Rocío San Miguel, una destacada defensora de los derechos humanos y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, celebrará su primer cumpleaños tras las rejas el próximo 6 de mayo. San Miguel fue detenida el 9 de febrero y actualmente se encuentra recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, Caracas. Se le imputan varios delitos graves, incluyendo traición a la patria, terrorismo, conspiración, asociación, espionaje y su presunta participación en la operación militar conocida como Brazalete Blanco, un supuesto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro.
A pesar de haber pasado casi tres meses desde su detención, San Miguel aún no ha tenido acceso a sus abogados para preparar su defensa. El abogado Joel García, quien forma parte del equipo de defensa de la activista, ha denunciado recientemente que el juez a cargo del caso, Carlos Liendo, no permite que el equipo de defensa técnica privada se juramente para representar a San Miguel. Esto genera preocupación, ya que en ausencia de una defensa adecuada, San Miguel no podrá demostrar su inocencia y se enfrentará a un juicio en el que no se ha respetado el debido proceso.
García teme que, si no se permite la defensa privada de San Miguel, ella no podrá recibir un juicio justo y será llevada a juicio sin la posibilidad de defenderse adecuadamente. Además, ha señalado que la defensa pública asignada a San Miguel nunca la ha visitado en El Helicoide y tampoco se ha comunicado con su familia.
El 8 de marzo, en el Día de la Mujer, San Miguel envió un mensaje al gobierno de Nicolás Maduro a través de su abogado. En el mensaje, solicitó que las autoridades reconsideren su situación y le otorguen la libertad de forma pronta. Además, reiteró su fortaleza y confianza en su inocencia, enfatizando que es una mujer comprometida con la paz y el diálogo.
La situación de Rocío San Miguel es preocupante y deja en evidencia las dificultades que enfrentan los defensores de derechos humanos en Venezuela. Es fundamental garantizar el respeto al debido proceso y brindar a San Miguel la oportunidad de ejercer su derecho a una defensa justa y adecuada.