El Tribunal Supremo de Estados Unidos levantó este lunes una orden de un tribunal federal que impedía al Gobierno de Estados Unidos realizar deportaciones sumarias de ciudadanos venezolanos. La medida se basa en una ley de 1798 conocida como la ley de Enemigos Extranjeros, una normativa que históricamente solo se ha utilizado en tiempos de guerra.
La decisión del máximo tribunal, tomada con una votación de cinco a favor y cuatro en contra, revoca el bloqueo temporal que había sido impuesto el pasado 15 de marzo por el juez federal James Boasberg, y que posteriormente fue mantenido en vigor por una corte del circuito federal de apelaciones.
Tras conocerse el fallo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado en el que celebró la decisión. «La Corte Suprema ha defendido el Estado de derecho en nuestra nación al permitir que un presidente, quienquiera que sea, asegure nuestras fronteras y proteja a nuestras familias y a nuestro país. ¡UN GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!», expresó el mandatario.
La Administración de Donald Trump había argumentado ante el Supremo que la situación en la frontera constituía una cuestión de seguridad nacional de urgencia, justificando la necesidad de levantar el bloqueo judicial. El Gobierno también señaló que la Constitución otorga al presidente una competencia clara en materia de seguridad nacional.
En su dictamen, el Tribunal Supremo precisó que los migrantes detenidos y sujetos a órdenes de expulsión tienen derecho a ser notificados y a la oportunidad de impugnar su deportación dentro de «un tiempo razonable». Además, indicó que, dado que los migrantes en cuestión se encuentran confinados en Texas, cualquier batalla legal contra su deportación debe resolverse en tribunales de ese estado y no en el Distrito de Columbia.
Cabe recordar que el presidente Trump ha afirmado que la banda transnacional Tren de Aragua, a la que vincula con el gobierno de Nicolás Maduro, está ingresando al país. En este contexto, el 15 de marzo invocó la ley de Enemigos Extranjeros, una legislación que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial y que permite la expulsión de extranjeros sin una audiencia judicial previa.
A pesar de la orden judicial inicial del juez Boasberg, ese mismo día, tres aviones fletados por el Gobierno estadounidense trasladaron aproximadamente a 200 venezolanos, quienes fueron llevados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
La decisión del Tribunal Supremo abre la puerta a la implementación de las deportaciones sumarias de venezolanos bajo esta controvertida ley, generando un intenso debate sobre los derechos de los inmigrantes y el alcance de la autoridad presidencial en materia de seguridad nacional.