La Unión Europea ha sido más afín a buscar soluciones pacíficas por la vía del diálogo, mientras que EEUU ha sido más frontal y pone en duda que la medida ayude a resolver la crisis venezolana
Tanto la Unión Europea como EEUU han estado monitoreando muy de cerca la situación de nuestro país, haciéndolo con mucho más énfasis desde que Juan Guaidó se autoproclamara como presidente interino de Venezuela el 23 de enero de 2019; lo que abrió una brecha en la ya difícil relación que tenían el bloque europeo y la Casa Blanca, ya que entonces Washington se convirtió en el primero en reconocer al parlamentario como jefe encargado, mientras que Bruselas ha buscado «sutilezas» para tomar partido en esa difícil situación diplomática.
Tras la llegada de Joe Biden al poder, la Unión Europea esperaba poder tener mejores relaciones con EEUU luego que se desistieran de los esfuerzos con el exmandatario Donald Trump, cuya forma particular de gobernar contrastó con la forma tradicional de las Relaciones Exteriores entre los países. Sin embargo, eso parece estar un poco alejado de la realidad tras un nuevo punto de discordia: La nueva designación de los rectores al Consejo Nacional Electoral.
Si bien es cierto que es la primera vez en más de 15 años que la Asamblea Nacional escoge a los rectores del ente comicial, ya que en otras oportunidades bajo la figura de «omisión legislativa» lo hacía el Tribunal Supremo de Justicia, la nube de desconfianza sigue flotando en el ambiente para varios.
La Unión Europea, cuyo Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, había hecho esfuerzos para que se aplazaran las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, se vio obligado a decir que no podían reconocerse los resultados electorales que acreditaban a un nuevo Parlamento en detrimento del de 2015, liderado por Guaidó y que cuenta con el respaldo de un importante sector del Parlamento Europeo.
Tras la designación de los rectores Pedro Calzadilla, Enrique Márquez, Tania D’Amelio, Roberto Picón y Alexis Corredor, el bloque europeo -afín a iniciativas como el Grupo Internacional de Contacto, que buscan una solución pacífica y diplomática a la crisis que padece nuestro país- la Unión Europea valoró de forma positiva el nombramiento del nuevo CNE y que lo considera como «un primer paso» hacia la búsqueda de soluciones concretas a la situación.
El pronunciamiento fue realizado por el portavoz principal del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Peter Stano, quien dijo en un comunicado que ese paso tomado en Venezuela es como el inicio hacia un proceso electoral «creíble, inclusivo y transparente» en el país, pero advirtió que seguirán evaluando el curso de los hechos.
Pero para Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, el pronunciamiento hecho por Stano -y por ende de Borrell- es contrario a lo esgrimido por la instancia legislativa del Viejo Continente y expresó que el excanciller español estaría respaldando un «proceso ilegítimo» del mandatario Nicolás Maduro.
En una lista publicada en Twitter, Charanzová recordó que el CNE está presidido por un exministro de la administración chavista y sin que exista una participación de las «fuerzas democráticas» en Venezuela, por lo que dijo que eso «no es el camino».
Un día más tarde, 20 europarlamentarios (entre los que se cuenta Leopoldo López Gil y José Manuel García-Margallo) enviaron una cartaa Josep Borrell para ratificar la postura del Parlamento Europeo -o al menos de estas personas- que no se reconozca al nuevo CNE y que se defienda el estado de Derecho en Venezuela.
Buen paso pero no tanto
Por otro lado, Estados Unidos tardó un poco más en asumir una postura formal al respecto. A pesar que hubo cambio de gobierno, Washington mantiene la postura férrea anti Nicolás Maduro y pro Juan Guaidó, ante rumores de un posible alivio de sanciones e incluso, los «guiños» que se han estado haciendo desde Caracas para intentar buscar mejorar las relaciones entre ambas naciones como por ejemplo la entrada al país del Programa Mundial de Alimentos o la medida de casa por cárcel de los «seis de Citgo».
Primero fue una declaración hecha por la portavoz del Departamento de Estado, Jalina Porter. Durante una rueda de prensa fue preguntada puntualmente sobre el tema de Venezuela y su nuevo CNE, diciendo que desde el Ejecutivo lo que se ha buscado es una «transición pacífica y democrática» para nuestra nación.
«El objetivo primordial de la administración Biden-Harris ha sido y siempre sigue siendo apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y también ayudar al pueblo de Venezuela a reconstruir sus vidas y su país».
Un día más tarde, vía Twitter la La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung hizo un pronunciamiento más oficial sobre la posición de EEUU sobre este tema, donde sin apoyar o repudiar, manifestó que su país respalda una «una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela».
Chung indicó que esta solución debe tocar todos los aspectos concernientes y necesarios para que se lleven a cabo unas elecciones «libres y justas» y serán los venezolanos los que dependan de si confían o no en que el nuevo Consejo Nacional Electoral ofrezca tales condiciones.
Más claro fue el embajador de EEUU para Venezuela, James Story, quien manifestó que «no es suficiente» que haya una nueva designación del CNE para que se garantice en nuestro país un proceso de elecciones libres y justas, sino que debe ceder en otros aspectos como levantar la inhabilitación de los partidos políticos opositores, cese de la represión por parte de los funcionarios de seguridad y la liberación absoluta de todos los presos políticos que hay en el país.
Lo cierto es que el camino electoral en Venezuela avanza progresivamente a unas posibles «megaelecciones» en el mes de diciembre, donde se incluyan los comicios de gobernadores y alcaldes; a pesar de lo que se piense en el extranjero.