El mercado laboral en Venezuela está experimentando una devastadora destrucción. Aunque tendemos a quejarnos del salario real insuficiente en comparación con la inflación, sabemos poco sobre las cifras de desempleo en el país. Anteriormente, el simple reconocimiento oficial de una tasa de desempleo del 8% provocaba un escándalo, pero ahora resulta difícil precisar la tasa debido a la falta de datos sobre la cantidad de personas empleadas en el país.
Las encuestas que se divulgan tienen un enfoque principalmente en las elecciones presidenciales y no revelan datos sensibles sobre el desempleo debido al riesgo político y económico que implica recopilar, clasificar e interpretar esa información. Es similar a cuando no sabemos el número de víctimas en un edificio durante una pandemia y preferimos creer que somos una excepción en casa.
La banca privada ya no tiene la capacidad de emplear a los jóvenes como solía hacerlo en el pasado. Lo mismo ocurre en la industria de la construcción, que está limitada a aquellos pocos afortunados que pueden construir en medio de la devastación urbana, lo que a veces genera sospechas. Antes, se podía denunciar a los sindicatos de la construcción controlados por el partido político Acción Democrática, pero ahora son los colectivos y entidades afines al gobierno los que ejercen un monopolio incluso en las remodelaciones más pequeñas.
La proliferación de vendedores ambulantes de comida chatarra, que en realidad están involucrados en una guerra contra el comercio formal, convierte a los nuevos emprendedores en explotadores de trabajo ajeno. Existen numerosos subempleados y trabajadores falsos que realizan tareas muy básicas, como atender carros de comida rápida, cuyos dueños evitan cualquier tipo de fiscalización. Estos dueños tienen una concesión especial en espacios públicos que ya no son accesibles para el público en general.
Las demandas laborales son costosas y las normativas son meramente simbólicas. Los principios pueden ser cambiados según el gusto de los burócratas socialistas y la única fuente del derecho laboral es el discurso del presidente. La seguridad social, las condiciones de trabajo y la OIT parecen no importar, ya que la situación macroeconómica del país afecta directamente al ámbito microeconómico.
Los profesionales desempleados en el país saben que aquellos que logran conseguir empleo en el sector público están más enfocados en el proselitismo político que en su actividad laboral real. Además, reciben bonificaciones en lugar de salarios y bolsas de comida en lugar de prestaciones sociales. Es más caro gestionar estas prestaciones que recibirlas. Se espera una flexibilización laboral radical en las zonas económicas especiales.
El sistema denominado «Patria» pronto se extenderá al sector privado, ya que todo debe pasar por las manos del Estado. Parece que no hay ciudadanía sin el carnet correspondiente, sin recibir una bolsa de comida o un bono del único empleador en el país. El desempleo se ha convertido en la ocupación por excelencia para aquellos que se resignan al silencio y la sumisión.