Diversas organizaciones no gubernamentales y líderes de la sociedad civil, la política y el ámbito académico han hecho un llamado al presidente Gustavo Petro para que intervenga ante el gobierno venezolano y logre la revocación de las inhabilitaciones impuestas a los líderes de la oposición.
En una carta publicada recientemente, representantes de la sociedad civil venezolana han insistido en la importancia de levantar las inhabilitaciones políticas, ya que esto garantizaría los derechos de participación, asociación y reunión de todos los ciudadanos.
En el texto, se destaca que el presidente Petro tiene conocimiento de primera mano sobre las consecuencias de las inhabilitaciones políticas, ya que él mismo fue objeto de una medida similar en el pasado. Además, se señala que la presión de la comunidad internacional y los organismos de protección de derechos humanos fueron fundamentales para revertir dicha decisión y evitar situaciones de violencia e ilegalidad.
Cabe recordar que en 2013, el ex Procurador General de Colombia, Alejandro Ordoñez, inhabilitó a Petro para ejercer cargos públicos durante 15 años, alegando irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura en Bogotá. Sin embargo, gracias a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a una sentencia favorable de la Corte IDH en 2020, Petro pudo recuperar sus derechos políticos.
Además de su experiencia personal, el presidente Petro ha desempeñado un papel importante en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, una coalición de partidos de oposición.
Las organizaciones firmantes de la carta mencionan específicamente los casos de los líderes opositores venezolanos Henrique Capriles y María Corina Machado. Esta última ganó recientemente las primarias presidenciales y se ha convertido en la candidata de la oposición para las elecciones de 2024, pero enfrenta restricciones similares en cuanto a sus derechos políticos.
Algunos funcionarios del gobierno venezolano han dejado claro que no permitirán la inscripción de candidatos inhabilitados en los comicios. Por ello, las organizaciones piden al presidente Petro que incluya en su agenda diplomática la defensa del espacio cívico y el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos.
En julio, el Alto Comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU instó al Estado venezolano a levantar todas las restricciones indebidas al derecho de participación en asuntos públicos, especialmente de cara a los próximos procesos electorales en el país.
El informe final de la Misión de Observación Internacional de la Unión Europea después de las elecciones regionales de 2021 también hizo varias recomendaciones, entre ellas el fortalecimiento de la separación de poderes y la eliminación de la prerrogativa de la Contraloría General de la República de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a elecciones.
Según un informe de la Contraloría General de la República, María Corina Machado ha sido inhabilitada por supuestas irregularidades administrativas y errores en sus declaraciones juradas de patrimonio. Sin embargo, Machado ha afirmado que no ha sido notificada de esta acción y la considera inconstitucional e ilegal.
Diversos sectores de la sociedad civil han denunciado que estas inhabilitaciones son arbitrarias y que han sido utilizadas por el gobierno para excluir a opositores y disidentes chavistas de la contienda electoral.
Es importante destacar que estas acciones y peticiones demuestran la preocupación de la sociedad civil y líderes políticos por la situación de los derechos políticos en Venezuela, así como la importancia de la participación y el respeto al espacio cívico en un sistema democrático.
Con Información de Voz de América