El fiscal general de la república, Tarek William Saab, negó que en Venezuela haya niños detenidos tras las protestas poselectorales. A su juicio, todos los ciudadanos tras las rejas cometieron delitos.
«En Venezuela no hay niños detenidos, hay adolescentes que lamentablemente han confesado fueron utilizados para ocasionar actos de violencia».
Indicó que hasta los momentos no ha habido ninguna denuncia que vincule los asesinados con fuerzas policiales o cualquier agente del Estado.
«De haberla, la documentamos, la investigamos y la sancionamos. Esto revela que fueron grupos civiles violentos pagados para buscar embriones de guerra civil».
Cinco días después del evento comicial, el Consejo Nacional Electoral ofreció el segundo boletín de las elecciones del pasado 28J en el que ratifica la victoria de Nicolás Maduro.
El organismo detalló que el candidato oficialista obtuvo 6.408.844 (51,95 %), mientras que el aspirante de la Unidad, Edmundo González, sumó 5.326.104 (43,18 %).
Sin embargo, la oposición afirma tener más del 83,50 % de las actas escrutadas que comprobarían la victoria del abanderado de la Unidad con 7.303.480 sufragios frente a los 3.316.142 del Gran Polo Patriótico.
Entre el 29 y 30 de julio se documentaron diversas protestas en varias ciudades de Venezuela contra el presunto fraude electoral.
Activistas de derechos humanos han denunciado una ola de detenciones en todo el territorio.
Según cifras de ONG, al menos 25 personas han muerto desde la primera jornada de manifestaciones.
Recientemente hubo un esfuerzo diplomático liderado por Brasil, Colombia y México con el apoyo de la UE y Estados Unidos para que el Gobierno de Maduro y la oposición, liderada por María Corina Machado, lleguen a un acuerdo.
24 días después del evento, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó que los boletines emitidos por el CNE concuerdan con el material usado el 28 de julio.
El 2 de septiembre se emitió una orden de detención contra Edmundo González acusado por los cargos de usurpación de funciones, falsificación de documentos, instigación a la desobediencia de leyes, sabotaje a daños de sistemas, asociación para delinquir y conspiración.
En medio de la polémica, el abanderado de la oposición decidió pedir asilo a España el 7 de septiembre.