Cuando José Ramón Zambrano cruzó el Río Grande con su esposa embarazada para pedir asilo en Estados Unidos, buscaba una nueva vida alejada de la certeza de un encarcelamiento en Venezuela, donde ambos nacieron y su madre es una conocida opositora del gobierno.
En cambio, pasó los primeros seis meses encerrado en un centro de detención de inmigrantes en Texas, separado de su bebé recién nacido.
“Cruzar la frontera en busca de protección no es un crimen”, dijo Zambrano desde un centro de detención cerca de Houston, en el estado de Texas. “Lo hacemos porque estamos en necesidad”.
Zambrano es uno de los cientos de venezolanos que han escapado del régimen socialista de Nicolás Maduro y se han presentado cada vez más en la frontera de México con Estados Unidos en los últimos meses, para toparse con la dura política de inmigración del gobierno de Donald Trump.
A diferencia de las oleadas de migrantes de México y América Central, los venezolanos que arriban a la frontera ponen a la administración de Trump en una situación incómoda.
Muchos de ellos han permanecido detenidos durante períodos prolongados o han sido devueltos a México para esperar en peligrosas poblaciones fronterizas hasta que sus casos de inmigración sean resueltos en Estados Unidos, a pesar de que el gobierno de Trump asevera que apoya a los venezolanos que huyen por las condiciones brutales que enfrentan en su país.
Trump ha liderado una campaña para sacar del poder a Maduro y elogió al líder opositor Juan Guaidó como un “hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, sueños y aspiraciones de todos los venezolanos” en su discurso del Estado de la Unión en el que estuvo como invitado especial. No obstante, algunos críticos consideran que ha hecho muy poco para proteger a los venezolanos de las duras políticas de inmigración implementadas por su administración.
Así, por ejemplo, ha rechazado llamados de demócratas e incluso de aliados republicanos como el senador de la Florida, Marco Rubio, para concederle protecciones humanitarias a los venezolanos que escapan de la crisis política y económica de su país.
“Los venezolanos vienen a Estados Unidos en busca de seguridad, y aunque muchos la encuentran, otros se tropiezan con una pesadilla y con una detención”, expresó Julio Henriquez, un abogado de inmigración venezolano que desde Boston atiende casos de asilos de compatriotas. “Es una narrativa muy diferente que la del apoyo de Trump a las víctimas de Maduro”.
Cerca de 858 venezolanos permanecen detenidos en todo el país debido a que el gobierno del presidente Donald Trump no tiene forma de entregarlos al gobierno de Maduro, al que ha impuesto innumerables sanciones y ya no reconoce. Más de 2.000 han sido devueltos a México, donde esperan sus audiencias de inmigración con funcionarios estadounidenses como parte de la política de Trump.
La cantidad de venezolanos que llegan a Estados Unidos ha aumentado como parte de un éxodo masivo que ha llevado a cerca de cinco millones de personas a huir de la nación petrolera, la mayoría a países latinoamericanos vecinos. Aunque gran parte escapa del caos económico, y no de persecución política, Naciones Unidas ha instado a los países a concederles el estatus de refugiados.
En el último año, el 30% de los 82.807 pedidos de asilos efectuados por personas que llegaron a Estados Unidos correspondieron a venezolanos. Asimismo, los arrestos de venezolanos que ingresaron ilegalmente a través de la frontera con México se incrementaron a 2.202 en el año fiscal 2019, que terminó el 30 de septiembre, por encima de los 62 registrados en los 12 meses anteriores, de acuerdo con la Policía de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE por su nombre en inglés.
Los venezolanos se encuentran también entre los extranjeros que más se quedan en Estados Unidos después de que vencen sus visas.
El tema se ha convertido también en una papa caliente para Guaidó.
Algunos críticos sostienen que el líder opositor, a quien Trump reconoce como el presidente interino de Venezuela, no levanta su voz para no arriesgar el valioso apoyo político que está recibiendo a través de una campaña de más de un año contra Maduro. Destacan que Guaidó evitó referirse públicamente al tema en su reciente visita de una semana a Estados Unidos.
“Su trabajo es velar por los ciudadanos, no hacer favores al Trump”, dijo Edinson Calderón, un activista de Nueva York que lucha por los derechos de los inmigrantes homosexuales y huyó de Venezuela en 2015 tras haber sido torturado por las fuerzas de seguridad que reprimían protestas contra el gobierno.
Al igual que muchos inmigrantes, Calderón apoyó en un principio a Guaidó, con la esperanza de que el joven legislador allanara el camino de su regreso a Venezuela para reunirse con su madre, a la que no ve desde hace cinco años.
