¡JUSTICIA DEL HORROR! ¿Qué es la Misión Justicia Socialista? (por José Ignacio Hernández G.)

DolarToday / Mar 19, 2017 @ 5:00 am

¡JUSTICIA DEL HORROR! ¿Qué es la Misión Justicia Socialista? (por José Ignacio Hernández G.)

Hace algunas semanas se publicó en Gaceta Oficial el Decreto N° 2.718, por la cual se creó la “Misión Justicia Socialista”. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales ha señalado la inconstitucionalidad de esa misión. Igualmente, la creación de esa misión ha sido criticada por la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.

¿Qué es, exactamente, la misión “justicia socialista”?

1.- Una misión para promover arreglos de diferencias bajo el modelo socialista

La misión “justicia socialista”, como todas las misiones creadas por el Gobierno, son programas sociales orientados a construir el modelo socialista, tal y como éste es descrito en el llamado Plan de la Patria.

En concreto, el objetivo de esta misión es promover que los ciudadanos puedan acudir a mecanismos de solución de controversias y atención de necesidades legales. Esto suena bien, salvo por un detalle: esos objetivos deben orientarse a los principios del modelo socialista. Así lo establece con claridad su artículo 2: tal misión desarrolla “una red primaria de atención jurídica gratuita e integral para las personas, colectivos y sectores sociales desde y en sus propias comunidades y comunas, orientada a hacer efectivo el derecho humano y constitucional de acceso a la justicia, profundizar el ejercicio del Poder Popular de las comunidades y movimientos sociales a través del parlamentarismo social”.

¿Y qué significa promover el acceso a la “justicia socialista”? Dejando a un lado la retórica, que da para todo, eso lo que significa es que ese acceso a la “justicia socialista” es un acceso sometido al control político del Gobierno, con el solo propósito de consolidar su modelo político, que es el llamado modelo socialista.

2.- La justicia socialista: una justicia paralela al Poder Judicial

Es por lo anterior que la justicia a la cual alude este Decreto nada tiene que ver con la justicia a la cual alude la Constitución de 1999. De acuerdo con la Constitución, el Poder Judicial debe ser autónomo e independiente, con lo cual, el sistema de justicia debe orientarse a la resolución de conflictos bajo el Estado de Derecho, lo que equivale a decir bajo la supremacía de la Constitución y el imperio de las Leyes de la Asamblea Nacional. De allí que los jueces no pueden llevar a cabo activismo político.

El Decreto comentado diseña un Poder Judicial paralelo al que acabo de describir. En la justicia socialista, el Poder Judicial y todo el sistema de justicia se orienta a consolidar el proyecto político del Gobierno, lo que solo puede hacerse si el sistema de justicia se subordina políticamente al Gobierno. Esto queda en evidencia en el artículo 3 del Decreto, según el cual, y entre otros fines, la justicia socialista debe contribuir a ayudar a los ciudadanos a transformar el Derecho y la justicia en Venezuela de acuerdo con el Plan de la Patria.

3.- La justicia socialista y las Universidades

La misión justicia socialista debe asegurar que la enseñanza universitaria del Derecho cumpla con sus objetivos. Por ello, el Decreto alude a la “nueva plataforma de universidad municipalizada y el nuevo currículo bolivariano”. Consecuentemente, la investigación jurídica se orientará a “la construcción de justicia social y el ejercicio del poder constituyente, desde la escala local-comunitaria o sectorial, hasta la dimensión internacional”.

Este objetivo solo puede lograrse ignorando la autonomía universitaria constitucionalmente garantizada. Es la Universidad autónoma –y no el Gobierno- quien debe decidir el contenido de los estudios de Derecho, siempre partiendo de criterios técnicos.

4.- La justicia socialista y los abogados

La justicia socialista también pasa por transformar la ética profesional. Es necesario –dispone el Decreto- que los abogados superen la “mercantilización capitalista”, pues los abogados deben promover “la construcción de una sociedad justa e igualitaria y amante de la paz”.

El ejercicio de la abogacía corresponde a lo que se conoce como una “profesión liberal”: somos los abogados, de acuerdo con las Leyes y los referentes éticos compilados a través de los Colegios de Abogados, quienes decidimos cómo ejercer la profesión. El Decreto comentado pretende eliminar tal componente de la abogacía, a fin de convertir a los abogados en meros operadores burocráticos de la justicia socialista puesta al servicio de los intereses políticos del Gobierno.

