Los trabajadores petroleros, jubilados y activos, de la estatal Pdvsa se enfrentan a un panorama arbitrario e ilegal, pero piensan dos veces antes de recurrir a la protesta, como forma de canalizar el malestar; según los voceros consultados, esta ha sido judicializada y/o corren el riesgo de ser «jubilado o suspendido»
Texto: Rafael Arias / El Tiempo
Los trabajadores petroleros de la que fue la principal empresa del país, y una de las más importantes del continente, viven un ocaso que no parece tocar fondo.
A pesar de las perspectivas sobre una eventual recuperación, impulsada por el incremento del precio del barril de crudo en los mercados internacionales y una posible flexibilización de las sanciones petroleras, lo cierto que es que materia de reivindicaciones salariales y beneficios contractuales, los trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se mantienen sumidos en una bruma de imprecisiones, sin esperanzas de mejora en el corto plazo.
Así lo dejan ver empleados y voceros sindicales, quienes advierten que el mayor porcentaje de sus pagos mensuales, quincenales o diarios corresponden a bonos, los cuales no tienen impacto en beneficios como vacaciones y utilidades.
Para muchos trabajadores de la industria, la lógica detrás de sus remuneraciones son una verdadera caja negra, donde muchos de ellos, en las mismas condiciones laborales, pueden cobrar Bs 130 y otros Bs 500.
Para comenzar a arrojar luces sobre el panorama actual, trabajadores dentro de la empresa, consultados por El Tiempo, explican que la nómina está dividida en dos modalidades: una contractual –predominantemente para el sector obrero y técnico– y otra no contractual –donde se incluyen profesionales que reciben sus sueldos de acuerdo a grupos diferenciados en empleados sin función administrativa, jefes de proyectos, coordinadores o superintendentes, gerentes y ejecutivos.
Geovanni Queva, secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros Revolucionarios de Anzoátegui | Foto: Archivo Descifrados
Geovanni Queva, secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros Revolucionarios del estado Anzoátegui, indicó que no hay una información veraz que permita determinar cuánto es el ingreso de un trabajador porque «en escala salarial nadie sabe qué es lo que le están pagando. Un día te depositan Bs 300 y a la semana siguiente Bs 100 más, pero no hay información real. Estamos en una incertidumbre total», dijo.
Queva reveló que, por ejemplo, un marino está devengando Bs 800 mensuales, lo que representa unos Bs 200 semanales. «Un marino trabaja 10 días sobre un remolcador sin pisar suelo por 20 días libres».
Ingresos no son suficientes
Para la modalidad de trabajo especializado que se realiza en la industria, reconoce que los ingresos no son suficientes ni siquiera para cubrir la canasta alimentaria, que según el Cendas-FMV, supera los 450 dólares mensuales.
No obstante, en general, los trabajadores reciben un pago adicional a través de un Bono de Alimentación que ascienda a Bs 330. Los empleados activos también se benefician de un Bono de Trasporte de Bs 150.
«Para poder compensar los bajos salarios, los empleados retiran todos los meses su fideicomiso y la caja de ahorros», señala un trabajador de la industria, que prefirió mantener su nombre en reserva.
Fondo de ahorro para jubilados
Con la pérdida del Fondo de Ahorro para el personal jubilados, que de acuerdo con Geovanni Queva, secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros Revolucionarios del estado Anzoátegui, se debió a dudosas inversiones del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, el personal tiene una ayuda a través de la Plataforma Patria para garantizar su sobrevivencia. «Actualmente un pensionado tiene un salario de cuatro petros que tampoco podemos decir que es un gran ingreso, pero comparado con la situación salarial del resto de los trabajadores públicos, tienen algo para sobrevivir».
Petroleros con beneficios perdidos
Jairo Ollarves, secretario general del Sindicato Lagunillas en el estado Zulia, expresó que los trabajadores han venido sintiendo una clara desmejora en todos los niveles, y señaló como uno de los responsables de lo que ocurre al presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo de Venezuela (Futpv), Wills Rangel.
Rangel ha destacado en distintas oportunidades las ventajas del «paquete integral de beneficios» que tiene la nómina de la industria.
No obstante, para Ollarves, Rangel, «se ha dado a la tarea de darle la espalda a los empleados. Él no ha buscado alternativas o paliativos que mejoren los ingresos reales de todos los afectados».
Informó que actualmente un trabajador está ganando como salario base Bs 230 mensuales (alrededor de 40 dólares a tasa oficial del BCV), bajo un turno de ocho horas, lo que representan ingresos «insuficientes» para la naturaleza del empleo.
Para Ollarves todos los beneficios contractuales se han perdido casi de forma irremediable, comenzando por los relacionados a la salud y a la alimentación.
«La empresa actualmente no tiene la capacidad financiera para mantener el sistema de salud del que gozaban anteriormente los empleados petroleros y sus familias. No hay infraestructura para mantener una nómina al 100 % (…) En cuanto a las cajas de comida que nos entregaban por trabajador, también las hemos perdido. En 2005 el Gobierno eliminó el comisariato y creó la figura del TEA (Tarjeta Electrónica Alimentaria). Dependiendo como estaba la inflación en el país, se iba incrementado. Eso se dejó de hacer», explicó.
También dijo que se han perdido beneficios como los útiles escolares, el transporte a las escuelas, los planes vacacionales.
«Todo está suspendido. Le echan la culpa de las carencias al bloqueo de EE. UU. pero no hacen nada por mejorar la situación».
Agrega que los empleados de la industria que viven en las zonas rurales también se han visto afectados «ya que anteriormente había un transporte para su traslado, pero eso fue suspendido».
