Hernández explicó que los abogados contratados por Maduro para representar a su Gobierno en el caso serán rechazados por los tribunales, pues los únicos reconocidos como legítimos serán los representantes legales de Guaidó
El Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos ratificó el pasado 31 de enero que la única representación del gobierno de Venezuela ante tribunales estadounidenses es por parte del presidente de la Asamblea Nacional (AN) y mandatario encargado, Juan Guaidó.
La cuenta de Twitter de la Procuraduría Especial de la República de Venezuela, encabezada por el procurador especial José Ignacio Hernández, constató la información este lunes 3 de febrero.
«Se respaldan, de esta manera, los esfuerzos de esta Oficina para defender los derechos e intereses de Venezuela ante los tribunales, desafiando la representación ilegítima de los abogados de Maduro», resaltan en la publicación.
Hernández explicó que los abogados contratados por Maduro para representar a su Gobierno en el caso serán rechazados por los tribunales, pues los únicos reconocidos como legítimos serán los representantes legales de Guaidó.
«Importante noticia: el departamento de Justicia ratifica que los abogados Maduro no pueden representar a Venezuela: esa representacion es exclusiva del Gobierno del Presidente encargado Guaidó a través de la Oficina del Procurador Especial»
El Departamento de Justicia decidió ratificar una decisión que había tomado la Corte de apelaciones del Distrito de Columbia en mayo de 2019, cuando determinó que solo Guaidó podía ejercer la representación legal del Estado de Venezuela en territorio estadounidense.
«Qué Gobierno debe considerarse aquí como representante de un Estado extranjero es una cuestión política más que judicial, y debe ser determinada por (…) los gobernadores», indicó la corte de apelaciones.
Este no fue el único revés judicial sufrido por Nicolás Maduro en territorio estadounidense. Según Bloomberg reseñó apenas días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que reconocería a Guaidó como presidente de Venezuela, la firma de abogados Arnold & Porter Kaye Scholer LLP había sido contratada por el gobierno oficialista previamente para representar a Venezuela, pero tras conocer la decisión de Washington, presentaron una moción a petición de la administración de Guaidó para retrasar un caso sobre una demanda de Rusoro Mining Ltd contra Venezuela por expropiación de sus propiedades.
Posteriormente, se conoció que el bufé de abogados Foley & Lardner, quienes habían recibido 12,5 millones de dólares para representar al gobierno de Maduro ante las cortes estadounidenses, cortaría lazos con el chavismo después de recibir una carta del senador republicano Rick Scott, que criticaba el trato por sostener acuerdos con un «peligroso dictador».
La Procuraduría Especial fue creada por Guaidó en un intento por defender algunos de los activos de Venezuela en el exterior, en peligro de ser embargados a raíz de disputas judiciales por problemas de impagos del gobierno de Maduro, como es el caso de Citgo Petroleum Corporation.