Con Informacion de Maduradas
El gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, expresó este miércoles su desacuerdo con la Justicia argentina, a la que acusa de ceder a presiones de Estados Unidos al ordenar el decomiso de un avión venezolano-iraní que estaba retenido en Buenos Aires desde junio de 2022, y que había sido solicitado por las autoridades estadounidenses.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo de Maduro condenó de manera contundente la decisión del juez federal argentino Federico Villena, calificándola como «servil a intereses imperiales» y acusándola de intentar consumar el robo de la aeronave, que se encontraba inmovilizada en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires.
La medida fue adoptada en respuesta a una solicitud presentada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos), la cual instaba a las autoridades argentinas a confiscar el avión debido a su posible vinculación con actividades de terrorismo internacional.
Venezuela sostiene haber demostrado, ante «todas las instancias jurídicas y políticas internacionales», la posesión legal y legítima de la aeronave, la cual, según afirman, está dedicada al transporte de insumos de primera necesidad.
En el comunicado, el gobierno venezolano acusa a la Justicia y al gobierno argentinos de llevar a cabo una «conducta de pillaje, piratería y vasallaje» que transgrede la legislación nacional e internacional en materia comercial y aeronáutica.
Advierten que tomarán «todas las medidas jurídicas, diplomáticas y políticas» para proteger sus derechos y alertan a la comunidad internacional, especialmente a los países latinoamericanos, de que cualquier acción ilegal que facilite el decomiso será considerada como un acto hostil.
La aeronave en cuestión es un Boeing 747 Dreamliner de carga, que originalmente pertenecía a la empresa iraní Mahan Air y que ahora es propiedad de Emtrasur, una filial de la estatal venezolana Conviasa, ambas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La tripulación, compuesta por cinco iraníes y 14 venezolanos, fue inicialmente detenida y luego puesta en libertad por el juez Villena debido a la falta de evidencia.
La decisión de decomisar y entregar el avión a Estados Unidos se basó en un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes consideraron procedente la solicitud de decomiso en virtud de un tratado de asistencia mutua suscrito entre Argentina y Estados Unidos. Este tratado incluye la cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro.