La compleja crisis humanitaria que sufre Venezuela ha obligado a aproximadamente 7 millones de venezolanos (según cálculos de la ONU) a abandonar sus lugares de origen para desplazarse hacia otros países. Una cifra nada despreciable si se toma en cuenta que la población total del país se acerca a 30 millones de almas, por lo que estaríamos hablando de casi un cuarto del total del componente demográfico.
La mayoría de esas personas puede que ni siquiera midan la magnitud del sacrificio que conlleva dejar el hogar con pocos recursos y sin un proyecto concreto. Se van a naciones cercanas o atraviesan selvas y ríos para llegar a otras más distantes. El único plan es huir de la miseria, de la violencia o salvaguardar la vida, aunque en realidad la estén poniendo en riesgo. La desesperación los ha convertido, a los que logran llegar, en refugiados, sujetos de una normativa internacional específica derivada, principalmente, de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, que busca garantizar los derechos humanos y la dignidad.
Las crisis derivadas de los movimientos masivos de personas generan responsabilidades a cargo de los Estados, de los organismos internacionales, de las sociedades de acogida y, en fin, de la comunidad internacional en su conjunto. En nuestro caso, por lo general, los países receptores han dado una respuesta favorable; también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones, que son las que principalmente han canalizado la cooperación y la asistencia para atender la situación.
Lo más llamativo de la situación es que mientras otros países hacen malabares para atender la situación, hay una total ausencia de protección por parte del que debería ser el primer involucrado, es decir, el Estado venezolano, que ignora deliberadamente que hay una crisis. No solo porque no destina ni un minuto de su tiempo a pensar en políticas de bienestar que impidan la fuga masiva de connacionales, la mayoría de ellos jóvenes que, al irse en busca de mejores oportunidades, dejan al país sin futuro y sin talentos; sino que tampoco atiende a los compatriotas que son deportados, detenidos o abusados, entre otras cosas porque los servicios consulares del chavismo no se caracterizan por su eficiencia para atender a los connacionales, razón fundamental de su existencia.