«Para mí no es realista aspirar a un salario mínimo en dólares en el sector público. Ni siquiera la industria petrolera puede proveer esa cantidad de dólares o asegurarla, y eso es una situación de vulnerabilidad enorme para los más de cuatro millones de trabajadores que dependen del Estado». Así lo considera Tamara Herrera, economista y directora de la firma Síntesis Financiera, al referirse al aumento que tuvieron las protestas laborales en la primera quincena de agosto, en rechazo a la pretensión del Gobierno, en un principio, de pagar el bono vacacional del sector público fraccionado por un año.
Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.
Explicó que el principal objetivo del Gobierno seguirá siendo reducir la inflación, y para lograrlo avanzará en un ajuste económico cruento que incluye la reducción máxima del gasto público, la restricción del crédito bancario y la venta de divisas provenientes de las reservas internacionales, en las mesas de cambio de la banca para mantener el precio del dólar artificialmente bajo.
Proyecta un crecimiento aproximado de la economía nacional de 7,4% este año, pero vaticina grandes desigualdades en estados y sectores.
¿Es creíble que la economía de Venezuela está creciendo y sea la que más aumentará en Latinoamérica?
En términos numéricos sí está creciendo y la intensidad puede sorprender a muchos si se olvidan de lo bajo que estaba la base de referencia.
De 2013 a 2021 el país perdió el 75% del tamaño de su economía, si tú estás en un nivel de 1 y subes a 2 eso es un 100% de aumento, pero si tú debieras estar en 100, realmente ese crecimiento es una cosa muy pequeña. En Síntesis Financiera proyectamos un crecimiento entre el 6% y el 7,4%, eso dependiendo del aporte que pueda hacer la industria petrolera, que está pasando por bastantes vicisitudes.
¿La población está sintiendo ese crecimiento?
Es desigualdad en todos los ámbitos. Desde el punto de vista geográfico, entre los individuos, entre las empresas y entre los sectores.
¿Qué sectores están haciendo que la economía aumente?
Una vez que se permitió la dolarización y los controles de precios se flexibilizaron, la iniciativa privada empezó a tratar de crecer, a emplear. Las remesas fueron un indicador para el consumo, y las primeras cosas que crecieron fueron las más urgentes a la gente, como la alimentación. En pandemia echó a andar la industria farmacéutica. Algunas industrias que tienen planta, maquila, o que sólo importan se han mantenido activas a pesar del debilitamiento del tejido industrial. Creció el sector informal y también el sector de servicios, como el delivery o empresas de tecnología.
¿Qué otros sectores industriales presentan mejoría?
La industria manufacturera tiene una gran desigualdad y presentó tasas de crecimiento muy altas en el primer semestre de 2022, en promedio un 30%, pero dentro de eso hay unas que sólo crecieron 15%, otras 50%. Pero en los estudios recientes percibimos una desaceleración de ese crecimiento a partir de julio. Hay un indicador concreto dentro de las poquísimas cosas que reporta el Gobierno, que es la recaudación fiscal. En julio hubo un estancamiento de la recaudación. Eso es un indicador claro de una desaceleración del consumo, una parálisis en las ventas o eventualmente una caída.
¿Esa desaceleración de la recaudación fiscal tiene que ver con el impacto que ha tenido el Impuesto de Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que castiga el pago de dólares en efectivo?
La reforma del IGTF tenía como propósito disminuir la proporción de pagos en dólares porque el Gobierno no quiere que avance la dolarización. Cuando se permite la dolarización se facilitaron muchísimo las tomas de decisiones en las empresas, porque el dinero no se devaluaba.
Desde su punto de vista, ¿qué razones tiene el Gobierno para impedir que la dolarización avance?
Primero, no quiere una masificación del sistema de pago en dólares, a pesar de que circulan dólares en efectivo que quintuplican la cantidad de bolívares dentro y fuera de la banca, porque no quiere llegar a responder obligaciones laborales en dólares del sector público. La segunda razón, es que si la dolarización llegara a ser plena le quita fuerza a la política monetaria y el Gobierno perdería completamente la capacidad de crear dinero.
Si el Gobierno busca frenar el aumento de la dolarización, ¿pueden tener esperanzas esos más de cuatro millones de venezolanos que viven del sector público que tendrán un salario digno?
