En Venezuela, existe un artículo en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que está siendo utilizado de manera discrecional para retrasar los procesos judiciales y mantener en prisión a presos políticos. Aunque este artículo no es nuevo, en el último año ha sido utilizado para dilatar los procesos contra activistas y operadores políticos, lo que ha llevado a que el 70% de los prisioneros en el país no hayan recibido una condena definitiva.
El artículo en cuestión, el título 320 del COPP, establece que si un juicio no se reanuda dentro de los once días después de su suspensión, debe reiniciarse desde el principio. Esto ha llevado a que muchas personas pasen años en prisión esperando ser absueltas o demostrar su inocencia.
Según el abogado Joel García, una vez que se reinician los juicios, la detención preventiva se mantiene y se convierte en una pena anticipada, sin certeza sobre cuál será la sentencia. Esto se debe al principio de inmediación, que establece que el juez debe seguir el proceso de manera continua para tomar una decisión equilibrada basada en un análisis constante de las evidencias.
Sin embargo, este artículo está siendo utilizado para mantener a varias personas en prisión, lo que demuestra una táctica para restringir la libertad de aquellos que se oponen al gobierno. Según García, estos retrasos son ejemplarizantes para disidentes políticos y demuestran la falta de independencia del sistema judicial.
Existen casos como el del periodista Roland Carreño y el activista Javier Tarazona, quienes han vivido múltiples juicios debido a interrupciones y despojos de competencias a los jueces. Muchas veces, los detenidos no son llevados a los tribunales o no se presentan testigos o funcionarios, lo que contribuye a la dilación de los procesos.
Los abogados denuncian que esta táctica lleva a algunos prisioneros a admitir delitos para acelerar los procesos y buscar una pena más baja. Esto es una gran injusticia, ya que muchas personas inocentes siguen en prisión a la espera de una justicia tardía.
En resumen, el artículo 320 del COPP ha sido utilizado de manera discrecional para retrasar los procesos judiciales en Venezuela, especialmente en casos políticos. Esto ha llevado a que personas inocentes pasen años en prisión sin recibir una condena definitiva, lo que demuestra una falta de justicia y una violación de los derechos humanos.