Venezuela no tuvo un año fácil dentro del sistema de Naciones Unidas en 2022 y los pronósticos de denuncias sobre su actuación -y la falta de ella- en derechos humanos se mantienen para 2023. Además arrastra las recomendaciones inconclusas de varias instancias de la ONU, entre ellas las de la Oficina del Alto Comisionado para DDHH con quien mantiene una carta de entendimiento.
El 25 de enero pasado, Venezuela se enfrentó a su tercera revisión del Examen Periódico Universal, un mecanismo de la ONU para revisar a sus Estados miembros. Se le emitieron 328 recomendaciones, hechas por 116 países, sobre temas que van desde la ratificación de protocolos contra la tortura y desapariciones forzadas; lucha contra la trata de migrantes; reformar el sistema de justicia y garantizar su independencia; además del cese de la persecución política, a periodistas y defensores.
También hay recomendaciones dirigidas a aumentar la cobertura en salud, alimentación y llegar a las población más vulnerables, reforzar la Comisión Nacional contra la Tortura o implementar planes efectivos para disminuir la violencia contra la mujer o garantizar la igualdad de género.
El embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, reiteró el discurso de las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro y además denunció que una “minoría de países” intentaron “disfrazar de recomendaciones lo que en realidad son afirmaciones infundadas, injerencistas que nada tienen que ver con mi país (…) Quienes nos agreden de esa manera tiene el temor de la verdad de Venezuela”.
En todo caso, el país tiene un periodo de cuatro años y medio para cumplir esas obligaciones en virtud de los principios de buena fe.
A principios de octubre y tras una votación con amenazas de medidas políticas por parte de Venezuela, se decidió dentro del Consejo de Derechos Humanos que la Misión de Determinación de los Hechos y la Oficina del Alto Comisionado en DDHH, encabezada por el austríaco Volker Turk, continúen sus revisiones e informes sobre el país. Días después el país también perdió su silla dentro del Consejo.
La Misión, compuesta por los expertos Martha Valiñas, Francisco Cox y Patricia Tappatá, tiene como trabajo en 2023 ahondar en sus investigaciones sobre el trabajo de los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, y la cadena de mando involucrada en presuntos crímenes de lesa humanidad.
Otra de las líneas de investigación se refieren a las graves violaciones de derechos humanos cometidos contra población civil, incluyendo pueblos indígenas, dentro del Arco Minero del Orinoco.
El cambio de Alto Comisionado también trae expectativas, aunque expertos consideran que se mantendrá la línea de trabajo impuesta por la expresidenta Michelle Bachelet durante su paso por Ginebra.
Volker Turk tendrá bajo sus manos la cooperación con la administración Maduro, y que incluye capacitación a funcionarios de distintos organismos públicos y judiciales en materia de derechos humanos, al igual que la visita de oficiales de Naciones Unidas a diversos centros de reclusión, donde han logrado conversar con algunos presos políticos.
Ante el nuevo Alto Comisionado se deberá rendir cuentas sobre el cumplimiento de las recomendaciones de su antecesora. Un grupo de ONG contabilizó que entre 2019 y 2021, la Oficina del Alto Comisionado emitió un total de 43 recomendaciones.
El Estado venezolano no dio cumplimiento integral a ninguna de ellas, mostrando en un total de 33 recomendaciones un franco retroceso, especialmente en las referidas a detenciones arbitrarias y separación de poderes.
La Oficina del Alto Comisionado también debe producir nuevos informes sobre el país. Los últimos han continuado las denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos, pero han tomado en cuenta el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en los últimos dos años de gestión de Nicolás Maduro como aspectos negativos que impiden mejorar la protección social a la ciudadanía.
Los mecanismos especiales de la ONU
Uno de los aspectos más ignorados por Venezuela en los últimos años son las recomendaciones y decisiones de diversos mecanismos especiales de Naciones Unidas, como los relatores especiales y los Grupos de Trabajo.
Estos mecanismos son organismos independientes del Consejo de Derechos Humanos, pero que reportan sus actuaciones a esta instancia. El Consejo también los involucra en algunas decisiones, al solicitar que vayan presencialmente a algún país para levantar reportes con los principales involucrados.
En 2019, tras la visita de Bachelet como Alta Comisionada al país, se llegó a un acuerdo con la administración Maduro para que se concretara la visita de al menos tres relatores. El Gobierno manifestó entonces su deseo de que visitarán el país los relatores sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales y sobre el derecho al desarrollo. Solo la primera visitó y entregó un informe en 2021.
Están pendientes las visitas de los relatores especiales contra la tortura, desapariciones forzadas, sobre independencia de magistrados y abogados, sobre libertad de reunión pacífica y asociación, sobre la situación de los defensores de derechos humanos, entre otros.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que ha emitido al menos 10 pronunciamientos desde 2017 sobre situación de presos políticos y su petición expresa de liberación, también ha solicitado visitar el país pero sus peticiones nunca han sido respondidas.