La migración de venezolanos a Trinidad y Tobago, conocidos como «Triniveni», está marcada por la explotación laboral y el racismo. Aunque oficialmente se estima que hay 60.000 venezolanos en el archipiélago, algunas organizaciones no gubernamentales creen que la cifra podría llegar a 130.000, lo que representa el 10% de la población. Sin embargo, solo alrededor de 9.000 tienen estatus legal en el país.
Los venezolanos se encuentran trabajando en diversos sectores, como la construcción, la limpieza y el servicio, donde se demanda mano de obra barata. Los salarios son bajos, alrededor de 150 TT al día (unos 25 dólares), lo que equivale a menos de 3 dólares por hora. A pesar de ser una mejora económica en comparación con Venezuela, los trabajadores se enfrentan a situaciones de explotación, como el impago de horas trabajadas.
Además de la explotación laboral, los migrantes venezolanos también enfrentan racismo en su día a día. Son víctimas de insultos y discriminación por parte de los trinitenses, lo que crea un ambiente hostil para ellos. Incluso en situaciones de emergencia, como dar a luz, los venezolanos pueden ser desatendidos o recibir un trato negligente en los hospitales.
La migración hacia Trinidad y Tobago se origina principalmente en los estados del este de Venezuela, especialmente en Sucre, Monagas y Delta Amacuro. Estos estados son algunos de los más pobres del país y se encuentran relativamente cerca del archipiélago. Los viajes suelen costar entre 100 y 500 dólares por persona y muchas veces se realizan en embarcaciones que ponen en riesgo la vida de los migrantes.
En los últimos años, más de cien personas han perdido la vida en naufragios en la zona y también se han reportado incidentes violentos por parte de los guardacostas. El gobierno trinitense ha endurecido su política migratoria, justificándola como una medida para proteger la seguridad del país. Sin embargo, activistas han denunciado violaciones a los derechos humanos, como la deportación de inmigrantes con estatuto de refugiados.
Ante esta situación, tanto el gobierno como la sociedad civil deben tomar medidas para hacer frente a los desafíos que implica la migración venezolana. Es necesario actualizar y mejorar la legislación migratoria, así como garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes. También se debe promover la integración de los migrantes en la sociedad trinitense, combatiendo el racismo y la discriminación.
Para muchos venezolanos, regresar a su país sigue siendo un sueño lejano. Aunque algunos ahorran para poder hacerlo en algún momento, por ahora consideran que vivir en Trinidad y Tobago es una opción mejor, a pesar de las dificultades que enfrentan.