Tras perder su curul como diputado y el reconocimiento de la UE como «presidente interino», el político lucha por mantener su liderazgo en una debilitada oposición.
Las acciones de Juan Guaidó están a la baja. El martes, el político opositor envió un mensaje que descolocó a sus adeptos porque contradijo la línea dura de su discurso contra el chavismo y, además, planteó un «acuerdo» que contemplaría hasta el levantamiento de las sanciones de EE.UU.
Ese pacto, según Guaidó, prevé «la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas», la búsqueda de soluciones «realistas y viables» a la crisis del país, y el establecimiento de garantías para todas las partes, en una negociación en la que participarían organismos internacionales y las «potencias mundiales».
La irrupción de esta propuesta no es casual ni improvisada. Las señales de que hay una negociación subterránea entre el Gobierno y factores de la oposición, más allá de Guaidó, son evidentes y han dado resultados. Uno de los signos más representativos de ese acercamiento es la reciente designación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde participan figuras clave del antichavismo, como Enrique Márquez, perteneciente al partido UNT, y Roberto Picón, quien estuvo preso en 2017, acusado de rebelión, traición a la patria y sustracción de objetos militares.
Esos mismos factores, sin demasiado estruendo, han logrado conquistas que Guaidó no puede presumir como suyas. Además, desde enero, el exdiputado no ha hecho más que cosechar reveses, como la pérdida de su curul como parlamentario y el retiro del reconocimiento de la Unión Europea (UE) como «presidente interino». Ante ese escenario, la última carta del ‘interinato’ para mantenerse a flote es jugar con las nuevas reglas del inquilino de la Casa Blanca.
Negociación a dos bandas
Si en 2019 un desconocido y autoproclamado Guaidó prometía «el cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres», el exdiputado ahora pide un «acuerdo para salvar a Venezuela», que incluiría el levantamiento de las sanciones de EE.UU., el mecanismo de «máxima presión» que defendió la oposición radical para provocar la salida de Maduro.
Para algunos analistas consultados por este medio, en Venezuela puede abrirse una negociación a dos bandas: una lenta, con Guaidó; y otra rápida, con figuras de la oposición que no pertenecen al G-4 (los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo).
Por un lado, Guaidó podría usar el respaldo que aún tiene de Washington para tratar de negociar un «acuerdo integral» con el Gobierno, y arrebatarle así el protagonismo a los sectores opositores que ya han abierto canales de diálogo.
Y por otro, la oposición descontenta por el fracaso de la política de Guaidó estaría al frente de los «diálogos parciales» con la administración de Maduro, con miras a asegurar las condiciones que consideran idóneas para participar en las próximas elecciones regionales y municipales. Los principales negociadores de este sector, que prefiere aprovechar cualquier posibilidad de disputa política, serían el excandidato presidencial Henrique Capriles y el exvicepresidente del Parlamento Stalin González.
Es que los comicios, que ya se confirmaron para este año, son un punto clave. La gran cantidad de cargos para elección popular son apetitosos para una oposición que, en los últimos dos años, no ha hecho más que ceder espacios de representación al chavismo por la política de abstencionismo de Guaidó, que apostó al «todo o nada». Y el exdiputado lo sabe.
Por eso, en su mensaje del martes, Guaidó aseguró que comprendía la lucha por lograr «nuevas condiciones» electorales, pero desconoció cualquier esfuerzo que se alcance sin él. Es más, acusó a los factores que negocian actualmente de «conspirar con la dictadura» para erigirse en una «oposición leal a esa tiranía».
Salir del empate «catastrófico»
Los llamados a diálogo en Venezuela son casi tan frecuentes como su fracaso, por eso, en esta oportunidad, pareciera prevalecer el hermetismo sobre las negociaciones. Además, los acuerdos en la volátil política nacional exigen la máxima prudencia por parte de los interlocutores.
Sin embargo, lo que sí está claro es la disposición de los factores en pugna para salir del «empate catastrófico», es decir, ese escenario donde la oposición controla el mecanismo de asfixia económica para el país, mediante el bloqueo, pero sin ejercer el poder político; y el chavismo mantiene su hegemonía en el Estado, pero no posee margen de maniobra internacional. En esa disputa, los venezolanos de pie son los que llevan la peor parte, con un país severamente afectado por las sanciones y con una institucionalidad frágil.
La vía en la que parecen coincidir tanto el Gobierno y buena parte de los sectores más representativos de la oposición está en la reinstitucionalización del país, y el primer paso ya se ha dado con la designación del nuevo CNE. Las próximas elecciones serían el nuevo escalón, pero en ese trayecto, cualquier cosa puede pasar.
Guaidó, que carga con el fardo de las derrotas insurreccionales y el «efecto devastador» de las sanciones que alentó, trata de hacer control de daños en un país que, debido a esas mismas medidas coercitivas, ha tenido dificultades para pagar vacunas contra el coronavirus, comprar alimentos, insumos médicos y vender su principal producto de exportación: el petróleo. En su intento por no quedar definitivamente fuera de juego, ahora aboga por la «seriedad» y «empatía» para atender la crisis.
«Todo lo que hemos sacrificado nos ha traído hasta aquí», dijo la noche del martes, y Maduro respondió de inmediato. El mandatario venezolano aseveró que el planteamiento no era noticia porque ya existe un diálogo adelantado «entre la oposición y el bolivarianismo», proceso al que lo invitó a incorporarse.
«Ahora anda desesperado (…) sale hoy a decir que quiere diálogo porque se quedó por fuera de todo, aislado y derrotado (…) Lo único que puede hacer es incorporarse al diálogo que ya existe, no creer que él va a liderar al país que ni siquiera lo reconoce», declaró Maduro.
Sin embargo, la última palabra podría tenerla la Casa Blanca. Hasta ahora, la administración de Biden ha mantenido una postura pragmática con respecto a Venezuela, reconociendo la poca efectividad de las sanciones (que con tanto ahínco se defendieron en la era Trump) y defendiendo una salida política, no de fuerza. Un cambio de cadencia que no deja indiferente a la oposición venezolana, que baila al son que le toquen en Washington.