¡SECUESTRADOS, TORTURADOS Y ENTERRADOS EN FOSAS COMUNES! Militares masacraron a 12 jóvenes en Barlovento

DolarToday / Nov 28, 2016 @ 4:00 pm

Familiares de Yorman Mejías, una de las víctimas de la OLP en Barlovento, denunciaron que también fue torturado. La morgue de Bello Monte está militarizada

NATALIA MATAMOROS / NMTAMOROS@EL-NACIONAL.COM / El Nacional

Yorman Mejías tenía una pequeña finca donde sembraba frijoles y plátanos en Yaguapa, en el municipio Acevedo del estado Miranda. El 16 de octubre a las 4:00 pm, cuando recogía la cosecha de los granos, cinco hombres con uniforme militar se presentaron en su propiedad y lo sometieron. Lo golpearon y le dijeron que se trataba de una Operación de Liberación del Pueblo.

El testimonio de un allegado de Mejías indica que los uniformados eran miembros del Ejército y que cuando irrumpieron en la vivienda apuntaron con armas largas a Mejías, y también amenazaron a su hermano que está en silla de ruedas por un tiro que recibió en la columna hace dos años para robarlo. Uno de los soldados le dijo: “Cállate, deja de protestar, que a ti también te vamos a matar; esto es una OLP y estamos cumpliendo órdenes presidenciales”. A Mejías lo montaron en un jeep y se lo llevaron al sótano de una quinta que tenían los militares en la población de El Café. Allí permaneció durante 48 horas. “Mi mamá y su esposa le llevaban comida y ropa para que se cambiara. Le preguntaban a los efectivos de qué se les acusaba y no les daban respuesta. Ellos las insultaban y a mi hermano lo torturaron. Él no tenía antecedentes, era un hombre que trabajaba en el campo para mantener a su esposa y a un niño de 8 años de edad que estaba criando”, dijo su hermano Javier.

El tercer día que Mejías estuvo recluido en ese comando, familiares acudieron a llevarle alimentos, pero uno de los funcionarios les informaron que a él, junto con otros 11 detenidos en el procedimiento, los trasladaron al Fuerte Chaguaramal, en Cúpira. “Nos fuimos hasta allá y nos dijeron que no había presos”, señaló el hermano.

La búsqueda continuó en otros comandos militares y policiales. La denuncia de la desaparición de Mejías y otros 11 hombres, la mayoría agricultores, fue elevada a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Cicpc. “La semana pasada estuvimos en la morgue de Bello Monte y nos informaron que el cuerpo no estaba allí. Mi mamá presentía que lo habían matado y enterrado en Barlovento. No se equivocó”, expresó.

Yorman Mejías es uno de los 12 hombres que fueron asesinados y enterrados en una zona montañosa del municipio Acevedo. En esa OLP desplegada en las poblaciones de Capaya, Yaguapa, El Café, Cambural y Aramina también fue asesinado Anthony Vargas. Familiares manifestaron que estaba parado frente a su casa en la calle Las Clavellinas de Capaya cuando funcionarios castrenses lo detuvieron. “Él era albañil, no era un delincuente, y lo mataron como a un perro”, expresó uno de los familiares. Agregó que la hija de la víctima, de 7 meses de nacida, quedó desamparada.

Morgue militarizada. Los restos de los 12 hombres asesinados en Barlovento fueron llevados a la morgue de Bello Monte para cotejar su identidad a través de pruebas de ADN.

Familiares de las víctimas fueron custodiados por cerca de 60 funcionarios de la GNB, entre estos siete generales, y el Ejército. Los mantuvieron reunidos en el auditorio de la sede administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Las pruebas practicadas están a cargo de un equipo técnico de la Unidad Criminalística del Ministerio Público.

Aún hay dos desaparecidos

Aún hay dos personas desaparecidas por el caso de las víctimas de la OLP en Barlovento, denunció la presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano.

“Los familiares denunciaron que durante esa OLP que se practicó entre el 13 y el 16 de octubre de este año hubo cerca de 30 detenciones, de las cuales solo 3 correspondían a personas solicitadas en tribunales”.

Representantes de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz instaron a que se lleve a juicio a los responsables. Solicitaron que los 11 funcionarios implicados en la masacre, que fueron detenidos y serán imputados por la Fiscalía, reciban sanciones severas del Ministerio de la Defensa, que los degradaría. También pidieron que a los familiares de las víctimas se les otorgue indemnización y reparación por daños psicológicos y morales.

21 personas han sido asesinadas en los operativos de seguridad en el último mes. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello denunció en Twitter que evidencian el fracaso de la militarización de la seguridad ciudadana.

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