Hay razones que ponen en evidencia que el Estado venezolano y sus agentes ni quieren ni pueden realizar una investigación seria y sólida sobre los mandos medios y altos, afirmó el profesor de Derecho Penal, Fernando Fernández.
Por Carolina Alcalde – Infobae
El ese entonces abogado defensor, Karim Khan, asiste a una conferencia de prensa en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya el 9 de septiembre de 2013.
Familiares de venezolanos que murieron en medio de circunstancias consideradas címenes de lesa humanidad se dirigieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para ofrecerle detalles de los casos a través de una conferencia de prensa virtual.
A una semana de que se cumpla la fecha tope dada desde la Sala de Cuestiones Preliminares CPI a las partes involucradas para presentar “versiones redactadas públicas” sobre el caso ‘Venezuela I’, los familiares ofrecieron un recuento de las circunstancias en las que perdieron a sus seres queridos.
Esta misma semana, el fiscal venezolano designado por la disuelta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que ya presentaron el documento requerido por la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI donde ofrecen «elementos claves» para promover la «complementaria» que ha demando.
«El Estado venezolano reitera su disposición a entablar el diálogo sustantivo y bilateral», señala en su comunicado.
“Complicidad de la fiscalía”
Uno de los casos más emblemáticos es del Capitán Rafael Acosta, quien murió en 2019 luego de presuntamente haber sido torturado mientras se encontraba bajo custodia del Estado, tras ser acusado por su presunta implicación en un supuesto intento de magnicidio y golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.
Su viuda, Waleska Pérez, narró cómo ocurrieron los acontecimientos y aseguró que cuentan con suficientes elementos para demostrar que el caso “es un crimen de lesa humanidad”.
“A él se le violaron todos sus derechos. Desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y muerte. En Venezuela no se investiga ni van a condenar a los verdaderos culpables de este hecho, principalmente la cadena de mando que son los verdaderos responsables, en Venezuela hay mucha complicidad de la fiscalía”, sostuvo.
“Maduro, tú eres el responsable de la muerte de mi hijo”
Otro caso que conmocionó a los venezolanos fue el de David José Vallenilla, un joven de 22 años que, durante las protestas antigubernamentales de 2017, recibió un disparo a quemarropa por parte de un funcionario de la Guardia Nacional. El hecho fue transmitido en vivo por medios independientes que dieron cobertura a las manifestaciones.
Su padre, David Vallenilla, expuso al fiscal de la CPI que “no ha habido justicia” y contó cómo se intentó “ocultar evidencia” y se impusieron trabas para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.
La Cámara de la CPI revela que desestimó hace tres semanas la solicitud de “control judicial” que hizo el fiscal venezolano Tarek William Saab. Le indica, en cambio, que debe introducir “versiones públicas” de sus peticiones antes del 21 de julio y dio una orden similar a la oficina del Fiscal de la Corte Penal.
“Pretenden que el responsable fue solamente el que disparó y hay una responsabilidad que va más allá, hasta llegar al presidente de la República, Nicolás Maduro, el cual conoció a mi hijo en el Metro de Caracas porque yo fui Metro de él en el Metro de Caracas. Siempre se lo he dicho, Nicolás Maduro, tú eres el responsable de la muerte de mi hijo y a la Corte Penal Internacional te voy a llevar”, expuso.
“Yo particularmente le pido al fiscal Karim Khan, que por favor ayude a nuestra causa, que lamentablemente el informe de la fiscal de salida no se pudo saber”, agregó Vallenilla.
“No sabemos”
Otro de los casos expuestos fue el del concejal opositor Fernando Albán, quien murió en 2018 mientras se encontraba en custodia de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Fue señalado de presuntamente estar involucrado con el atentado contra Maduro en 2018.
Las primeras versiones de las autoridades fueron contradictorias y apuntaban a que Albán se quitó la vida al lanzarse al vacío desde un décimo piso; pero, en mayo de este año, el fiscal Saab reconoció que se trató de un asesinato.
Meudy de Albán, viuda del concejal, insistió en que a su esposo “se le violaron todos sus derechos” y afirma que “el cambio de calificación del delito” no aclara la muerte de Albán, sino que “sólo busca desviar la atención, pretende estar investigando el caso, lavarse la cara ante los organismos internacionales”.
“No sabemos, sólo sabemos que mi esposo falleció, supuestamente se lanzó, lo lanzaron del piso 10 del SEBIN, estaba bajo custodia de la policía política del Estado y nadie nos ha podido dar una respuesta”, manifestó.
“En Venezuela el acceso a la justicia es nulo, por esta razón solicito, en nombre de mi familia, de todas aquellas víctimas y familiares de víctimas que han sido y continúan siendo violados sus derechos en Venezuela, que la CPI dirigida por el fiscal Kharim Khan inicie la investigación del caso Venezuela I y haya la justicia que todos merecen”, pidió la viuda de Albán.
“Arrebatados por pensar diferente”
Elvira y José Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, otro joven que, en medio de una protesta antigubernamental, recibió en el pecho el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por un Guardia Nacional, causándole la muerte, piden que sean “juzgados y condenados” todos aquellos vinculados con la muerte de su hijo.
“Frente a ustedes están unos padres que se enfrentan diariamente a un sistema viciado de justicia en Venezuela, donde favorecen a los victimarios más que a las victimas, protegen a los asesinos desde la cadena de mando, juegan a cansarnos, a agotarnos, no se sensibilizan con cientos de familias que le fueron arrebatados sus seres queridos solamente por pensar diferente, por protestar, por exigir sus derechos”, expresó Elvira Pernalete.
La madre de Pernalete recordó que el fiscal Saab anunció en mayo que 12 Guardias Nacionales han sido imputados por el caso de su hijo, pero manifestó su rechazo.
“Estas imputaciones que hace el Ministerio Público, lejos de ser un avance, lo que constituye es, o bien una burla que pretende engañar al mundo, o el resultado de una negligente investigación”, puntualizó.
De acuerdo a Saab, el Estado venezolano ha recibido un trato “discriminatorio” en el examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en el país.