La opacidad y la falta de informes de gestión complican el seguimiento de delitos en el país, no solo los relacionados a la corrupción. Tarek William Saab ha ofrecido datos en una entrevista que, al ser contrastados con declaraciones oficiales anteriores, dejan varias dudas a despejar
La actuación del Ministerio Público se desconoce más allá de las ruedas de prensa donde se ofrecen datos sueltos. Con cifras a discrecionalidad del fiscal impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, tener un estimado de delitos anuales o tan siquiera del seguimiento a tramas de corrupción como Pdvsa Cripto —sometida a la discrecionalidad de la Policía contra la Corrupción— se complica.
Desde 2015, durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, el MP no publica informes de gestión. Acceso a la Justicia señaló en un análisis sobre la actuación hasta 2018 de este organismo que, con base en el artículo 5 de la Constitución, los poderes públicos están obligados a rendir cuentas ante quienes ostentan la soberanía, es decir, ante los ciudadanos en aras de garantizar el derecho del acceso a la información pública.
El artículo 276 constitucional obliga al Ministerio Público a entregar su informe anual de gestión ante la Asamblea Nacional, además de hacerlo público.
Al no tener información pública certera sobre las actuaciones, los datos se pervierten y desdibujan en cada declaración de Saab. El ejemplo más reciente es la trama de corrupción Pdvsa Cripto, bautizada de esta forma por el fiscal.
El miércoles 5 de abril, en una rueda de prensa, afirmó que están detenidas 34 personas, aunque la realidad es otra. Durante la lectura de nombres, Saab solo se refirió a 33 e incluso reconoció que se había incluido al empresario Fernando Bermúdez entre los arrestados, pero en realidad está prófugo de la justicia.
Pero este no es el único caso de cifras que no cuadran. El pasado 11 de marzo, el portal Misión Verdad publicó una entrevista con este funcionario. En un recuento de gestión, Saab aseguró que —desde 2017 y hasta esa fecha— se encontraban en investigación 26 tramas de corrupción que involucran al sector petrolero. En poco menos de un mes se develaron cinco más, pero solo se tiene conocimiento de Pdvsa Cripto. Entonces, ¿cuáles son las otras cuatro?
Las discrepancias también se notan en otras áreas. Por ejemplo, sobre los casos de acoso escolar informó que «en el año 2022 se registraron en el territorio nacional un total de 271 casos con 413 víctimas, porque en un caso puede haber varias víctimas. Hay 165 adolescentes imputados, pues tienen que sentir que hay una responsabilidad penal en su mala acción de ultrajar, de golpear, de lesionar a sus compañeros. 121 acusados, obteniéndose 12 condenas».
En noviembre de 2022, durante su recuento anual, el fiscal anunció 341 casos de acoso escolar. Es decir, hay 70 casos que no se encuentran en sus nuevas declaraciones y tampoco explica las razones. Lo que sí se incluyó fue una nueva condena por este delito.
Tarek William Saab también ofrece datos alarmantes cuando se contrastan con sus declaraciones anteriores, como el aumento de los casos de abuso sexual y las violaciones a los derechos humanos.
Según el funcionario, en 2022 se registraron en el país 1.987 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, donde se identificaron a 2.205 víctimas. El año pasado se imputaron 1.700 personas, 2.155 acusadas y 867 condenas.
Ya el fiscal había dicho que entre enero y noviembre de 2022 se habían registrado 1.494 casos. Si tomamos la discrepancia entre una cifra y otra, tan solo en diciembre se registraron 493 casos de abuso sexual, un dato preocupante que requiere la acción inmediata por medio de campañas y políticas públicas adecuadas para prevenir, investigar y sancionar el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Respecto a violaciones a derechos humanos, las cifras también crecen de declaración en declaración, pese a que el Gobierno ha manifestado su respeto a los DDHH ante las investigaciones que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
«Desde nuestra llegada al MP se han imputado 1.625 personas por violaciones a derechos humanos. Han sido acusadas 1.842, privadas de libertad 860 y hemos logrado que más de 392 sean condenadas. Dime tú dónde se ha visto una cifra como esta en países vecinos», dijo Saab en marzo de este año.
Al revisar las cifras hasta noviembre de 2022, se imputaron 1.554 personas, se arrestaron a 825 y se lograron 378 condenas. Es decir, en tan solo tres meses se arrestaron a 35 personas y se condenaron a otras 14 por violaciones a derechos humanos.