Pero ahora se ha convertido en un ferviente crítico suyo y junto a exiliados de Miami ha aparecido en un programa de televisión de la periodista opositora venezolana Patricia Poleo para denunciar lo que considera una negligencia de Guaidó con los detenidos, que en algunos casos han permanecido 18 meses bajo arresto.
Entre los más de 208 casos de detenidos que ha documentado está el de un hombre de 65 años que era propietario de una pizzería y recibió amenazas de muerte por suministrar alimentos y agua a personas que participaban en marchas antigubernamentales. Encontró también a cinco presos que son VIH positivos y se han quejado de no recibir tratamiento médico adecuado.
Al igual que Zambrano, todos ellos tienen órdenes de deportación, pero como los vuelos a Venezuela están prohibidos desde mayo, es improbable que sean repatriados en lo inmediato. Mientras tanto, permanecen detenidos en una especie de limbo legal, sufriendo de frecuentes abusos verbales de los guardias carcelarios.
El sábado, unos 50 exiliados acudieron a un llamado de Poleo y se reunieron en un restaurante de arepas en Doral, una ciudad vecina a Miami, para escribirle cartas a los presos venezolanos. Cada uno sacó al azar de un sombrero los nombres de sus compatriotas detenidos para dedicarles una misiva.
El pequeño equipo de funcionarios que Guaidó tiene en Washington sostiene que está haciendo lo que puede para asistir a los detenidos y frenar su posible deportación sin interferir en lo que consideran son procedimientos de inmigración soberanos de Estados Unidos. Aseguran que, debido a su desempeño, la cantidad de detenidos ha disminuido desde el pico de 1.300 de 2019.
Carlos Vecchio, reconocido por las autoridades estadounidenses como embajador de Venezuela, comenzó este mes una gira de visitas por centros de inmigración de todo el país y ha escuchado por sí mismo las dramáticas historias de compatriotas detenidos que huyeron de su país.
“Al final todos somos perseguidos”, dijo Vecchio, quien también salió de Venezuela escapando de lo que muchos consideraban como acusaciones fabricadas de inducir a la violencia durante las protestas antigubernamentales de 2014. “Todo lo que estamos sufriendo los venezolanos tiene un origen, que es la dictadura de Nicolás Maduro, que ha obligado a millones de venezolanos a salir de nuestro país”, expresó.
Aun así, el panorama para que los venezolanos obtengan algún tipo de protección especial en Estados Unidos no luce prometedor.
A pesar de haber instado a los estadounidenses a que eviten viajar a Venezuela, y de sus frecuentes críticas a la situación de los derechos humanos en esa nación, el gobierno de Trump deportó a 327 venezolanos en 2019, de acuerdo con ICE. Como está vigente una prohibición de vuelos, la mayoría es enviada a través de terceros países. Mientras tanto, el promedio de días de detención ha aumentado de los 56 en 2019, a 82 en la actualidad.
Entre los detenidos con los que Vecchio se reunió en un centro de inmigrantes cercano a Houston, estaba Zambrano. Su madre, Cioly Zambrano, salió al exilio después que el congreso controlado por la oposición la designó jueza de la Corte Suprema de Venezuela.
El 30 de abril de 2018, la policía allanó el hotel de Zambrano en la ciudad de Mérida, donde trabajaba su hijo. En cuestión de segundos, José Ramón corrió hacia el tercer piso y se arrojó desde el techo, mientras le disparaban. Milagrosamente sobrevivió al caer al techo de zinc de un vecino. Esa noche fue trasladado en el baúl de un automóvil que cruzó la frontera hacia Colombia.
En agosto de 2019, con un bebé en camino, el matrimonio ingresó ilegalmente a Estados Unidos y solicitó asilo, pero su pedido fue negado cuando él compareció ante un juez de inmigración, sin abogado y sin entender inglés.
Estuvo detenido seis meses, hasta que obtuvo la libertad condicional esta semana y viajó de inmediato a Orlando para reunirse por primera vez con su bebé de cuatro meses, Matthew.
Para la jueza, la presión de Vecchio funcionó para liberar a su hijo. Su futuro, sin embargo, es incierto: aún tiene orden de deportación y no existen esperanzas de un retorno a Venezuela.
“Nosotros tenemos una deuda moral con el presidente Trump y con toda la familia americana”, manifestó Zambrano, conteniendo sus lágrimas. “Pero también necesitamos que nos ayuden”.