Pese a que el régimen de Nicolás Maduro pretende mostrar intenciones de cambio con una supuesta reforma policial que busca influir en la investigación por crímenes de lesa humanidad que lleva la Corte Penal Internacional, expertos consideran que esta no tendrá efectos en el organismo internacional
Las policías de Venezuela son de los organismos que más violan derechos humanos. Sus prácticas de terror y la gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales que se le atribuyen hacen que sean altamente temidas por la población. En lugar de generar tranquilidad producen inseguridad.
En 2020 al menos 2.853 personas fueron asesinadas en el país por diferentes cuerpos armados del Estado, de acuerdo con las estadísticas de Provea. La Policía Nacional Bolivariana (PNB), por medio de su grupo élite, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), es el cuerpo que acumula la mayor cantidad de muertes con 672 asesinatos, seguido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 593 casos. En tercer lugar están las policías de los estados, siendo responsables de 721 presuntas ejecuciones, mientras que la Fuerza Armada Nacional acumuló 359 casos.
El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dedicó un capítulo especial a las FAES y desde 2019 recomendó de forma inmediata al régimen de Nicolás Maduro disolver ese cuerpo de seguridad por las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Hasta la fecha la solicitud ha sido ignorada.
Sin embargo, lo más parecido que se le ha ocurrido al gobierno es la orden de reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dada por Nicolás Maduro a mediados de abril, publicada en la Gaceta Oficial N° 42.105 con fecha del 13 de abril de 2021.
¿Qué hay detrás de la reforma policial?
Según el decreto para la reforma policial, esta busca reimpulsar la doctrina original de la policía “eminentemente comunitaria, preventiva, de proximidad, protección y autoridad para garantizar la seguridad y la paz del pueblo”, así como contribuir con los fines del Estado “en el marco de los parámetros del respeto a los derechos humanos”.
Para el abogado penalista Luis Izquiel esta supuesta transformación de la PNB surge tras la ola de denuncias nacionales e internacionales de violación de derechos humanos por parte de este organismo, buscando “enviar una señal a la Corte Penal Internacional (CPI) de que acá se están corrigiendo los errores que hubiesen podido haber cometido las FAES y (diciendo) que no van a suceder porque el organismo va a ser reestructurado”.
Por su parte, Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, considera que aunque la reforma policial se presenta como un proceso para rectificar, desde su origen es errado. Sostiene que este “busca aparentar que hay esfuerzo por parte del gobierno de cambiar prácticas de ejecuciones, pero desde que se dictó el decreto la PNB sigue matando personas”.
Por otra parte, Alvarado celebra que se esté planteando disolver las Fuerzas de Acciones Especiales acatando las recomendaciones de Bachelet, pero reitera que para que esta decisión no sea “un maquillaje, sino un cambio significativo” debe empezar por poner a la orden de la justicia a los responsables de miles de ejecuciones y no únicamente cambiar el nombre y uniforme, y dejar a los mismos funcionarios. «De ser así, la población seguirá sufriendo la violencia policial”.
Con relación al cambio de nombre para las FAES, Izquiel asegura que es un “maquillaje digno del Miss Venezuela, porque al fin y al cabo seguirá haciendo lo mismo si no hay una estructuración profunda y verdadera dentro de ese organismo”.
Pese a que el régimen de Nicolás Maduro pretende mostrar intenciones de cambio en sus políticas y prácticas policiales, el criminólogo Luis Izquiel desestima que estos recursos de última hora causen efecto en la Corte Penal Internacional “porque este organismo está enfocado en la actuación del año 2017, en la falta de sanciones a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos” y que en el país no hay justicia porque las instituciones están en manos del poder.
Reforma policial por militares
Pese a que Maduro indicó que esta nueva reestructuración policial busca retomar el proyecto doctrinario original con el que se conformó la Policía Nacional Bolivariana, el hecho de que la reforma se haya encargado a funcionarios militares ya la convierte en inconstitucional.
Izquiel y Alvarado coinciden en que esto es una desviación de lo que fue el inicio del nuevo modelo policial y va en contra de la Conarepol -espacio plural, académico, diverso e interinstitucional que trabajó para la formulación de un modelo policial basado en el respeto a los derechos humanos- donde se hace énfasis al carácter civil de la policía.
El criminólogo Luis Izquiel enfatiza que “con Maduro -aunque se veía desde Chávez- lo que se ha hecho es profundizar el carácter militar de los cuerpos de policías en Venezuela”; mientras el defensor de DDHH Marino Alvarado dice que “nada más alejado de ese proyecto que una filosofía militar”.
Izquiel lo resume de la siguiente manera: “Lo que se debería transformar allí es quitar el militarismo y reivindicar el carácter civil de la policía”; pero al mismo tiempo matiza que esta comisión presidida por Carmen Meléndez, ministra de Interior, Justicia y Paz (almirante retirada); el militar José Gregorio Rojas Eugenio como coordinador y, Ender José Palencia, viceministro de seguridad como director general, quien también tiene formación militar se pierden las esperanzas.
Para Marino Alvarado, con esta comisión de reestructuración lo que se hace es “constatar la ratificación de una desviación que ya tiene la PNB con militares en su principal cadena de mando”.
Lo que debe reformarse
El representante de Provea insiste en que uno de los principales propósitos de la reforma policial debe ser “acabar con la práctica de perpetrar graves violaciones a los derechos humanos” porque si no se hace, poco bueno se puede esperar al respecto. Además, pide que se haga garantizando transparencia.
Marino Alvarado suma que debe haber contraloría por los interesados en monitorear el avance de la reestructuración y aunque elogia que algunos civiles formen parte de la comisión, dice que “no puede asumirse como garantía de control ciudadano”.
Por su parte, Luis Izquiel sostiene que para que los funcionarios policiales respeten los derechos humanos “no se debe reestructurar nada”, pues recuerda que desde el punto de vista teórico existen manuales y leyes que enseñan a los policías cómo actuar.
Sin embargo, agrega que, en su opinión, la reestructuración policial debe abordar los siguientes aspectos: buena formación de los funcionarios que en la actualidad no ocurre, controles internos para poder actuar contra funcionarios que incumplan su labor, dotación de equipos operativos para poder defender a la ciudadanía, eliminar la partidización dentro de los organismos policiales y mejoras salariales, pues afirma que “Venezuela tiene el peor salario de policías del mundo; ni en Haití los funcionarios policiales ganan entre cinco y siete dólares”, sentencia.