Las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) contra funcionarios y personas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro han sido prorrogadas hasta el 14 de mayo de 2024. Estas medidas se mantienen debido a las persistentes acciones que han menoscabado la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, la UE deja abierta la posibilidad de flexibilizar o revocar las sanciones en función de los avances en la implementación del acuerdo de Barbados.
El Consejo de la UE ha destacado el acuerdo político alcanzado en Barbados el 17 de octubre, considerándolo un paso positivo hacia la restauración de la democracia en Venezuela. En este contexto, el Consejo ha decidido acortar la duración de la próxima renovación de las sanciones de 12 a 6 meses. Esto demuestra la disposición de la UE a reconsiderar las medidas en función de la evolución de la situación en el país.
La lista de personas sujetas a las sanciones ha sido actualizada, y ahora incluye a 54 individuos. Entre ellos se encuentran destacados miembros del gobierno venezolano, como Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE); Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); y Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Las sanciones impuestas por la UE no afectan a la población en general y podrían ser revertidas en función de los avances en la restauración de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Cada persona incluida en la lista ha sido señalada por su apoyo y facilitación de las acciones y políticas del gobierno que han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en el país.
Es importante destacar que estas sanciones individuales fueron impuestas por primera vez en 2017, después de las protestas antigubernamentales que sufrió Venezuela y que fueron reprimidas por las fuerzas del Estado, resultando en la muerte de varias personas. En ese momento, la UE prohibió la exportación de armas y equipos utilizados para la represión interna, así como la congelación de activos y recursos económicos de personas y entidades responsables de violaciones graves de los derechos humanos.
Recientemente, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, solicitó a la UE que levante las sanciones a Venezuela, dado el progreso positivo en el diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición. Sin embargo, la decisión de la UE de prorrogar las sanciones indica que se requieren más avances concretos antes de considerar cualquier cambio en las medidas.
En junio, la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, argumentando que el Estado venezolano no ha investigado adecuadamente estos delitos. La semana pasada, el Estado venezolano presentó un recurso de apelación ante la Sala de Apelaciones de la CPI contra la decisión de reanudar la investigación.
En resumen, la UE ha decidido prorrogar las sanciones individuales y selectivas contra funcionarios y personas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro. Estas medidas se mantienen debido a las persistentes acciones que han menoscabado la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, la UE está dispuesta a considerar cambios en las sanciones en función de los avances en el proceso de diálogo y la restauración de la democracia en el país.