La precandidata presidencial María Corina Machado (MCM) lanzó su polémica propuesta de privatizar Pdvsa. Quienes se oponen a la privatización de la industria petrolera no tardaron en reaccionar y señalan que MCM aprovecha los recientes escándalos de corrupción y el colapso de Pdvsa bajo el modelo de propiedad estatal para pescar en río revuelto y abrirle camino a su objetivo de entregar la principal industria del país al capital transnacional.
Por Víctor Álvarez – El Nacional
En medio de la diatriba político-electoral es necesario evaluar con mesura y ponderación los pros y contras, las ventajas y desventajas del modelo de propiedad estatal frente al modelo de propiedad privada, así como las alternativas intermedias entre estos extremos.
El agotamiento del modelo de propiedad estatal El modelo de propiedad estatal sobre la industria petrolera no se limitó a la propiedad de los yacimientos, sino que se extendió a las actividades de exploración, extracción, comercialización, refinación e, incluso, a las actividades conexas y afines. La excesiva penetración del Estado a lo largo de todos los eslabones de la cadena productiva degeneró en un caldo de cultivo de poderosas élites que secuestraron para su provecho la industria petrolera y la administraron como si se tratara de una propiedad privada, dando origen a decenas de tramas de corrupción y saqueo que han sido develadas y atacadas por la Policía Anticorrupción del gobierno y por la Fiscalía General de la República. Aunque el saqueo y destrucción de la Pdvsa roja rojita no tiene comparación, los partidarios de la privatización de la industria petrolera argumentan que en la Pdvsa de la meritocracia también hubo episodios de corrupción. Innumerables petroespías que desde la gerencia de Pdvsa vendían a los competidores internacionales información confidencial sobre precios, volumen y productos; información estratégica de los activos de la compañía se entregaba a los competidores e intereses extranjeros sin firmar ningún tipo de acuerdo de confidencialidad; se desviaban y robaban.
Apertura a la inversión privada La destrucción y colapso de Pdvsa bajo el modelo de propiedad estatal es viento a favor de las tesis que plantean la privatización total de la industria petrolera. Pero tanto la propiedad estatal absoluta como la privatización total de Pdvsa son visiones parciales y limitadas, en las que no se encontrará la viabilidad política, social, económica y financiera para reconstruir la industria petrolera. La apertura petrolera a la inversión privada tampoco garantiza que el aumento de la extracción de crudos esté alineado con el interés nacional. De hecho, a la apertura petrolera de los noventa se le cuestiona que no contribuyó a generar los recursos para aliviar el elevado índice de pobreza, el cual terminó siendo el caldo de cultivo en el que fermentaron liderazgos mesiánicos, populistas, demagógicos y autoritarios.
En efecto, la relación de ingreso neto a ingreso bruto de Pdvsa se desplomó desde 18% en los años ochenta, a solo 2,2% a finales de los noventa. El menor nivel de ingreso neto registrado en la historia de la industria petrolera venezolana fue en 1998, a pesar de ser el año en el que Pdvsa se jactó de haber logrado la mayor producción desde 1976. Entonces, de qué vale una industria petrolera estatal que produce tan poco y no genera los ingresos que el país necesita; y de qué vale una industria petrolera privatizada que -al producir tanto- provoca una sobreoferta de crudos, descalabra los precios y tampoco genera los ingresos que el país necesita. ¿Privatizar o no privatizar? Privatizar o no privatizar es un falso dilema que desconoce la amplia gama de modelos de inversión que, lejos de ser excluyentes, son complementarios entre sí.
El Estado venezolano es el dueño de los yacimientos de petróleo pero no tiene los recursos financieros, tecnológicos, ni humanos para explotarlos. Es a través de alianzas estratégicas con las corporaciones que si cuentan con esos recursos que Venezuela podrá rentabilizar una riqueza que de lo contrario se quedará depositada en el subsuelo. Para la visión nacionalista y estatista la soberanía nacional descansa en la propiedad estatal de los yacimientos y en el control de las actividades medulares y conexas de la industria petrolera. Es una visión centralista y controladora de todas las operaciones de la industria. Pero con una Pdvsa en ruinas y un Estado sin suficientes ingresos fiscales, ese modelo es inviable.
En el modelo privatizador, el Estado no es accionista ni minoritario ni mayoritario, se limita a promover la inversión privada en la explotación de los yacimientos de petróleo y gas para recibir el impuesto sobre la renta (ISLR) y otros impuestos que pagan las corporaciones petroleras sobre sus ganancias. En la privatización de la industria petrolera, el gran incentivo para la inversión extranjera es la minimización del cobro de la regalía que impone el Estado como compensación por la explotación de un recurso natural no renovable.
En este modelo, el petróleo se asume como una especie de capital natural a cuya explotación tiene libre acceso el capital nacional y extranjero. En ninguna de esas visiones extremas está la alternativa para reconstruir la industria petrolera nacional. El falso conflicto entre la propiedad estatal total y absoluta y la privatización total desconoce y desaprovecha un amplio abanico de alternativas en las que pueden coexistir perfectamente compañías estatales, corporaciones transnacionales y empresas mixtas, en dependencia de las actividades estratégicas, medulares o conexas en las que se realice la inversión.
La alternativa a la privatización: endeudarse La República, Pdvsa y Citgo están en la mira de acreedores que reclaman el pago de indemnizaciones por expropiaciones y el pago de bonos y deudas pendientes. Pdvsa, además de estar endeudada, está sancionada y tiene cerrados los mercados financieros internacionales. Por eso, no puede colocar más emisiones de deuda, a fin de obtener los recursos financieros que necesita para levantar la producción de petróleo. Para una Pdvsa sin fondos propios y sin acceso a los mercados financieros, la opción más viable es la de entenderse y llegar a nuevos acuerdos con los acreedores y corporaciones petroleras.
El colapso de la industria petrolera nacional no se supera con una desesperada privatización o con un ruinoso endeudamiento, se supera fortaleciendo su capacidad de negociación con los inversionistas privados a través del fortalecimiento gerencial de la compañía, de la función supervisora del Ministerio del Petróleo, de la función contralora de la Asamblea Nacional y, en general, del fortalecimiento de las instituciones del Estado que no pueden abandonar su facultad de fiscalizar y asegurar una explotación racional de un recurso natural no renovable, así como monitorear, supervisar y certificar las cifras y datos claves que tienen que ver con el desempeño de una industria que es propiedad de todos los venezolanos.
En un contexto de restricciones presupuestarias tan severas, rentabilizar las riquezas del subsuelo exige una nueva forma de ejercer la soberanía nacional sobre las riquezas del país. Esto requiere adecuar el marco legal y el entorno institucional para construir acuerdos estratégicos con compañías petroleras que aporten el capital, la tecnología y el talento humano que no tiene el Estado ni Pdvsa. La reconstrucción de la industria petrolera nacional será posible si se superan las visiones extremistas de propiedad estatal vs propiedad privada y se amplía la mirada hacia nuevos modelos de negocios que permitan rentabilizar una riqueza que es propiedad de todos los venezolanos y, por lo tanto, debe ser invertida en los problemas concretos que la sociedad venezolana tiene planteados.