¡TODOS LOS DÍAS! Maduro viola la Constitución al desconocer los derechos de los ciudadanos

Dolar Today / Nov 4, 2018 @ 11:00 am

¡TODOS LOS DÍAS! Maduro viola la Constitución al desconocer los derechos de los ciudadanos

El gobierno ha derogado de facto la Constitución en el proceso de promulgar una nueva carta magna, la cual fabrica con la aprobación de leyes con rango constitucional desde la asamblea nacional constituyente, afirman los expertos Pedro Afonso Del Pino, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, y Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.

Coinciden en que el Ejecutivo elabora una carta magna violando los principios establecidos en el marco jurídico vigente. “El Estado ha construido una realidad paralela diferente a la que la Constitución ordena. Por ello redactan una nueva, a espaldas de los ciudadanos, que legalice la práctica actual del gobierno”, manifestó Daniels.

La ANC señalada por los juristas de inconstitucional desde su inicio –por haber sido convocada por el presidente, aprobada sin referéndum y elegida sin votación universal– ha sido el instrumento que el último año le ha servido a Maduro para emprender acciones fuera de la carta magna.

Ambos especialistas denuncian que la constituyente ha vulnerado el principio de supremacía constitucional, establecido en el artículo 7 del texto fundamental, y usurpado funciones de otros poderes como el Legislativo.

“La ANC, más que hacer una Constitución bajo un texto único, se ha dedicado a hacer una dispersa. Lo que ha aprobado la constituyente le han dado rango constitucional, y eso en la práctica es una nueva carta magna”, explicó Del Pino.

El director de Acceso a la Justicia expresó: “El gobierno de Nicolás Maduro viola la Constitución todos los días al desconocer los derechos de los ciudadanos de salud, servicios y alimentación, así como cuando junto con el TSJ o la ANC toma decisiones de otros poderes, se aprueban presupuestos y legislan leyes”.

La última acción del Ejecutivo en complicidad con la ANC fue presentar el 23 de octubre el presupuesto de la nación 2019 ante ese órgano, y no en el Parlamento como ordena el artículo 187 de la carta magna, que le da la potestad al Legislativo de “discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público”.

Pero esa no ha sido la única atribución parlamentaria que se ha atribuido la constituyente. El 15 de enero Maduro presentó su memoria y cuenta ante la ANC. Deesta manera ignoró el artículo 237 del texto fundamental que ordena que el presidente dela República debe ofrecer el balance de su gestión del año anterior ante el Parlamento.

Con esa acción y con la prórroga del estado de excepción y de emergencia económica, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6356, el gobierno comenzó 2018, año en el que se ha desconocido más veces la Constitución, afirman los juristas.

Desde que se estableció el estado de excepción en enero de 2016, el decreto se ha prorrogado en varias oportunidades  y solo este año se ha extendido 5 veces, con lo que se incumple el artículo 338 que establece que su aplicación es hasta por 90 días y prorrogable hasta por 90 días más, cuya aprobación corresponde a la Asamblea Nacional.

También es función del Legislativo el allanamiento de la inmunidad de sus diputados, pero en varias oportunidades el Tribunal Supremo de Justicia y la ANC han desconocido el artículo 200 de la carta magna. En agosto levantaron el fuero al diputado Juan Requesens, señalado por el gobierno de colaborar con el atentado a Maduro.

La convocatoria para las presidenciales del 20 de mayo también se hizo al margen de la Constitución. Desobedeciendo el apartado 293, que establece que el Consejo Nacional Electoral es el encargado de organizar y dirigir todo proceso comicial, el mandatario ordenó a la ANC que llamara a elecciones y posteriormente al CNE para que fijara la fecha.

En ese proceso Maduro incurrió en otra violación de la carta magna, específicamente al artículo 67, que estipula que no se puede financiar los partidos políticos –menos campañas electorales– con recursos del Estado, como hizo al ofrecerles a los ciudadanos un bono para que sufragaran.

El jefe del Estado, que de acuerdo con el CNE resultó reelegido en esos comicios, se juramentó ante la ANC el 25 de mayo, pisoteando el apartado 231 que indica que el único poder legal para juramentarlo es el Legislativo; y en caso de no acudir ante esa institución, es el Tribunal Supremo de Justicia. Además, el juramento, según la Constitución, debía ser en enero de 2019.

Oxígeno. Con el poder que se ha conferido el Ejecutivo con los estados de excepción, no solo ha evitado la auditoría del Parlamento, sino también se ha permitido dictar medidas en desconocimiento del cuerpo parlamentario.

El 21 de febrero Maduro comenzó la preventa del petro, que está respaldada con recursos del Estado, por lo que representa emisión de deuda pública y ameritaría la aprobación de la AN, como establece el artículo 312 de la carta magna. Con la promulgación de esa moneda digital respaldada por  los recursos del Estado, el gobierno violó el  artículo 12 constitucional, que estipula que los yacimientos mineros y de hidrocarburos de la República son inalienables.

El primero de septiembre, con la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo de 1.800 bolívares soberanos, el gobierno impuso una tabla salarial que suprime los contratos colectivos. De esa forma el mandatario violó el artículo 81, que ordena que los derechos laborales son irrenunciables, y el 91, que establece que “el trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.

Otras de las medidas que tomó el Ejecutivo este año, vulnerando los artículos 302 y 303 de la carta magna, fue el decreto N° 3368, publicado el 12 de abril en Gaceta Oficial N° 41376, en la que se estableció un  “régimen especial de carácter transitorio sobre la actuación de Petróleos de Venezuela S.A. y filiales”.

Sobre eso la Constitución ordena que el Estado se reserva la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público, y que por razones de soberanía económica, política y estrategia nacional conservará la totalidad de las acciones de Pdvsa.

El Nacional.

 

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