con observación internacional.
Las autoridades nicaragüenses investigan la ONG Fundación Violeta B. de Chamorro, que cerró en febrero pasado y era dirigida por Chamorro Barrios.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua señala esa ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, por haber incumplido “gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019” e indica haber obtenido “claros indicios de lavado de dinero”.
Ortega, de 75 años, retornó al poder en 2007 y gobierna desde 2017 junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.