El gobierno de Nicolás Maduro ha incumplido al menos tres puntos clave de los Acuerdos de Barbados, firmados en octubre con sus opositores y con varios países como testigos, de acuerdo con expertos investigadores de la política electoral venezolana.
Delegados del oficialismo y la Plataforma Unitaria de partidos que se le oponen firmaron el 17 de octubre en Barbados una serie de compromisos de corte electoral y político que marcaba una ruta para unas elecciones aceptadas por ambas partes.
Los acuerdos fueron respaldados con la presencia de delegados de alto nivel de Colombia, Estados Unidos, México, Brasil, Países Bajos y Rusia, entre otros.
El antichavismo ha denunciado la violación de parte de los acuerdos una vez convocada la elección por parte del Consejo Nacional Electoral y a medida que avanza el cronograma. Andreas Motzfeldt Kravik, secretario de Estado de Noruega, nación que facilitó el Acuerdo de Barbados, visitó Venezuela a principios de abril y consideró que es «crucial» que se respete lo pactado.
Entretanto, miembros de la comunidad internacional, entre ellos presidentes considerados aliados de Maduro, como Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia, se han sumado al coro de voces que expresan su preocupación sobre el cumplimiento de parte del chavismo de los compromisos de Barbados.
José Vicente Carrasquero, politólogo, advierte que actores y testigos políticos reflejados en los Acuerdos de Barbados comienzan a interpretar el comportamiento del gobierno de Maduro “básicamente como una burla”.
El irrespeto a varios numerales del Acuerdo puede afectar “el grado de legitimidad” de la elección, prevista para el 28 de julio próximo, dijo.
Con el concurso de Carrasquero y de los también expertos en ciencia política y electoral en Venezuela Jesús Castellanos y Leandro Rodríguez Linárez, la Voz de América enumera cuáles son los puntos de la discordia.
1. Respeto a la selección del rival
El primer acuerdo de las partes en Barbados fue reconocer y respetar “el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato de manera libre y conforme a sus mecanismos internos”, según lo establecido en la Constitución nacional y las leyes.
Este punto ha sido “irrespetado gravemente” por el oficialismo al desconocer la primaria opositora de octubre, ganada por la líder del movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado, inhabilitada por la Contraloría para ejercer cargos públicos, valoró Castellanos.
Puntualizó que el oficialismo venezolano “persiguió” jurídica y políticamente a miembros de la comisión que organizó la primaria, ratificó la inhabilitación de Machado, inhabilitó partidos opositores “por medidas del CNE” y “dificultó” postulaciones de la sustituta de la ganadora de la primaria, la académica Corina Yoris.
Las dos tarjetas disponibles para la oposición inscribieron a última hora dos candidatos que no se tenían en cuenta en el lapso de postulaciones: Un Nuevo Tiempo postuló a su fundador y gobernador del Zulia, Manuel Rosales, y la Plataforma Unitaria hizo lo propio con el diplomático Edmundo González Urrutia, que esperar sustituir pronto.
Rodríguez Linárez, por su parte, estimó que el reemplazo de Rosales o González Urrutia, que debe ocurrir antes del 20 de abril si la oposición desea que esos cambios se reflejen en el tarjetón el día de la elección, depende de la voluntad política del chavismo.
Advirtió que las negaciones de las postulaciones de Machado o, en su defecto, de su sustituta por consenso “no tienen explicaciones jurídicas ni políticas”, citando lo dicho en iguales términos por el presidente de Brasil.
“Es grave”, dijo Lula sobre la exclusión de Machado del tarjetón de candidatos.
2. La fecha de la elección y el cronograma apretado
El chavismo y la oposición acordaron en Barbados “proponer” que la elección se celebrara en el segundo semestre del año. Este es un punto que se cumplió en el papel, convocada la elección para finales de julio, pero la fecha no fue pactada por ambos bloques.
Castellanos, por su lado, consideró que planificar el proceso comicial en sólo 4 meses y medio no beneficia que haya “mejores condiciones electorales”. La votación ocurrirá 6 meses antes de la juramentación del presidente que sea elegido el 28 de julio, además.
Antes de la convocatoria, el chavismo promovió conversaciones políticas en la capital venezolana con candidatos, dirigentes políticos y partidos ajenos a la oposición tradicional con la que negoció en Barbados, con el fin de presentar una propuesta de fecha y condiciones electorales al CNE, cuyo resultado bautizó como el Acuerdo de Caracas.
Rodríguez Linárez, por su parte, advirtió que la fecha ha favorecido que no haya “un escenario electoral limpio y transparente” en las distintas fases del cronograma, por lo que consideró que es “factible” que se discuta seriamente la posibilidad de postergarla.
En 2018, las controvertidas elecciones presidenciales se postergaron algunas semanas tras un acuerdo entre el gobierno venezolano y el candidato antichavista Henri Falcón: se movieron de la fecha inicial, el 22 de abril, al 20 de mayo. La oposición tradicional decidió no participar en esas votaciones alegando su convocatoria ilegítima y fraudulenta.
Carrasquero, por su lado, subrayó las denuncias de un “descarado desequilibrio legal a favor del régimen” en las pautas del proceso decididas en el CNE.
3. La actualización del registro de votantes
El chavismo y sus opositores prometieron en Barbados que la actualización del padrón de votantes, conocido en Venezuela como el Registro Electoral, incluyera jornadas especiales de inscripción, campañas de información, continuidad del proceso de cedulación en todo el país (con operativos especiales) y atención especial para jornadas del padrón en el extranjero, “sin más limitaciones que las previstas en la Constitución con la ley”.
La jornada aprobada por el CNE “no garantiza la inscripción y actualización de millones de venezolanos” en los términos planteados, en sólo 1 mes, con retrasos y horarios limitados en la atención al elector en los puntos de actualización de datos, evaluó Castellanos.
Calificó de “extremadamente grave” la vulneración de los derechos de los venezolanos que residen en el extranjero, donde el personal de consulados y embajadas exigen “condiciones por encima de las ya restrictivas de ley”, como tener el pasaporte vigente y contar con una residencia definitiva en al país anfitrión, “en clara violación” de la Constitución.
“También, destacan el tardío inicio de la jornada entre semana y media o dos de retraso (desde el inicio de la jornada extraordinaria), el irrespeto del concepto de días continuos -no prestan servicio sábados y domingos-”, indicó.
La observación internacional, apenas en marcha
Los Acuerdos de Barbados contemplan invitaciones a misiones técnicas de observación electoral de la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter.
Esta semana, comenzaron a llegar a Caracas misiones exploratorias para esa observación de Europa y el Centro Carter. Elvis Amoroso, actual presidente del CNE venezolano y ex diputado del partido de gobierno y ex contralor general del país, advirtió a los observadores que pueden hacer veeduría electoral, pero deben “respetar la normativa venezolana”.
Aún es pronto para evaluar el punto sobre la observación electoral extranjera, advirtió Castellanos. Rodríguez Linárez, por su lado, estimó que esas misiones “no darán un giro muy importante” en comparación con sus actuaciones en elecciones pasadas en Venezuela, matizando que sus actuaciones no tendrán mayor influencia en el «desenlace» de la votación de julio.