Nadie está a salvo en el régimen venezolano, ni siquiera aquellos incondicionales de la llamada revolución bolivariana
Por Sebastiana Barráez – Infobae
Nadie está a salvo en el régimen venezolano, ni siquiera aquellos incondicionales de la llamada revolución bolivariana. El arma más infalible que ha usado Nicolás Maduro es el uso de la administración de justicia contra todo aquel considerado irreverente, adversario o enemigo político. Ahí priva la mayor corrupción, porque la justicia deja de ser ciega para adaptarse a los intereses de quien la controla. Lo demuestra la liberación de los gerentes petroleros Aryenis Coromoto Torrealba Barrios y Alfredo Marcial Chirinos Azuaje, a quienes se les judicializó, junto a otro grupo de personas, porque denunciaron corrupción en PDVSA; los tribunales actuaron de inmediato y encarcelaron a quienes se atrevieron a empañar la administración del entonces poderoso e intocable Tareck El Aissami.
En una de esas sórdidas maniobras que dejan ver la fea cicatriz que le queda a la justicia, y en medio del escándalo por la corrupción en Patróleos de Venezuela (Pdvsa), el Tribunal que mantenía a los petroleros encarcelados, emite libertad plena a Torrealba y Chirinos con un remiendo desastroso, porque en lugar de rectificar lo amañado del juicio que realizaron, dirían que “cumpliendo órdenes de arriba”, declaró su libertad por pena cumplida.
Todo jefe en la autollamada revolución tiene sus presos. Así lo hace Maduro, Diosdado y lo hacía El Aissami; el delito común es Traición a la Patria y Asociación para Delinquir, y ahora cualquier elemento relacionado a Terrorismo, después le agregan otros para demostrar a la víctima que pueden aplastarlo por cualquier lado, sin que valga prueba alguna de defensa. Ahí está un grupo de fiscales y jueces dispuestos a enviar el mensaje que más se ha repetido entre los presos políticos: “Mejor asuma los hechos y en lugar de 25 años, le dejó 15 y si no hace mucho ruido se lo dejo en 8″, dicen funcionarios que juegan con la libertad y la vida como si negociaran el precio de las verduras.
En el caso de la pareja Torrealba y Chirinos, identificados con la autollamada revolución, la estrategia adicional fue destruir su imagen ante los militantes del chavismo, por eso los señalaron de ser “corruptos, espías de la CIA (Agencia de Inteligencia de EEUU) e integrantes de una banda criminal”.
Petroleros Vs Saab
Ya el cóctel de desprecio estaba distribuido entre las redes de información de las salas situacionales y los medios de propaganda del Gobierno, con las palabras claves, que también usan contra periodistas de medios libres: espía, CIA, dólares, traición. Eso es suficiente para que nadie en PDVSA ni fuera de ella, saliera a defenderlos. Solo algunos grupos de izquierda dentro y fuera del país se desgañitaron gritando en favor de los gerentes y sindicalistas petroleros. El grito llegó a los oidos sordos de la dirigencia en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y a los de la justicia en Venezuela que, a conveniencia, se quita la venda de los ojos y se taponea los oidos.
La alta dirigencia del país, diputados, gobernadores, alcaldes, nadie de la cúpula del chavismo giró instrucciones para defender a los petroleros; paralelo a eso ha existido una inmensa campaña en defensa de Alex Saab, preso ahora en EEUU. La ironía es que mientras Torrealba y Chirinos trabajaban para contrarrestar las sanciones estadounidenses y, en 2018 y 2019, acudieron al Ministerio Público para denunciar hechos de corrupción en la estatal petrolera, se les preparaba una celda. Y el Gobierno desplegaba abundantes recursos económicos, comunicacionales y diplomáticios para defender a Alex Saab, quien se ha hecho millonario vendiendo alimentos de baja calidad a los venezolanos, como lo han demostrado varias investigaciones.
Jueces y fiscales ignoraron las razones por la que los petroleros judicializados insistieron en no permitir que zarparan buques de exportación sin que hubiesen pagado a la estatal petrolera; muchas de esas empresas eran de maletín y estaban relacionadas a funcionarios del régimen venezolano.
Es así como los jueces de Terrorismo Carol Bealexis Padilla Reyes de Arretureta y Macsimino Márquez, y el juez de juicio Antony Fernández, no solo son responsables de haber condenado a los petroleros sino que también son responsables de haber impedido avanzar a quienes denunciaban el desfalco de Pdvsa y con ello evitar daños al patrimonio de la nación.
