La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) ha anunciado que permitirá a las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela ser escuchadas hasta el mes de octubre. Esta medida se llevará a cabo a través de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones de la Secretaría, en el proceso de apelación contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I que autorizó la continuación de la investigación de la Fiscalía sobre la situación en Venezuela.
En esta ocasión, se les pedirá a las víctimas que opinen sobre la Decisión del Artículo 18(2), que permite la reanudación de la investigación del Fiscal de la CPI. Tendrán la opción de confirmar, enmendar o revocar dicha decisión en apelación. Solo podrán participar aquellas personas que sean víctimas directas o indirectas, que no hayan participado en la convocatoria anterior y que deseen compartir sus opiniones y preocupaciones sobre el procedimiento de apelación y la investigación de la Fiscalía en Venezuela.
La CPI ha garantizado la confidencialidad de la información proporcionada por las víctimas, la cual cuenta con altos niveles de seguridad. Esta oportunidad ha sido destacada por la ONG Defiende Venezuela, que considera que es una nueva oportunidad para que las víctimas puedan dar testimonio sobre los actos atroces que han sufrido a manos del gobierno de Maduro. Además, esta instancia se presenta como un espacio para que la sociedad civil venezolana se fortalezca y acompañe a las víctimas en su denuncia y lucha contra estos crímenes.
La organización también ha subrayado la importancia de que las ONG continúen promoviendo y defendiendo la justicia y los derechos humanos, y visibilizando ante el mundo cómo el Estado ha convertido la represión, el hostigamiento, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias en una política de Estado.
Defiende Venezuela ha recordado que, de acuerdo con la regla 85 del Procedimiento y Prueba de la CPI, se considera víctima a toda persona que ha sufrido daños como consecuencia de la comisión de un crimen de la competencia de la CPI. También pueden incluirse organizaciones o instituciones que hayan sufrido daños directos en bienes dedicados a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias, la beneficencia, monumentos históricos, hospitales u otros lugares u objetos con fines humanitarios. El daño puede ser físico, mental, emocional, económico, social o haber causado un daño sustancial a los derechos humanos.
La situación en Venezuela I abarca todos los crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI cometidos en el territorio venezolano desde el 12 de febrero de 2014 por autoridades estatales, miembros de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles e individuos progubernamentales (llamados «colectivos»), teniendo en cuenta también el alcance de la remisión presentada por un grupo de Estados Partes el 27 de septiembre de 2018 a la Fiscalía de la CPI.