El problema de los niveles de ingreso es de lo más grave; de hecho, esa desaceleración que percibo ahora es precisamente porque el poder adquisitivo vuelve a estancarse. El Gobierno lo que acaba de sacar a relucir es una cosa muy importante y nosotros tenemos la atención concentrada allí, porque la parte más activa de la política económica del Gobierno está en apuntar a desacelerar la inflación y eso le está costando cada vez más.
Por eso, para mí no es realista aspirar a un salario mínimo en dólares en el sector público, eso hay que estar claro. Ni siquiera la industria petrolera puede proveer esa cantidad de dólares o asegurarla, y eso es una situación de vulnerabilidad enorme que ellos no quieren correr.
¿Cómo tiene que lograrse la estabilización de la inflación?
Con un plan estabilizador que abra las puertas de condiciones de inversión y condicionamiento económico de largo plazo. Lamentablemente, llevamos cuatro años de un ajuste económico que es cruento. El Ejecutivo nacional cerró el crédito bancario, no se puede crecer más si no hay crédito. El Gobierno tiene terror de facilitar un encaje porque sabe que su estrategia se basa en permitir menos bolívares en la calle porque entonces hay menos con qué comprar divisas y con qué presionar al alza al tipo de cambio, por lo tanto la inflación crece menos.
El Gobierno también ha frenado el gasto público, ¿Eso se mantendrá?, se lo pregunto porque en agosto se dispararon las protestas laborales del sector público exigiendo pagos de sus beneficios salariales y aumentos, al punto que hicieron recular al Gobierno en su intención de pagar un bono vacacional fraccionado.
El hecho de que ahora esas protestas hayan dado lugar a ese cambio, a nosotros nos pone en alerta.
Porque si el gasto público tiene que crecer más el esfuerzo del Gobierno para evitar una mayor inflación y que hayan más bolívares que presionen el tipo de cambio y esto influya en la inflación. Entonces tiene que concentrarse en mantener esa rigidez del crédito, en aumentar los tributos para retirar más dinero en circulación y sobre todo lo que ha tomado más fuerza e importancia dentro de la política antiinflacionaria de mediados del año pasado, es la venta de divisas en efectivo que hace el Banco Central de Venezuela (BCV) todas las semanas. En lo que va del año, ha vendido 1.700 millones de dólares.
Es decir, ¿Venezuela está registrando un crecimiento económico, pero con un Estado muy frágil y pobre?
Sí, porque además tenemos una industria petrolera en muy malas condiciones, pero con muy altos precios del petróleo. Mi preocupación ahora es que si la política antiinflacionaria se concentra sólo en eso, ¿qué pasa si volvemos a ver caídas de la producción petrolera como las que vimos en el mes de julio?, que cayeron 98 mil barriles diarios en ese solo mes. Desde diciembre que vimos ese pequeño pico de recuperación gracias a la importación de condensados iraníes en la producción petrolera, desde entonces hemos estado bajando a 240 mil barriles diarios menos que en diciembre.
¿Puede lograr Venezuela atraer la inversión extranjera?
Para que haya inversión extranjera, primero tiene que haber una disposición política para lograr las negociaciones y la flexibilización de sanciones. Eso el Gobierno y la oposición lo están ofreciendo desde hace casi un año y no termina de concretarse. Una vez que se flexibilicen muchas sanciones se verá que los verdaderos impedimentos están en las condiciones jurídicas actuales. Una situación de hecho de flexibilización de precios por una ley que es sumamente rígida, un concepto de propiedad privada ambiguo. El desempeño judicial no es bien visto en el resto del mundo. La forma en que fue nombrado el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces se deben dar garantías jurídicas para que existan inversiones interesantes.
¿Qué opina usted de las cinco Zonas Económicas Especiales (ZEE), que acaba de decretar el Gobierno?
En algunos como en Vietnam, en China las ZEE han surgido efecto. En Venezuela no. Existen 14 ZEE desde antes de que nombraran estas, que eran demasiado descollantes. Lo que hicieron en Margarita, hicieron inversiones para crear un puerto donde llegaban cruceros y de repente echaron eso para atrás, así es un riesgo de inversión. El otro problema es que con la debilidad del tejido industrial y de producción, cómo escoges tú cuál es la ZEE que quiero favorecer. Privilegiar a unos estados sobre otros genera desigualdad.