La noticia más reciente en el ámbito judicial relacionada con la fallecida senadora Piedad Córdoba fue revelada en noviembre pasado. El día 10 de ese mes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema inició un nuevo proceso penal en su contra y la citó a indagatoria por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado a favor de terceros y falsedad en documento público, cometidos entre 2006 y 2012.
Según el alto tribunal, estos delitos estaban relacionados con los presuntos pagos indebidos de salario realizados por la senadora a un miembro de su equipo de trabajo para ese entonces.
Este nuevo proceso se suma al expediente de Córdoba por ‘Farcpolítica’, el cual se originó a partir de 14 denuncias acumuladas a lo largo de varios años y que señalaban su presunta relación con las antiguas FARC. Estas acusaciones afirmaban que la senadora había iniciado acercamientos con la guerrilla desde 1998, cuando aún era congresista, y que frecuentaba los asentamientos del grupo guerrillero sin autorización oficial.
Uno de los episodios más destacados en las denuncias fue la participación de la congresista en un simposio en Ciudad de México en marzo de 2007, donde hizo un llamado a los países de América Latina para cortar relaciones con Colombia y cuestionó al entonces presidente Álvaro Uribe, lo cual generó múltiples solicitudes de investigación en su contra. Además, las denuncias afirmaban que Córdoba se posicionó dentro de la organización guerrillera como asesora, estratega política y vocera a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, las denuncias también reconocen que Córdoba fue autorizada por el presidente Uribe para mediar en la liberación de personas secuestradas junto con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
El expediente también menciona que después de esa gestión, la congresista se habría alejado de sus funciones, a pesar de seguir percibiendo un salario, y habría traído dólares desde Venezuela en sus maletas.
Además, el documento destaca una presunta relación con el empresario colombiano Álex Saab, quien recientemente fue nombrado por el presidente de Venezuela como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva. Según el expediente, Córdoba habría ayudado a Saab a recuperar dinero de Cadivi y posteriormente habrían establecido una relación en la que Saab utilizaba una de sus empresas para recaudar fondos para Córdoba.
En este sentido, el expediente señala que una de estas empresas creadas por Saab obtuvo un contrato millonario con el Gobierno de Venezuela para la construcción de viviendas, a pesar de supuestamente no tener experiencia previa en el área.
A lo largo de este proceso, la defensa de Córdoba ha negado la comisión de cualquier delito y ha solicitado en varias ocasiones la nulidad del caso, argumentando la falta de competencia de la Corte Suprema para llevar a cabo el proceso por los hechos ocurridos después de la destitución de la política por parte de la Procuraduría en 2010.