El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó la 34ª edición de su informe anual sobre la situación de los DDHH en Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre de 2022.
“Se registraron 2.203 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal. 91 personas fueron víctimas de tortura y se registraron dos muertes a causa de torturas durante 2022”, expresó la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González, en la presentación oficial del estudio.
En el informe, la ONG enfatizó en que el año pasado “se mantuvo la práctica estatal —que se ha configurado como sistemática—, de discriminación y exclusión por razones políticas. La Asamblea Nacional —electa en 2020 y con mayoría oficialista— continuó aprobando normas y avalando la actuación del Ejecutivo, actuando de espaldas a la Constitución Nacional”.
Luego indicó que en 2022 se produjo un nuevo incremento en los casos de violaciones al Derecho a la Integridad Personal. “Esta situación revela que, pese al escrutinio de la comunidad internacional y de las instancias internacionales de protección de los Derechos Humanos, las autoridades venezolanas siguen de espaldas a sus obligaciones, mostrando una completa ausencia de voluntad para detener los abusos, sancionar a los responsables y ofrecer reparación a las víctimas”, señaló el informe.
Y continuó: “Entre enero y diciembre, Provea registró 51 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal —con igual número de casos— que incluyeron a 2.203 víctimas. Esta información es el resultado del monitoreo de las denuncias divulgadas en la prensa nacional y regional, y de los casos atendidos por Provea y otras organizaciones defensoras de DDHH. Los datos indicados, comparados con el periodo anterior —cuando se reportó un total de 1.306 víctimas—, representan un aumento de 68,6%”.
La Venezuela post-pandemia: más pobre y desigual
La desigualdad y la exclusión son dos condiciones que agravaron la situación de pobreza en Venezuela. En su reporte de país, publicado en enero de 2023, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas indicó que, pese a que algunas mejoras económicas habían ayudado a frenar la hiperinflación, la situación de seguridad alimentaria en Venezuela seguía siendo “inquietante”, recordó Provea.
Más de cinco millones de personas necesitaban asistencia humanitaria, mientras el país importaba más del 70% de los alimentos procesados que consumía, lo que lo hacía vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. Como consecuencia, el reporte indica que para agosto de 2022 los precios de los alimentos aumentaron en un 30%. Para la fecha en que se emitió el detalle, Venezuela ocupaba el tercer lugar en el mundo en el rubro de inflación en el precio de los alimentos, consignó la ONG.
También señaló que, en los últimos ocho años, Venezuela sufrió una caída acumulada de 80% de su Producto Interno Bruto (PIB), una de las mayores contracciones registradas en las últimas décadas a nivel mundial y que ha ocasionado un severo daño a la capacidad productiva.
Además, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2022), “Venezuela es el país más desigual de América, con un indicador de 56.7″, de coeficiente GINI, un indicador que mide la desigualdad, basado en la distribución de la riqueza de los países. El colapso generalizado de los servicios públicos y los altos precios crearon las condiciones propicias para un aumento exponencial y generalizado de la pobreza en Venezuela.
“En diez años al frente de la conducción del país, Nicolás Maduro extinguió el estado de derecho, pulverizando las conquistas sociales y eclipsando los derechos civiles y políticos, bajo la sombra del autoritarismo”, denunció la ONG.
Derechos económicos, sociales y culturales
En este ítem, el informe destaca que la gestión de Nicolás Maduro continuó, durante 2022, su “política deliberada de precarización del ingreso de los trabajadores, pensionados y jubilados, al permanecer de espaldas a su obligación de garantizar salarios y pensiones ajustadas al costo de la canasta alimentaria, tal como ordena el artículo 91 de la Constitución Nacional”.
“Además de ello, con la imposición del Instructivo de la ONAPRE; acabó con las interescalas del tabulador salarial garantizadas en las convenciones colectivas del sector público, lo que atizó la conflictividad en el país, protagonizada fundamentalmente a lo largo del año por trabajadores, jubilados y pensionados”, narró.
Provea también hizo énfasis en la persecución del chavismo contra dirigentes sociales en el marco de los reclamos por estos derechos. “En respuesta a la ola de protestas, la administración Maduro recurrió a la persecución y a actos de hostigamiento contra dirigentes sindicales. Seis trabajadores permanecen detenidos por reclamar derechos y al menos 344 fueron víctimas de actos de amenazas y hostigamiento por parte de agentes de seguridad y altos funcionarios de empresas e instituciones del Estado. Durante los diez años de gestión de Nicolás Maduro, 87 dirigentes sindicales han sido arrestados y procesados por ejercer derechos y 3.512 trabajadores han sido víctimas de amenazas y hostigamiento”, denunció.
Y acotó: “Un aspecto que demuestra el severo retroceso en materia de derechos sociales, es la definitiva implosión de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Entre enero y diciembre de 2022, Provea registró, con base en su monitoreo independiente, que el gobierno entregó un total de 3.122 viviendas nuevas, una cifra que contrasta ampliamente con las 500.000 casas que, según el gobierno, habrían sido entregadas en el marco de la GMVV. De acuerdo a nuestros registros, en diez años de gestión Maduro construyó y entregó apenas 130.856 viviendas a través de la otrora política social bandera del proyecto bolivariano, mientras que sus funcionarios insisten en decir que han levantado y otorgado 3.096.257 casas”.
Por último, respecto a la salud, la ONG destacó que en 2022 “se cumplió una década del acelerado declive institucional, financiero y operativo del sistema público sanitario y su severo impacto en la calidad de vida de las personas en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja. Producto del continuo desplome, en 2022 se registró un incremento de 34,7% en el número de denuncias por vulneraciones del derecho a la salud. Entre 2013 y 2022, las cifras de denuncias por estas situaciones ascienden a 305.397″.