Hay más
Como consecuencia de la detención de trabajadores que denunciaron la corrupción en PDVSA, se creó el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de lxs Trabajadorxs (FALT), quienes el 22 de marzo, en medio de las detenciones que llevaron a la renuncia del ministro Tareck El Aissami, emitieron un comunicado en defensa de los “detenidos por haberse enfrentado a las mafias que en los últimos años han venido desangrando a PDVSA”, exigiendo que se dé respuesta inmediata a los más de 200 trabajadores petroleros detenidos en los últimos seis años “muchos de los cuales son inocentes y que con entrega y dignidad denunciaron hechos de corrupción, irregularidades, se opusieron a esquemas fraudulentos y/o demandaron mejoras laborales, otras y otros simplemente han sido usados como chivos expiatorios. Todos víctimas de las mafias que se han apoderaron de nuestra industria petrolera, mafias que hoy son buscadas y detenidas por la corrupción que es evidente”.
Agregaron que en la mayoría de los procesados el órgano ejecutor fue la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y por tener como cargo de terrorismo, en gran número de estos los jueces actuantes han sido Carol Bealexis Padilla Reyes de Arretureta ahora juez de la Corte de Apelaciones de Terrorismo y José Macsimino Márquez García, quien fue detenido por corrupción hace unas semanas.
Es determinante lo que el comunicado dice, porque revela un patrón que ha sido denunciado desde hace unos años: “En todos los casos los órganos de seguridad actuantes, el Ministerio Público y los Tribunales coaccionan y presionan a las y los detenidos a admitir hechos menores, con la amenaza de que de no hacerlo pasaran años para que se lleve a cabo su proceso judicial. Muchos por el temor a mayores daños y evitar más sufrimiento a sus familias, terminan cediendo a ésta vil práctica”.
El Comité exige, en su comunicado, libertad plena para todos los trabajadores judicializados injustamente “por órdenes de las mafias cercanas a Tareck El Aissami, por éste personalmente y por mafias de otros sectores enquistadas en el Estado. Investigación a fondo de los casos llevados por los jueces Márquez y Padilla, quienes no actuaban en pro de la justicia, sino cumpliendo órdenes de las mafias enquistadas en el Estado y que muchas veces se lo hicieron saber a los imputados”.
Además que se investigue los órganos de seguridad actuantes “en especial a la DGCIM, como ejecutores de detenciones arbitrarias, violando el debido proceso y cumpliendo lineamientos de las mafias hoy investigadas”, así como investigar a todos los fiscales actuantes y “las denuncias realizadas por la clase obrera víctima de detenciones arbitrarias”.
Algunos casos
El Comité presentó, entre casos de persecución por parte de las mafias amparadas por el Estado, contra trabajadoras y trabajadores de PDVSA: Johana González, Guillermo Zarraga, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, Rosa Mota, Luis Cárdenas, Juan Medina, Nelson Bustillos y Freddy Reinosa, 36 marinos de la tripulación del Buque Negra Hipolita, Bartolo Guerra Gil Mujica y Marcos Sabariego, Eudis Girot, Carmen Castillo, Mayrelin Guasamucaro, Belkys Guartin, Trina Castellano, Mayerling Castro, Jerny Anciani, Ranulfo González, lbeiro Agudelo, Larry Salcedo, José Cordoba Lenin Martínez, Neylander Colmenárez, Juan Mukarssel, Luis Garcia, Divo Garrido y Wilmer Amaya.
Johana González de Urbina: tenía 10 años trabajando en PDVSA Etanol cuando fue acusada, en abril del 2021, junto a otras personas, del desvío de dos turbinas de calor valoradas en 1.2 millones de dólares, aunque ella no tuviera poder ni firma para eso; como en cientos de casos, hubo retardo procesal, la presionaron a asumir los hechos con la promesa de dejarla en libertad.
Fue enviada a la cárcel de mujeres, Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde no pudo ver a su esposo ni a sus hijos por más de dos años; se declaró culpable y el 27 de abril 2022 el Tribunal le emitió boleta de excarcelación, pero el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, a cargo de la hoy exministra Mirelys Zulay Contreras Moreno se negó a dejarla en libertad.
