Venezuela rechaza informe de la misión internacional sobre DD.HH. por actuar con intencionalidad la política y carecer de información directa y veraz.
Durante una entrevista con la agencia española de noticias Efe, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, condenó el sábado el último informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU), considerando que es un grupo “politizado” que carece de información directa y veraz para acusar al país de cometer crímenes de lesa humanidad.
El referido informe de la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusa a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), respectivamente, de las “violaciones” de los derechos humanos en Venezuela y de llevar a cabo supuestamente “crímenes de lesa humanidad” para reprimir la disidencia política.
Saab dijo que la misión realiza sus informes con datos recabados en redes sociales, medios de comunicación y conversaciones con opositores al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Utiliza fuentes de Twitter, por ejemplo, de redes sociales, o personas que, siendo prófugos de la Justicia venezolana, ellos entrevistan. Eso carece totalmente de legitimidad […] nosotros tenemos cómo, fácilmente, a todos los casos que ellos mencionan, responder con datos para desmentir”, manifestó.
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Además, acusó a los miembros de la misión de derechos humanos de estar políticamente “connotados”, denunciando que funcionan como “voceros” de países y personas que buscan destruir Venezuela.
Esto mientras que, según el funcionario venezolano, el discurso debe tener siempre un carácter ético, diferenciarse y apartarse de toda motivación de carácter político, incluso ideológico, cuando de derechos humanos se trata. Eso porque es un asunto que “nace de los derechos inalienables”, que van más allá de diferencias de ideas, subrayó.
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De igual modo, indicó que la estrategia de usar la misión, a la que no considera una organización seria y dialogante, consiste en manejar “un formato de legalidad para impresionar a un Estado”, después de no haberlo logrado utilizando en el país “la metodología de la guerra, del golpe de Estado, de lo que significaron las guarimbas [protestas violentas]”.
Con todo esto, el fiscal general de Venezuela mostró su respeto por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y su líder chilena, Michelle Bachelet, diciendo que el grupo de determinación de los hechos va “a contracorriente, tiene un lenguaje totalmente diferente y se distancia enormemente de lo que hace la ACNUDH”, que “ha elogiado, ha reseñado de manera positiva la labor que el Ministerio Público [Fiscalía] ha desarrollado en materia de derechos humanos”.
Saab destacó el papel de la oficina permanente de la ACNUDH en el país, recordando que, puede verificar “in situ” los hechos, con visitas a las instituciones que considere, mientras que la misión independiente nunca ha estado en el país, sino que se apoya en información secundaria no verificable.
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En otro momento de sus declaraciones, Saab reiteró su llamamiento para que la ciudadanía grabe cualquier tipo de abuso policial o de autoridad, para que esas pruebas sean puestas a disposición de la Fiscalía para proceder contra quienes cometan actos abusivos o de corrupción, más allá de si se trata de funcionarios de Estado.
En este mismo contexto, explicó que, en lo que va de 2022, se han imputado a 533 funcionarios policiales y militares, y 20 “colaboradores” por este tipo de delitos y otros, de los que 83 ya fueron condenados, “por violar derechos humanos”, un trabajo que no reseña la misión en su informe, “ni siquiera lo menciona a pesar de que son fuentes públicas”, lamentó.