En un irregular y clandestino remate judicial, realizado en contravención a todas las reglas procesales que la ley venezolana obliga sean cumplidas para llevar a cabo este tipo de actos, el Tribunal 3ero. de 1era. Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la juez Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del Contralor General de Maduro, Elvis Amoroso Hidrobo; el pasado 27 de enero del presente año, sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas; de espaldas a El Nacional y a su representante judicial; y sin la presencia de ningún testigo sino solo del abogado del demandante, Alejandro Castillo Soto; le adjudicó directamente la propiedad de la sede de El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida, a Diosdado Cabello Rondón.
Con esta adjudicación ilegal, que por la irregular forma en que se ejecutó, bien podrá calificarse de “robo judicial”, se completa parte de la condena impuesta a este diario, por los supuestos daños morales causados, cuando en ejercicio legítimo de su periodismo de investigación, este periódico transcribió un artículo de un rotativo español (el “ABC”) donde se afirmaba que funcionarios estadounidenses investigaban a Cabello por presuntos vínculos con el narcotráfico. Nótese que el juicio de difamación por la nota publicada nunca avanzó, ni siquiera adjuntaron el recorte de la noticia aparecida en ABC, y nunca tomaron en cuenta que en base a esa investigación la DEA estableció una recompensa de Diez millones de dólares para aquella persona que colabore con la captura de Cabello.
Llama la atención que la indemnización inicial contra El Nacional, que se había acordado a favor de Cabello y éste había aceptado, quedando en consecuencia firme y con valor de cosa juzgada, desde el año 2018, por el monto de Diez Mil Bolívares soberanos (Bs. S. 10.000,oo; hoy 0,1 bolívares digitales); fue intempestivamente modificada, como consecuencia de un infundado avocamiento de la Sala de Casación Civil del TSJ, quien transformo el monto de condena definitiva, en la inverosímil e inusual cifra de Doscientos Treinta y Siete Mil Petros (237.000 Ptros.) que en el cambio del momento equivalía a 13 millones de dólares, lo cual, suspicazmente ocurrió, justo en el momento en que el Capitán Diosdado Cabello era designado presidente de la comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano.
De esta forma se concreta, el despojo o arrebato judicial que de su sede natural, es víctima El Nacional, litigando en contra del Presidente de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, justo en el Tribunal de la hermana del Contralor General de Nicolás Maduro, todo por defender la verdad.