«No hay filtros de agua en los muelles de trabajo. Anteriormente había clínicas móviles donde se atendían a los trabajadores y eso ya no existe», aseguró.
El secretario ejecutivo de la Futpv, Argenis Olivares, denunció la semana pasada, a través de un comunicado, que desde 2019 los trabajadores de Petróleos de Venezuela reciben salarios paupérrimos, situación que se ha acentuado debido a la implementación del sistema de pagos, llamado Siget, creado años atrás.
«La instalación del Siget ha ocasionado pérdidas sustanciales en los ingresos de los trabajadores de la estatal petrolera, tales como: sobretiempos, descansos laborados, tiempo de viaje, primas, bono nocturno y vacaciones, por lo que es necesario el cese de este sistema que atenta contra las conquistas laborales de los trabajadores petroleros; además exigimos sean pagados a los trabajadores las deudas pendientes a quienes atienden las operaciones de producción de petróleo y gas en nuestra empresa nacional petrolera», señaló el vocero en el texto.
Para Olivares, existe una desmotivación del personal, provocada por la crisis de la industria, que tiene un impacto negativo en la producción de petróleo y gas en el país.
Raúl Párica, secretario de relaciones internacionales de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo | Foto: Archivo Analítica
Relegitimación sindical pendiente
Raúl Párica, secretario de relaciones internacionales de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, explicó a El Tiempo que las reivindicaciones salariales se han reducido aproximadamente a los inicios de la explotación petrolera del país, hace 90 años. «Estamos en las mismas condiciones socioeconómicas de 1936», denunció.
A juicio de Párica, desde 2012 la Futpv está prácticamente paralizada. Su comité ejecutivo fue «descompuesto y desmovilizado».
Párica apunta que el Contrato Colectivo de la industria está vencido –desde hace 5 años- y solo se han realizado «ajustes» que no llenan las expectativas de los trabajadores. Explica que no se ha podido renovar porque todas las autoridades están en mora con sus respectivas elecciones, desde los sindicatos de base hasta la Federación, y hasta tanto no se haga ese proceso «todo quedará congelado».
Detalla Párica que los responsables directos de esta irregularidad es la Federación y los sindicatos de base, que no activan los mecanismos para exigir el respeto en el cumplimiento de las normativas laborales.
«Hay sindicatos que tienen 20 años sin ir a elecciones, simplemente porque Wills Rangel ha generado condiciones para suspender los procesos electorales. Al igual que la Federación que debió haber ido a elecciones en 2014», agregó.
De acuerdo con el dirigente gremial, si se discute un contrato y no se homologa ante el Ministerio del Trabajo ese documento no existe. No tiene validez. «Esa es la situación que los trabajadores petroleros hemos experimentado con los últimos convenios que se han firmado», indicó.
Criticó que el movimiento sindical petrolero es «dócil y sumiso», lo que conlleva a los trabajadores a ser «cómplices» de la crisis de la industria.
«No hay una estructura legal y legítima frente al Ministerio del Trabajo y Pdvsa. Pero, quienes ejercemos el Comité Ejecutivo no acudimos al Ministerio del Trabajo y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para denunciar y solicitar la interpretación de los estatutos, así como la conducta del presidente de la Federación, o el contrato colectivo vencido».
Lo único concreto para el secretario de la Futpv es que «el plato sigue vacío. Se habla de incrementos y otras reivindicaciones, pero nada llega. La asistencia en materia de salud no existe para trabajadores ni familiares».
Por su parte, Alexis Yánez, secretario general del Sindicato Obreros Empleados Petroleros de Barinas (Soep) dice que la situación del movimiento obrero es crítica con 95 % de los movimientos de base en mora.
«Lo que se ha dado ahí son conversaciones paralelas unipersonales. Solicitamos de urgencia unas elecciones de la Federación. Hasta los momentos no tenemos ninguna contratación colectiva vigente. Tenemos una Federación secuestrada», alertó.
Detalló que en los anexos de los contratos deben aparecer quiénes son los firmantes y en la política de «ajustes o enmiendas» del Ejecutivo (siendo la última registrada hace ocho meses) las bases están ausentes de esas firmas.
«La Federación es un órgano de segundo grado, y quienes discuten son los sindicatos como tal. En ninguna de esas enmiendas después de 2011 aparecen los sindicatos afiliados como firmantes. Por lo tanto, no hay ninguna homologación con el Ministerio del Trabajo y con la empresa».
Relató que otro de los aplanadores salariales resultó ser el memorando 2.792 creado en 2018, donde se definieron las escalas de sueldos.
«La Central Bolivariana en representación de todos los trabajadores de la industria presentaron el memorando 2.792. Este instrumento invisibiliza el salario normal. El salario base es decretado por el Ejecutivo nacional. Hay un salario normal, y uno integral. El normal es la sumatoria de todos los beneficios que están en la ley pero que son discutidos bajo la contratación colectiva, bajo la representación de los trabajadores junto con el patrón, y ese proceso permanece en el limbo», aclaró.
«Judicialización de la protesta»
Frente a este panorama, incluso la protesta no parece ser una forma de canalizar el malestar, según los voceros consultados.
«Rangel ha sido parte de las maniobras represivas y de la judicialización de la protesta de los trabajadores. (…) Los líderes naturales de los trabajadores, y todo el que sea capaz de fijar una posición, corren ese riesgo. Incluso, de ser jubilado o suspendido», señaló Párica.
Las perspectivas para los trabajadores de la industria siguen siendo inciertas, a pesar de los pronósticos de distintos analistas sobre una eventual mejora en los ingresos y retorno de las inversiones foráneas. Sólo queda esperar para ver si en un escenario de cambios, los beneficios pueden permear al sector laboral.