Walt Disney World suspendió a 45 trabajadores venezolanos que contaban con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos permitiera al gobierno de Donald Trump revocar esta protección migratoria el pasado 19 de mayo. Los trabajadores afectados, que representan una fracción de los casi 80,000 empleados de Disney World, seguirán recibiendo beneficios durante su licencia.
Por Univisión
La medida de Disney, busca garantizar el cumplimiento de la ley, según un comunicado oficial de la compañía. La decisión, que afecta a unos 350,000 venezolanos en el país, ha generado incertidumbre y temor entre los empleados de Disney, una de las primeras empresas en responder públicamente a este cambio legal.
Aproximadamente dos tercios de los trabajadores ocupan puestos sindicalizados, y el contrato de la Unión Internacional de Trabajadores de Alimentos y Comercio (Local 1625) permite su reinstalación sin pérdida de antigüedad si obtienen autorización de trabajo dentro de un año.
Julee Jerkovich, secretaria-tesorera del Local 1625, calificó la situación como “muy angustiante”, pero señaló que Disney no tuvo alternativa. “Si no actuaban, podrían haber enfrentado redadas de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que habría generado críticas aún mayores”, afirmó. Por su parte, Oscar Tineo, delegado sindical de Unite Here Local 737 y residente legal estadounidense, explicó que los trabajadores fueron notificados verbalmente antes de recibir un correo con detalles. Algunos incluso entregaron sus identificaciones esta semana, marcando el fin de su actividad laboral antes de la licencia de 30 días.
La decisión de la Corte Suprema suspendió una orden previa de un juez federal en San Francisco que mantenía el TPS para venezolanos, el cual habría expirado el mes pasado. Este estatus permite a personas de países considerados inseguros vivir y trabajar legalmente en EE. UU.
La revocación expone a los venezolanos a posibles deportaciones, lo que ha generado preocupación en Disney World, donde entre el 15% y el 20% de los empleados son venezolanos, muchos con procesos de asilo pendientes o solicitudes de otros beneficios migratorios.