Una vez abierta la investigación sobre los casos de crímenes de lesa humanidad en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, los que han sido víctimas deben estar preparados para entregar testimonios y pruebas cuando les sean requeridos. Todo este proceso se llevará a cabo aquí en el país. Y este detalle es crucial, pues desde ya más de 100 organizaciones de defensa de los derechos humanos están denunciando amenazas y persecución.
Por El Nacional
No es de extrañar que esto ocurra, pues sobrados antecedentes hay de la presión que ejerce el gobierno madurista con todos los recursos de las fuerzas policiales y el manejo de la violencia que tiene a mano. Por eso Provea hace un llamado desde ya a estar vigilantes, pero también a exigir el cese de estas prácticas que también constituyen delito.
“La política sistemática por parte del Estado de restringir el espacio cívico en el país, incluyendo a quienes colaboran con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, ratifica que no existe voluntad genuina para detener las causas que permitieron que ocurrieran crímenes contra la humanidad en Venezuela”, señala la ONG en un comunicado publicado en su página web.
Además de exigir que cese la persecución contra las organizaciones que han aportado información a la Fiscalía de la CPI, piden a la corte que haga un cuidadoso seguimiento a las amenazas y presiones que están recibiendo los activistas que defienden los derechos humanos. Hay casos que ilustran de lo que son capaces en el alto gobierno chavista, como el de Fundaredes; Javier Tarazona tiene cuatro meses preso y la audiencia se ha aplazado reiteradamente.
Es apenas un ejemplo de lo que puede pasar de ahora en adelante, y esto debe ser tomado en cuenta por la Fiscalía de la CPI, pues la apertura de una investigación por su parte lejos de ofrecerles garantías a las víctimas y a los activistas, los expone aún más a la retaliación de parte de los que detentan el poder.
Y la comunidad internacional, como dice Provea, debe estar también pendiente del caso Venezuela, pues ha sido la presión externa un factor decisivo a la hora de determinar la necesidad de la actuación de la Corte Penal Internacional. Sin el respaldo de muchos países amigos del pueblo venezolano esto no sería posible.
Los valientes defensores de los derechos humanos de los venezolanos, las víctimas y sus familiares están dispuestos a colaborar para que en el país haya justicia. Se exponen, se sacrifican, por el beneficio de toda la sociedad. Por eso, hay que apoyarlos y aplaudir su determinación. No hay que dejarlos solos. Se avecinan tiempos difíciles, eso lo sabemos. El amedrentamiento arreciará. Pero como dice la famosa frase que se atribuye al Quijote: «Sancho, dejad que los perros ladren, es señal de que vamos avanzando».