El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló sobre la crisis humanitaria en la ruta migratoria a través del Darién, la frontera selvática que separa a Colombia y Panamá. ¿Su solución? «Desbloquear económicamente a Venezuela». De manera similar, el gobierno de Biden piensa que normalizar las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro aliviaría las presiones migratorias venezolanas en la frontera sur de Estados Unidos.
Sin duda, la administración estadounidense está observando el tablero geopolítico. Con el príncipe saudí, Mohamed Bin Salman, y el líder ruso, Vladimir Putin, fortaleciendo su control sobre el suministro mundial de petróleo, Estados Unidos está ansioso por encontrar fuentes alternativas, especialmente antes del crucial año electoral 2024. Ahí entra Venezuela: una nación con vastas reservas de petróleo que potencialmente podrían estabilizar los precios globales fluctuantes del crudo. Consecuentemente, la reciente licencia otorgada por la Casa Blanca a gigantes petroleros americanos (Chevron) y europeos (Repsol y Eni) para extraer y exportar crudo venezolano parece estratégicamente astuta. Pero ¿lo es realmente?
La evidencia apunta hacia un creciente número de inmigrantes venezolanos, con la tercera ola llegando a la frontera sur de Estados Unidos este año. Aunque los requisitos de visa de México y el Título 42 han ralentizado el flujo, es solo una solución a corto plazo para un problema mucho más profundo.
El meollo del éxodo venezolano no es meramente económico. Está enraizado en disparidades socioeconómicas y graves violaciones de los derechos humanos. El férreo control del régimen de Maduro sobre la nación ha llevado a un devastador declive en los estándares de vida y las perspectivas de sus ciudadanos. La falta de independencia de los poderes y la represión judicial han hecho su parte en una nación en la que la riqueza está concentrada en manos de unos pocos, mientras la mayoría está viviendo en pobreza o pobreza extrema.
Por eso no tuvo asidero la narrativa que intentó arraigar Maduro con el eslogan «Venezuela se arregló». El lema, seguido de reuniones publicitadas con el sector empresarial, solo fueron una fachada para los observadores internacionales. La realidad en el terreno es otra.
La verdad es que las recientes licencias de extracción de petróleo, en lugar de aliviar las presiones sobre el pueblo venezolano, parecen estar fortaleciendo las arcas del régimen de Maduro. La correlación positiva entre inmigrantes venezolanos y exportaciones de crudo a Estados Unidos, publicada por nuestro columnista Antonio de la Cruz en su más reciente artículo, dibuja un panorama sombrío. Los ingresos del petróleo, en vez de ayudar al venezolano común, están llenando los bolsillos de quienes dicen que se mantendrán en el poder por los próximos 200 años.
Los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo, particularmente de gigantes como Chevron, han mejorado significativamente el flujo de caja del régimen. Pero estos fondos están siendo canalizados para propósitos particulares, que tanto necesitan para un año electoral que afrontan con un rechazo cercano al 90%.
Creer, entonces, que desbloquear económicamente el régimen de Maduro resolverá la crisis migratoria del Darién es ingenuo en el mejor de los casos y peligrosamente miope en el peor.
¿La solución? Una completa revisión estructural que parta de un renacimiento democrático. Sin él, el éxodo solo se intensificará y el país quedará, como afirma el columnista De la Cruz, “en las garras de un régimen mafioso-criminal”.