Sin orden judicial, funcionarios de Inteligencia Militar irrumpieron por la fuerza y se hicieron con el control de la vivienda en el estado de Vargas
Un grupo de funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DGCIM) del régimen de Venezuela desalojó este viernes a una familia de su hogar en La Guaira, estado de Vargas, para hacerse con el control de la vivienda.
En total 10 funcionarios liderados por el capitán Ibis Ramírez y bajo las órdenes Alexander Enrique Granko Arteaga irrumpieron en la casa y forzaron la salida de los inquilinos, una familia que incluye a tres niños, según reportó El Nacional.
El hecho ocurrió en la quinta Los Gnomos en la urbanización Caribe de La Guaira, en una casa construida en 1967 y propiedad de Isabel González Capriles.
De acuerdo a la periodista Mariana Reyes, no es la primera vez que funcionarios de la DGCIM intentan incautar una vivienda que les interesa. En este caso, señaló Reyes, la salida a mar abierto y el muelle privado de la vivienda eran un atractivo especial.
Según El Nacional, la familia recibió el 4 de agosto una advertencia de parte de la DGCIM para que abandonaran la residencia con sus pertenencia antes del 15 de agosto. Este viernes los hombres rompieron las cerraduras e ingresaron sin orden judicial ni fiscales del Ministerio Público, tomando posesión de la vivienda.
González Capriles asegura que sus gestiones ante la Fiscalía General de la República tras el hecho han sido “infructuosas”.
“Me veo obligada, ante la indefensión legal que me encuentro por la inexistencia del Estado de Derecho, a apelar a la opinión pública para denunciar este atropello”, expresó en vdeo divulgado en redes sociales
“La casa, construida por mi abuelo César Capriles Ayala en los años sesenta, ha permanecido en mi familia desde entonces, siendo yo la única propietaria al recibirla en herencia”, agregó.
Las prácticas de la DGCIM
El almirante Franklin Asdrúbal Montplaisier denunció en febrero que funcionarios de Inteligencia Militar recorren urbanizaciones castrenses buscando a los oficiales que no han entregado las unidades tras las órdenes de desalojo, que corresponden ser ocupadas por los oficiales activos que ocupen determinados cargos.
“No puedo permitir que, después de ese tiempo, después de dar y arriesgar todo, estando hoy amenazado por haber sido Edecán de Chávez, por haber sido Comandante General de la Armada y otros cargos importantes, me traten como a un delincuente, como a un prófugo de la justicia al punto tal que he sido imputado y próximo a ir preso si no cumplo las órdenes que me dieron en un plazo corto”, indicó el almirante en ese momento.
No estaba claro si el hecho ocurrido en La Guaira estaba relacionado en forma alguna.