Unos 11 presos políticos que se encontraban en la sede de las FAES en La Quebradita que serían trasladados presuntamente a cárceles comunes
Algunos presos políticos encerrados en centros de detención de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) empezaron a ser trasladados en las últimas horas.
Según denuncia la diputada a a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Adriana Pichardo, los presos políticos estarían siendo trasladados «sin paradero conocido», por lo que alerta que se están violando sus derechos humanos.
La parlamentaria mencionó como perjudicados por esta medida a Darío Estrada, Rigoberto Moreno y a Roberto Franco, aunque aseguró que otras cuatro personas serían trasladados de la sede de las FAES.
«Es peligroso y violatorio de sus derechos humanos que se esté ejecutando este tipo de medidas», reflexionó en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el director de Foro Penal, Alfredo Romero, también informó sobre esta medida y ratificó que uno de los trasladados sería el profesor Roberto Franco. «Se desconoce a dónde lo llevaron», subrayó en su cuenta de Twitter.
Además, el periodista Víctor Ugas también informó sobre esta operación llevada a cabo por las autoridades penitenciarias del país. Mencionó a 11 presos políticos que se encontraban en la sede de las FAES en La Quebradita que serían trasladados a cárceles comunes.
Entre los afectados, mencionó a Gilberto Sojo, dirigente de Voluntad Popular y diputado suplente a la Asamblea Nacional opositora detenido el pasado mes de marzo.
Estos traslados ocurren en un contexto de cambios administrativos en diversos entes policiales y militares del país. En el último mes, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cambió de dependencia y empezó a responder al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en lugar de la Vicepresidencia Ejecutiva, como lo había hecho durante gran parte de la última década.
Hace 24 horas se conoció que tanto el Sebin como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) empezarían a transferir la custodia de sus presos a cárceles comunes, aunque no se tenía contemplado a las FAES.
El gobierno, sin embargo, ya había tomado este tipo de medidas en el pasado. Así ocurrió con Guillermo González, un controlador aéreo detenido en mayo de 2020 y recluido en la sede de la Dgcim hasta que fue trasladado al Rodeo II en abril de este año.
De acuerdo con el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, estas acciones podrían formar parte de una estrategia del Gobierno para intentar de aparentar que se respetan los derechos humanos, pues las sedes del Sebin, Dgcim y las FAES son los principales focos de tortura para presos comunes en el país.
En los últimos meses, el chavismo ha intentado convencer a la Corte Penal Internacional (CPI) de que en Venezuela no existe una violación sistemática de los derechos humanos, y que los crímenes particulares efectuados por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado se han judicializado.
En el cuarto de una serie de informes enviados a la Fiscalía de la CPI, el Ministerio Público afirma que se lleva a cabo una reestructuración en el Sebin y la Dgcim, en un intento por cumplir con los requerimientos del organismo internacional.