En la noche del viernes 15 de diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una resolución en su página web, notificando a la Contraloría General de la República para que, en un plazo de tres días consecutivos, presente la información solicitada sobre la inhabilitación política de Leocenis García.
Dicha información debe incluir el acto administrativo que establece la sanción accesoria y discrecional que llevó a la inhabilitación política. Esta decisión surge a raíz de una solicitud presentada por García, quien es el presidente de Prociudadanos, el pasado 7 de diciembre, en la que pidió al máximo tribunal de Venezuela que revise su inhabilitación.
En esa ocasión, García recordó la restricción impuesta cuando se postuló para la Alcaldía de Caracas en 2021 y aclaró que dicha inhabilitación se basó en la supuesta existencia de una sentencia judicial en su contra, a pesar de no haber ocupado cargos públicos ni tener tal veredicto en su historial.
«Me inhabilitaron argumentando que tengo una sentencia de un tribunal de la República. No tengo ninguna sentencia de ningún tribunal de la República», afirmó en aquel momento.