5.- La justicia socialista, el Estado Comunal y la justicia totalitaria

La justicia socialista, como justicia paralela al Poder Judicial de la Constitución, cumple los mismos fines del “Estado Comunal”, como recordaba en estos días el profesor Ramón Escobar León. ¿Qué es el Estado Comunal? En pocas palabras, es un Estado paralelo al Estrado Comunal que desconoce la diferencia entre Estado y sociedad. En el Estado Comunal la sociedad no es libre, sino que es organizada por, para y desde el Gobierno.

Por ello, al igual que el Estado Comunal, la justicia socialista es totalitaria. En efecto, como acabamos de ver, según la misión justicia socialista, todos los jueces, fiscales, defensores, abogados y demás personas que integran el sistema de justicia, deben orientar su actividad a cumplir con el programa político del Gobierno. Con lo cual, el derecho de acceso a la justicia establecido en la Constitución se degrada al derecho de acceso a la justicia socialista.

6.- La justicia socialista y la ausencia de autonomía e independencia del Poder Judicial

La justicia socialista también corrobora que el Poder Judicial en Venezuela no es ni autónomo ni independiente. Las disposiciones constitucionales que garantizan el acceso a la carrera judicial por concurso; la profesionalización de los jueces y su estabilidad, no han tenido nunca aplicación práctica. Un aspecto que, cabe recordarlo, comenzó incluso antes de la aprobación de la Constitución de 1999.

En efecto, cuando la asamblea nacional constituyente fue electa a comienzos de 1999, muy pronto puso en evidencia que ella había asumido el ejercicio de todos los poderes, esto es, que se había convertido en un poder despótico, pues despótico es todo órgano que acumula el ejercicio de todos los poderes. Por ello, esa asamblea constituyente intervino al Poder Judicial e incluso, a la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia de entonces, que ya había permitido la elección de una asamblea constituyente en violación de la Constitución de 1961, aceptó su intervención por la asamblea constituyente. A partir de entonces el Poder Judicial se declaró en reestructuración y luego en emergencia. El resultado práctico de ello fue la aniquilación de la estabilidad judicial e, inevitablemente, la politización de la justicia.

Esa situación de emergencia, que comenzó en 1999, se ha extendido en diversas prórrogas hasta nuestros días. Diversos estudios de profesores de Derecho como Antonio Canova, Laura Louza y Rafael Chavero ponen en evidencia que como regla los jueces no ingresan por concursos técnicos y objetivos, ni gozan de estabilidad.

La misión justicia socialista pretende consolidar esa inconstitucional situación del Poder Judicial. Pues solo puede asegurarse que los jueces cumplan el Plan de la Patria, si los Jueces son seleccionados por el Gobierno, que es quien defiende a ese Plan.

Por ello es contradictorio afirmar, como hace el Decreto, que la justicia socialista contribuye a acabar con la impunidad. La impunidad –y la violencia homicida que azota a los venezolanos- es impulsada por la ausencia de un Poder Judicial autónomo e independiente. Por ello, la justicia socialista, si contribuye a algo, es a que haya más impunidad.

7.- De poder menos riesgoso al mayor riesgo de la libertad

En el número 78 de El Federalista, Alexander Hamilton explicó las funciones del Poder Judicial de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Para Hamilton, el Poder Judicial es el menos riesgoso de los Poderes, siempre y cuando no esté controlado por el Gobierno. Pero si el Poder Judicial depende del Gobierno, entonces, la libertad tendrá mucho que temer. Ya lo dijo Montesquieu, a quien Hamilton citó: “no hay libertad si el poder de juzgar no está separado del poder ejecutivo y legislativo”.

El modelo socialista, como proyecto político del Gobierno, requiere que el Poder Judicial no sea autónomo e independiente. Ello es así, al menos, por una razón práctica y elemental: el Gobierno no puede tolerar que el Poder Judicial controle al modelo socialista. Pero además de ello, lo que se quiere es que el Poder Judicial controle al ciudadano para que cumpla con ese modelo socialista, incluso de manera coactiva.

Tal es lo que pretende, en el fondo, la misión justicia socialista: obligar a la sociedad a actuar bajo los moldes del modelo socialista, incluso, mediante el auxilio del Poder Judicial.

La misión justicia socialista demuestra el riesgo en el que se encuentra la libertad de todos los venezolanos. Y si hubiera cualquier duda, bastará con examinar cualquiera de las experiencias de los sistemas totalitarios que pusieron a la justicia al servicio del modelo político. La lectura de “Los juristas del horror”, de Ingo Müller, es reveladora en este sentido.

 

Fuente: Prodavinci

 

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