La destacada jurista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, ha sido detenida recientemente, generando preocupación y alarma en la comunidad internacional. San Miguel, reconocida por su labor en la supervisión de asuntos de seguridad y defensa en Venezuela, ha sido arrestada por su presunta vinculación en una conspiración magnicida contra el presidente Nicolás Maduro, conocida como «Brazalete Blanco».
La detención de San Miguel tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a abordar un vuelo con su hija. Desde entonces, se encuentra en paradero desconocido y sin poder comunicarse con sus seres queridos. Esta situación ha llevado a expertos a calificar su caso como una «desaparición forzada», lo cual constituye una grave violación de los derechos humanos.
Rocío San Miguel es reconocida tanto por su activismo en defensa de los derechos humanos como por su condición de víctima de hostigamiento por parte del Estado venezolano. En 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares de protección a favor de San Miguel y su hija debido a las amenazas y el hostigamiento que habían sufrido por su labor como defensoras de derechos fundamentales en el país.
Además de su trabajo en Control Ciudadano, San Miguel también supervisa los compromisos de Venezuela con el Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su labor ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndola en una figura de alto perfil en el ámbito de los derechos humanos en Venezuela.
Sin embargo, esta no es la primera vez que San Miguel enfrenta persecución y difamación por parte del gobierno venezolano. En el pasado, el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios del chavismo la han acusado falsamente de participar en intentos de golpe de Estado y desestabilización del país. Estas acusaciones infundadas han sido denunciadas por organizaciones internacionales de derechos humanos.
La detención de Rocío San Miguel y su situación de desaparición forzada son un claro ejemplo de las limitaciones y amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos en Venezuela. Organizaciones como Cofavic han registrado un alarmante número de ataques y agresiones contra defensores de derechos humanos en los últimos años.
Ante esta situación, la comunidad internacional ha demandado la inmediata liberación de Rocío San Miguel y el cese de la persecución política en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha expresado su apoyo a San Miguel y ha instado a las autoridades venezolanas a respetar los derechos humanos y garantizar un ambiente seguro para los defensores de derechos fundamentales.
Es fundamental que se ponga fin a la persecución y criminalización de los defensores de derechos humanos en Venezuela. La labor de personas como Rocío San Miguel es vital para la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la democracia en el país.