El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha tomado la decisión de suspender «todos los efectos» de la primaria presidencial de la oposición que fue ganada por la candidata María Corina Machado. Además, ha solicitado que se envíe todo el material electoral utilizado durante el proceso celebrado el 22 de octubre.
La sentencia emitida por la Sala Electoral del TSJ establece la suspensión de todas las fases del proceso electoral llevado a cabo por la Comisión Nacional de Primarias. Asimismo, se ordena a la Comisión que remita al tribunal, en un plazo de tres días, todos los antecedentes administrativos de las distintas fases del proceso, incluyendo actas de constitución de mesas electorales, cuadernos de votación, papeletas y actas de escrutinio, entre otros documentos.
Además, se exige la entrega de las actas de aceptación de postulación de los candidatos María Corina Machado, Freddy Superlano y Henrique Capriles, quienes se encuentran inhabilitados administrativamente. La oposición considera estas inhabilitaciones como «inconstitucionales» y afirman que han sido utilizadas por el gobierno para marginar a los líderes disidentes que aspiran a cargos de elección popular.
María Corina Machado, quien obtuvo más del 92% de los votos en la primaria y fue proclamada candidata unitaria de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, aún no ha comentado sobre la decisión del TSJ.
La semana pasada, el diputado José Brito, aliado del chavismo según la oposición, presentó ante el TSJ un recurso para revisar supuestas irregularidades en la primaria. Brito fue expulsado del partido Primero Justicia en 2019 por supuestamente haber intervenido para evitar investigaciones contra empresarios vinculados al chavismo y acusados de corrupción, como el empresario colombiano Alex Saab.
El gobierno de Nicolás Maduro acusa a la oposición de «inflar» los resultados de la elección primaria. Mientras que la Comisión Nacional de Primarias afirma que participaron al menos 2.440.415 personas, el gobierno sostiene que no participaron más de 700.000.
Los miembros de la Comisión Nacional de Primarias, incluido su presidente Jesús María Casal, fueron citados a declarar en la fiscalía. El fiscal general Tarek William Saab considera que el proceso fue un «acto bufonesco» en el que se pudieron haber cometido delitos como la usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Saab también señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el organismo encargado de celebrar elecciones.
En septiembre, la Comisión Nacional de Primarias rechazó la propuesta de asistencia técnica del CNE y decidió continuar organizando el proceso de manera autónoma. Sin embargo, solicitaron la cooperación del CNE en cinco aspectos para fortalecer el proceso.
Previo a la primaria, la Plataforma Unitaria de la oposición firmó un acuerdo con el gobierno de Maduro en Barbados sobre garantías electorales. Según la oposición, la primaria está protegida por el acuerdo, que establece el compromiso de reconocer y respetar el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato de manera libre y de acuerdo con sus mecanismos internos.
La decisión del TSJ ha generado incertidumbre en cuanto al cumplimiento de los acuerdos firmados en Barbados. Tanto la oposición como el gobierno han solicitado la instalación de la comisión de verificación de los acuerdos para abordar esta situación.
Expertos en derecho internacional y política coinciden en que la decisión del TSJ pone en entredicho la flexibilización de las sanciones impuestas a Venezuela. Además, demuestra que existen violaciones a las garantías en el país.
Se espera que esta situación genere debates y discusiones sobre el futuro del proceso electoral en Venezuela y las garantías democráticas en el país.
War ja 100 % klar,daß dieses passiert. Wie immer das selbe Theater.
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