Una frase leída en un tuit resume en muy pocas palabras el caso de Miguel Rodríguez Torres, mayor general del Ejército que se encontraba en la cárcel desde 2018 y fue puesto en libertad la semana pasada: «Casi 300 presos políticos y liberan al carcelero».
Rodríguez Torres fue el jefe de inteligencia del chavismo, primero de la Disip (2002-2005 y 2009-2010) y después del Sebin (2010-2014). También ministro del Interior y Justicia (2013-2014). Con su liberación se corrige un acto de injusticia y se comete en el mismo instante otro de impunidad.
Rodríguez Torres había sido detenido por funcionarios del Sebin ―el organismo que ayudó a crear― el 13 de marzo de 2018 y llevado a los tétricos sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Posteriormente lo trasladaron al anexo militar de la misma DGCIM en Fuerte Tiuna. Pasó 4 años y 10 meses preso hasta la tarde del 21 de enero ―cuando cumplía 59 años― en que se le dio la libertad plena a condición de su destierro.
De ser un hombre del círculo estrecho de Hugo Chávez ―comandó el violento asalto a la residencia presidencial de La Casona en el golpe de 1992―, Rodríguez Torres decidió romper con Maduro y armar su tienda política aparte, pero le fue aplicada la misma medicina que el régimen destina a opositores: arresto y encarcelamiento, por los delitos de espionaje, atentar contra la seguridad nacional, conspiración para el motín, instigación a la rebelión y traición a la patria.
Solo hay que recordar su actuación aquella noche del 3 de febrero de 1992 en que al frente de un batallón de 80 hombres rodeó y disparó contra la residencia presidencial con armas de un alto volumen de fuego para «capturar» al presidente Carlos Andrés Pérez, quien no se hallaba en el lugar pero sí la primera dama, Blanca Rodríguez; dos de sus hijas y dos nietos. Ni eso detuvo el ataque.
Cifras oficiales indican que entre aquella noche y la madrugada hubo 14 muertos en La Casona, la mayoría jóvenes soldados involucrados bajo engaño en el golpe finalmente frustrado.
Durante los casi 5 años que estuvo en la cárcel, Rodríguez Torres fue incomunicado, le negaron asistencia médica, se violaron sus derechos humanos y el debido proceso, sin pruebas que respaldaran las acusaciones y repetidas dilaciones. Por eso es una víctima más de Maduro como los casi 3 centenares de presos políticos que hay en Venezuela.
Al concederse su libertad plena y pactar ―al parecer de manera voluntaria― su destierro, se impide que el exjefe de inteligencia y exministro sea juzgado por su papel en la represión de las protestas que sacudieron Venezuela en 2014, en las que hubo más de 40 muertos, más de 1 millar de heridos y 3 millares de detenidos. Es el acto de impunidad. Uno más.
Ningún ciudadano puede permanecer encarcelado sin un juicio justo y nadie puede escapar a la ley por los graves delitos cometidos, en el ejercicio de su cargo y violando los derechos consagrados en la Constitución.
El caso de Rodríguez Torres ―sobre el que planea esa figura oscura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya ayuda dice el exjefe de inteligencia que “agradecerá eternamente”― también supone una violación de la carta magna, que establece en su artículo 50: «Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas».
¿Será que esa salida era la que convenía a ambas partes para que no haya justicia? Una justicia que acusa al Estado y a su brazo ejecutor. No sale bien librado en este caso el Estado de Derecho, se agujerea todavía más la Constitución y los jueces evidencian que su proceder lo ordena el poder político.
Mientras, decenas de presos políticos permanecen en cárceles militares, sometidos a torturas y malos tratos, sin que se cumpla el compromiso suscrito de trasladarlos a recintos del sistema penitenciario. Su liberación es impostergable.