La Presidencia de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el miércoles que las juezas Reine Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera continuarán la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Según se informó en el sitio web de la CPI, los casos de Venezuela I y Venezuela II serán asignados a la Sala de Cuestiones Preliminares I, que estará compuesta por estas magistradas. Además, se nombró a Iulia Motoc para unirse al grupo de juezas, en reemplazo del juez Péter Kovács.
Reine Alapini-Gansou, originaria de Benin, es abogada y miembro del Colegio de Abogados de Benin y del Colegio de Abogados Penal Internacional. Antes de unirse a la CPI en 2018, pasó 12 años en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) y fue Relatora Especial sobre defensores en África. También ha sido miembro de varias comisiones de investigación de las Naciones Unidas y jueza de la Corte Permanente de Arbitraje.
María del Socorro Flores Liera, de México, estudió derecho en la Universidad Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en derecho internacional público. Antes de unirse a la CPI, tuvo una destacada carrera en el Servicio Exterior de México y ocupó varios cargos de alto nivel, incluyendo el de Representante Permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Ha participado en la negociación de instrumentos internacionales en el campo del derecho internacional público y ha sido abogada defensora de México en casos ante la Corte Internacional de Justicia.
Iulia Motoc, de Rumania, es una reconocida experta en derecho internacional. Antes de unirse a la CPI, fue jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y profesora de Derecho Internacional. También se desempeñó como Relatora Especial de la ONU para la República Democrática del Congo y ha informado sobre crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Tiene amplia experiencia en diversos sistemas legales y ha sido miembro y presidente de varias comisiones de derechos humanos de la ONU.
La designación de estas juezas es un paso importante en la investigación de los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En marzo, la CPI rechazó la apelación presentada por el gobierno de Nicolás Maduro para impedir la investigación. Los jueces afirmaron que el fiscal no está obligado a notificar al Estado venezolano sobre todos los actos que pretende investigar y que la decisión de la CPI es de gran importancia para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en el país. La CPI ha señalado que los procesos penales internos en Venezuela no reflejan adecuadamente la magnitud de los crímenes y ha destacado la falta de avances en la búsqueda de justicia.