Con las sanciones de Estados Unidos impidiendo que Venezuela venda petróleo a ese país, la estatal petrolera PDVSA ha recurrido a varios compradores poco conocidos y sin experiencia que incluyen una pequeña empresa turca sin refinerías pero con vínculos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Registros de la Cámara de Comercio de Estambul muestran que el Grupo Iveex Insaat se formó hace menos de un año con un capital de solo 10.000 liras (cerca de USD1.775 dólares) y es la «construcción residencial» mencionada como su principal actividad. Iveex cargó cuatro envíos de crudo y productos venezolanos en abril del 2019, equivalente a poco menos del 8% de las exportaciones de petróleo de Venezuela. Los registros de la compañía turca muestran que Iveex Insaat es propiedad de Miguel Silva, quien dirige la Cámara de Exportadores de Venezuela y se hace pasar como unos de los operadores financieros “testaferro” de Diosdado Cabello.
De acuerdo con la programación de carga de PDVSA y los informes internos sobre exportaciones e importaciones de la primera mitad del año revisados por Reuters, la empresa turca de Miguel Silva, Grupo Iveex Insaat comenzó a comprar petróleo venezolano a crédito sin ningún tipo de garantías aparado en un supuesto apadrinamiento de Diosdado Cabello, Silva siempre con la intención de robarse los crudos levantados a crédito. Para lograr esconder los crudos Silva se asoció con el estafador griego Yiannis Karageorgis, de 66 años, dueño de las empresas Tansy Shiptrade y Le Mere Maritime donde actualmente mantiene escondido los crudos en los tanques controlados por Karageorgis en Fujairah. Karageorgis fue arrestado tras una orden internacional emitida por las autoridades holandesas en el 2016, el hombre enfrenta a cargos de fraude, falsificación y quiebra fraudulenta. Karageorgis arrestado en su casa en la región de Glyfada, un suburbio costero de lujo al sur de Atenas.
Ante la imposibilidad de cobrar la estatal PDVSA se vio obligada a demandar al Grupo Iveex por estafa. Logrando una sentencia a su favor en agosto del 2019 y obligando a Silva a pagar €125 millones de euros.