Es un hecho. Venezuela se queda sin gasolina. Y en este contexto, Nicolás Maduro está a punto de hacer dos cosas impensables para la “popular y nacionalista” Revolución Bolivariana. Una es subir el precio del combustible. La otra, privatizar la industria petrolera.
Desde 1976, la industria petrolera venezolana es propiedad exclusiva del Estado. El monopolio incluye el mercado interno de combustibles. El bajo coste de producción, la abundancia de reservas y el interés político sirvieron para que la gasolina se vendiera a precios irrisorios.
Esta realidad hizo que en Venezuela fuese inconcebible aumentar el precio de la gasolina o privatizar el negocio de su distribución y venta. Pero hoy la realidad es distinta.
Una situación absurda
Es innegable. Mientras en el subsuelo venezolano descansan las mayores reservas petroleras del planeta, en la superficie la escasez de combustible se une a la larga cadena de calamidades por las que atraviesan sus ciudadanos.
Lo crítico de la situación ha llevado al surgimiento de un mercado negro en expansión. El país que hasta poco tenía la gasolina más barata del mundo, ahora debe pagarla a un precio mayor que otras naciones que ni siquiera producen petróleo.
Los funcionarios militares y civiles encargados de “organizar” la venta del escaso combustible disponible, están cobrando hasta 20 dólares para entrar a la gasolinera y luego entre dos y cuatro dólares por cada litro, según denuncian usuarios y dirigentes políticos.
El origen de esta paradoja reside en la destrucción sistemática de la industria petrolera por parte de las administraciones de Chávez y Maduro. La debacle se inició en abril de 2002, cuando el hoy difunto mandatario separó de sus cargos a una veintena de altos gerentes de Petróleos de Venezuela. A finales de ese año, y en medio de un paro cívico nacional, los despedidos fueron más de 20.000.
Los ex trabajadores fueron sustituidos por operadores políticos y PDVSA se convirtió en la proveedora de fondos para la expansión del socialismo bolivariano por el continente.
Hoy, la falta de operatividad de PDVSA la ha obligado a a comprar combustible en el mercado internacional. Los precios que ha pagado por la adquisición de gasolina han significado un duro golpe en los balances de la petrolera. Con la llegada de las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, se han incrementado los problemas para que los tanqueros lleguen a puertos venezolanos.
Una crisis creciente
La escasez de gasolina en Venezuela se vio profundizada desde que el régimen de Nicolás Maduro anunció la cuarentena nacional. Desde tempranas horas de la mañana conductores hacen cola para surtir los tanques de sus vehículos, pero pueden tardar varios días hasta que sea su turno.
En este contexto, régimen de Nicolás Maduro estudia a puertas cerradas la privatización de la compra, distribución, y venta de la gasolina en todo el país.
Una de las alternativas que se maneja es entregar la estaciones de servicio, en calidad de comodato, a inversores privados. Estos se encargarían directamente de adquirir el combustible, en vista de que están exentos de las sanciones de Estados Unidos.
La iniciativa es vista con buenos ojos por los empresarios del sector. Recientemente, la Cámara Petrolera de Venezuela-capítulo Zulia recomendó a través de un comunicado, la necesidad de autorizar a entes privados para importar combustible, por lo menos mientras dure la emergencia por el coronavirus.
Un viejo aliado
Sin embargo, una eventual privatización debe iría en contra de lo que establece la ley vigente. Una de las opciones que se maneja es retomar la derogada Ley del Mercado interno de Combustibles, que permitía que privados estuvieran a cargo de distribución y venta al detal.
Pero además, existe el temor de que esta privatización sirva para beneficiar al entorno cercano al régimen de Maduro. De hecho, se ha denunciado que la empresa Maroil Trading Inc., de Wilmer Ruperti, estaría facturando compras de gasolina a un país de Oriente Próximo.
Ruperti, un controvertido magnate naviero, inició su imperio en 2002, cuando contrató una flota de barcos petroleros rusos para importar gasolina durante los meses que duró una huelga en PDVSA. Más recientemente, financió la defensa de los dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores en un juicio por narcóticos en Estados Unidos.