Biden da protección a venezolanos y Caracas pide abolición de sanciones. El régimen las evade, mientras la población sufre más hambre, lo que la obliga a huir. Urge una atención continental del problema, dicen expertos.
Desde el pasado 9 de marzo, y hasta el 5 de septiembre de 2021, los venezolanos indocumentados en Estados Unidos tendrán 180 días para aplicar al Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida humanitaria del gobierno del presidente de EE. UU., el demócrata Joe Biden que, según Carlos Vecchio, representante de Juan Guaidó en ese país, favorecería a unos 320.000 de sus conciudadanos.
La medida migratoria tendrá una vigencia de 18 meses, aunque podría prorrogarse. De ella podrán beneficiarse los venezolanos que ya hayan estado en EE. UU. hasta el 8 de marzo de 2021. El TPS es un programa migratorio creado en 1990 a través del cual EE. UU. concede permisos excepcionales a inmigrantes de países afectados por guerras, desastres naturales, epidemias u otras condiciones que impidan el retorno seguro a sus países de origen.
«Aunque el TPS para los venezolanos sea una medida temporal, en el fondo, la administración de Biden está reconociendo que el regreso a la democracia tomará más tiempo en Venezuela, por lo que prioriza ahora las crisis humanitaria y migratoria provocadas por ese régimen», dice a DW Geoff Ramsey, director para Venezuela de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), quien ve que «la administración de Biden intenta bajar las expectativas para construir una política pragmática y realista frente al régimen de Maduro”.
Presión sí, pero ¿contra quién?
Algunos analistas creen que con esa medida Joe Biden sube la presión contra la dictadura de Nicolás Maduro. Pero la realidad, según Ramsey, es que, «en efecto, el Gobierno de Estados Unidos ahora puede ejercer presión, pero lo hace sobre los países del resto del hemisferio para que adopten medidas de regularización y protección de los migrantes venezolanos, como lo hizo recientemente Colombia, mientras en Chile, Perú y Ecuador, vemos retrocesos”, apunta Ramsey.
«Venezuela se une ahora a Honduras y El Salvador como el tercer país de América Latina cuyos migrantes gozan de especial protección, aunque sea con un estatus semipermanente que les permitirá trabajar, algo muy importante en la pandemia”, dice en entrevista con DW el analista Ariel G. Ruíz Soto, del Migration Policy Institute (MPI), con sede en Washington.
Ruíz Soto ve, asimismo, un cambio de rumbo en el tratamiento general de la migración en Estados Unidos: «Mientras Donald Trump emitió más sanciones y presionó verbalmente al régimen de Maduro, al tiempo que impedía la migración, retornando incluso a quienes llegaran al cruce fronterizo sin autorización para entrar al país, el Gobierno de Joe Biden ofrece una solución humanitaria a quienes han tenido que abandonar Venezuela, absteniéndose de caer en los insultos en dirección a Caracas, pero sin eliminar las sanciones”.
Estados Unidos deportó a unos 4.200 venezolanos en 2017, siendo 2019 el año que registró la cifra más alta, con 1.619, mientras en 2020 fueron unos 180, según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). El senador Bob Menéndez, de Nueva Jersey, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, denunció el 16 de julio de 2020 en una carta pública que «bajo Trump, las deportaciones furtivas a Venezuela se realizaban a través de terceros países”. Solo hasta el día en que Trump abandonó la Casa Blanca, el 20 de enero de 2021, accedió a suspender por 18 meses las deportaciones de venezolanos.
La reacción a la medida humanitaria de Biden no se hizo esperar en Caracas. «Lo coherente sería que el siguiente paso de la nueva Administración de Estados Unidos sea el levantamiento de las sanciones […]», replicó en Twitter el canciller venezolano Jorge Arreaza.
Liberar a presos políticos abriría paso a repensar las sanciones
«Este estancamiento es frustrante y preocupante”, considera Ramsey, «por un lado, la Casa Blanca dice que no tiene prisa para evaluar las sanciones, y por el otro, el régimen de Maduro no da señales de buena voluntad que le abran paso a una negociación, cuando podría empezar por liberar a los presos políticos y crear un Consejo Electoral confiable”.
¿Se arriesga que la dictadura en Venezuela utilice el discurso de las sanciones para afianzarse en el poder, como lo lleva haciendo Cuba durante más de medio siglo? «Con el tiempo, Maduro ha aprendido a esquivar las sanciones, mientras la población sufre los costos agravantes de la crisis humanitaria”, explica el experto del WOLA. Lo cierto es que «las condiciones de vida en Venezuela revelan un país en caos, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos», dijo Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. en un comunicado citado por el New York Times.
La crisis humanitaria y migratoria empeorará aún más
Esta crisis agudizará aún más la situación migratoria en todo el continente. Así lo prevén la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que calculan que los venezolanos obligados a abandonar su país llegaría a los 8,13 millones a fines de este 2021. Por lo que ambas organizaciones abogan por un Plan de Respuesta a nivel continental.
Para Ariel Ruíz Soto, consultor del Programa de Inmigración de Estados Unidos, la decisión de Joe Biden plantea retos que deben enfrentarse: «Si reconocemos que la migración no solo la indocumentada- es un fenómeno duradero y, a la vez, uno en constante cambio, para regularizar los flujos migratorios a Estados Unidos lo que se requiere no son concesiones temporales de los gobiernos de turno sino una legislación que eleve la migración a política de Estado”.
Y en que lo concierne a los migrantes y refugiados mismos, Geoff Ramsey, director para Venezuela del WOLA, considera pertinente «hacer un llamado a países como Trinidad y Tobago, cuyas devoluciones de refugiados han desembocado en fatales naufragios, para que no sigan violando las leyes internacionales que le garantizan la protección a los migrantes y peticionarios de asilo”, prácticas, agrega Ramsey, «que en las Américas no se habían visto en 200 años de historia”. En la Declaración de Cartagena de Indias de 1984, los países latinoamericanos reafirmaron su compromiso con la garantía del derecho de Asilo y Protección Internacional de Refugiados establecidos en Naciones Unidas.
Según Ruíz Soto, la masiva migración de venezolanos evidencia que ni el TPS ni la DACA son suficientes para manejar el fenómeno migratorio hacia EE .UU., por lo que propone cuatro puntos: «Ampliar los permisos de trabajo estacionales para los ciudadanos de los países con mayor presión migratoria; restablecer el asilo en la frontera EE. UU.-México, pero con procesos eficientes y decisiones justas; reformar la protección de la frontera México-EE. UU. para hacerla más eficaz y humana, e invertir en el desarrollo económico e institucional de los países generadores de emigración”.
El experto recuerda que Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile enfrentan una problemática con similitudes, por lo que deberían apostar por un sistema común a favor de una migración más segura, ordenada y legal. Y reitera que la política migratoria en los países del continente debería elevarse a política de Estado.
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