Lorena, junto a su esposo y su hija, llegó al país hace cinco años. Mientras ella trabaja en una panadería realizando labores domésticas, su esposo se dedica a la mensajería en una empresa. Al principio, vivían en un apartamento de una habitación y compartían la cocina con la dueña de casa.
Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando el esposo de Lorena perdió su trabajo y se quedaron sin recursos para pagar el alquiler. Desesperado, decidió cruzar la frontera hacia México en busca de una oportunidad. Aunque prometió que los mandaría llamar, hasta el día de hoy no han recibido noticias de él.
La falta de empleo estable y la imposibilidad de pagar un lugar digno para vivir hacen que la situación de los migrantes sea aún más difícil. Se enfrentan a diversas vulnerabilidades, como vivir en hacinamiento, ser víctimas de maltrato laboral y quedar expuestos a bandas de drogas, extorsión y proxenetismo, entre otros peligros.
Ante casos como este, Probogotá Región y el programa Integra de Usaid han desarrollado un modelo de solución habitacional que combina subsidios de alquiler y programas de educación financiera. Este modelo se ha plasmado en el documento «Vivienda en renta, modelo replicable enfocado en la población migrante en Bogotá y Soacha».
En primer lugar, se realizó una caracterización de la población migrante en Bogotá y Cundinamarca. Se destaca que Colombia se ha convertido en el principal destino en Latinoamérica, acogiendo al 41% (2,48 millones) de los 6,1 millones de migrantes venezolanos en América Latina. De estos, el 88% (572.000 personas) se concentra en Bogotá (73,4%) y Soacha (14,5%), seguidos de Madrid, Mosquera y Chía.
En Bogotá, la mayoría de la población migrante se concentra en Suba (16,2%), Kennedy (15,6%), Ciudad Bolívar (10%), Engativá (8,9%) y Bosa (8,9%). Esta alta concentración genera una presión significativa sobre la ciudad y genera una demanda acelerada de servicios.
La opción más viable para los migrantes es el alquiler, pero suelen establecerse en áreas de pobreza que ya enfrentan graves problemas sociales como la violencia, la inseguridad y el microtráfico. Además, deben lidiar con la xenofobia.
Según el informe, el 97% de los migrantes en Bogotá y el 99,86% en Soacha viven en alquiler. En promedio, el 67% de los migrantes vive en apartamentos, siguiendo la tendencia de la ciudad donde el 61% de los bogotanos también lo hacen. Las familias suelen vivir entre seis y siete personas en apartamentos de dos o tres habitaciones, y un 30% de los hogares comparte la vivienda con otros hogares.
Roque Díaz, representante legal de la Fundación Migración en Positivo (M+), conoce de cerca esta problemática. Llegó al país sin dinero, vivienda, amigos ni trabajo. Él destaca la dificultad de la regularización como uno de los principales obstáculos para los migrantes a la hora de alquilar una propiedad. En los estratos 1 y 2 es más fácil encontrar un lugar para vivir, pero las condiciones suelen ser deplorables y se exigen trabajos estables o depósitos adelantados.
Alexis Goapache, abogado especialista en Derechos Humanos, migró a Colombia por razones similares a las de muchos de sus compatriotas. Él destaca que en Soacha, donde vive, se encuentran áreas populares donde los precios son más accesibles. Sin embargo, también ha sido testigo de casos de hacinamiento y de desalojos arbitrarios.
Ante esta realidad, el modelo propuesto busca ofrecer subsidios de alquiler y programas de educación financiera para aliviar la presión inmediata sobre los hogares de migrantes venezolanos y empoderar tanto a los beneficiarios locales como a los migrantes. El objetivo es que estas personas adquieran la capacidad de sostenerse financieramente sin depender de la asistencia a largo plazo.
El proyecto piloto beneficiaría inicialmente a 900 hogares, es decir, más de 2.700 personas, durante un período de tres años. La idea es construir torres de apartamentos en Bogotá o Soacha, con 300 unidades de vivienda de 42 metros cuadrados, espacios de integración y acabados pensados exclusivamente para ser alquilados.
El proyecto ha sido discutido y analizado con actores del sector público y privado, así como con líderes migrantes de organizaciones sociales. Aunque ha tenido un avance significativo, el éxito dependerá de la continuidad del piloto y de la búsqueda de financiamiento e inversores.
En conclusión, ante la difícil situación que enfrentan los migrantes venezolanos en Bogotá y Soacha, se ha propuesto un modelo de vivienda en alquiler que combina subsidios y educación financiera. Este modelo busca brindar una solución habitacional temporal y empoderar a los beneficiarios para que puedan superar la pobreza y lograr una estabilidad financiera.