Aryenis Coromoto Torrealba Barrios y Alfredo Marcial Chirinos Azuaje: fueron detenidos el 28 de febrero 2020 como chivos expiatorios que el plan de “reflotar las operaciones de PDVSA” necesitaba para justificar la reducción de la producción petrolera. La Comisión “Alí Rodríguez Araque” publicó entonces un comunicado asegurando que ellos fueron detenidos por espiar para EEUU. Fueron acusados de los delitos de reserva de divulgación o suministro de datos o información,
El Ministerio Público aseguró que ellos suministraron, a empresas internacionales, información calificada que era de alta confidencialidad y con ello ponían en riesgo la estabilidad operacional de Pdvsa ante los organismos internacionales. “Fugaron información sensible y confidencial de la industria petrolera, lo cual trajo como consecuencia la imposición de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos”, dijo la Fiscalía asegurando que se comprobaron las acusaciones con la presentación de 21 pruebas de testigos y expertos, así como 35 pruebas documentales.
Radio Nacional de Venezuela (RNV), el 7 de marzo 2020, involucra a Torrealba y Chirinos en contrabando de combustible asegurando que “filttraban información estratégica de la industria petrolera a EEUU”.
Guillermo José Zárraga Lázaro: fue detenido después de la explosión de una torre en Planta 4 de la refinería Amuay, Península de Paraguaná, estado Falcón. Nicolás Maduro dijo que fue un misil contra la refinería, pero Ivan Ramon Freites Chirinos, Secretario de Profesionales y Técnicos de la FUTPV y Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón (SUTPGEF), le dijo a Infobae, en diciembre 2020, que en realidad fue una implosión “por fallas operacionales y, hace cinco años personal de Pdvsa había denunciado lo que ocurría en la torre por problemas de corrosión y bajos espesores de las paredes de la torre”.
Fue con la excusa de la captura de un estadounidense que estaba en las adyacencias de las refinerías de Amuay y Cardón, que se ideó el plan para que el 11 de noviembre detuvieran al ingeniero Guillermo Zárraga Lázaro, Secretario de Reclamos del Sindicato. “La Dgcim se lo llevó de su casa a las 8 de la mañana. Su esposa se fue con él y cuando el hijo fue a verlo, los interrogaron. Denunciamos lo ocurrido y lo liberaron a las 3 de la tarde. Al hijo de Guillermo que trabajaba en Amuay, y que debió huir del país, le preguntaron de su relación conmigo, y el muchacho respondió que no existía. A Guillermo no le preguntaron eso porque ya sabían que andaba conmigo todo el tiempo”, contó Iván Freites.
“El 14 de noviembre, a las dos de la madrugada, llegó una nueva comisión de la Dgcim a la casa de Guillermo, saltaron la reja, tumbaron la puerta de acceso y se llevaron detenido a Guillermo nuevamente, pero esta vez para la Dgcim de Boleíta en Caracas”.
Zárraga está detenido en la cárcel de Yare, estado Miranda, con grave cuadro de salud, según denuncia el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de lxs Trabajadorxs (FALT).
Rosa Mota de Millán: tenía 28 años en PDVSA y era la presidente de PDVSA Gas cuando el 27 de febrero 2019 fue detenida, por orden del Tribunal Primero de Control de Caracas con competencia en Terrorismo, por los supuestos delitos cometidos en el 2008: malversación de fondos, peculado doloso y asociación para delinquir. Su salud se deterioro a pasos agigantados por estar en condiciones infrahumanas en el INOF, lugar del que salió el 8 de febrero 2022. En su expediente, según dijo entonces el FALT no había pruebas. La excusa para detenerla fue que meses antes denunció que habría corrupción al interior de PDVSA. El presidente de la estatal petrolera y ministro de Petróleo era el Mayor General (GNB) Manuel Salvadro Quevedo Fernández.
Luis Giovanny Cárdenas Rodríguez: fue liberado, bajo régimen de presentación, el 18 de junio 2021, después de haber sido detenido, por funcionarios de la DGCIM, el 23 de agosto 2019 cuando tenía 15 años en la empresa y solo un mes como gerente de Auditoría Nacional de Negocios Internacionales de PDVSA; estuvo recluido en la DGCIM y luego enviado a la cárcel de Yare II. Su encarcelamiento se debe a una compañera de trabajo que grabó y difundió unos comentarios que Cárdenas hizo de manera jocosa sobre la crisis del país; la grabación llegó a la Dirección de Seguridad de PDVSA quien lo envió a la DGCIM. El Juez Macsimino Márquez lo condenó por instigación al odio, posesión ilícita de arma de fuego, ocultamiento de municiones, contrabando simple y reventa de productos.